El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que lidera Guillermo Pereyra, acaba de pactar con la cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) la continuidad de las suspensiones, con fuertes reducciones salariales, por el plazo de tres meses (hasta el 31 de agosto).

El convenio continúa con cláusulas del acuerdo firmado en abril, pero con diferencias más negativas para los trabajadores. Es que los obreros suspendidos percibirán el salario básico, zona y turno, más una vianda de ayuda alimentaria, con la novedad que ahora la totalidad a cobrar no podrá superar los $60.000 de bolsillo. Se trata de un convenio principalmente para las empresas de servicios especiales, ya que en este sector los salarios de los obreros son más elevados como consecuencia de la especialización de las tareas. Para otro sector de la industria petrolera, las suspensiones representan rebajas que superarán el 50% del salario e incluso más. Sucede que los básicos rondan entre los $20.000 a $35.000, y, sin poder realizar las diferencias en el campo o yacimientos, los ingresos de los petroleros quedan por debajo de la línea de la pobreza.

Otro de los aspectos clave del acuerdo es que los trabajadores y las empresas deben volver aportar los porcentajes para la obra social y a la mutual del sindicato, algo que había quedado suspendido en el último convenio firmado en abril. Con el presente acuerdo, Pereyra canjea el salario de los trabajadores para obtener mayores ingresos a la caja del sindicato. Por eso, el dirigente lo resumió señalando que “hay que hacerlo porque si no se derrumba todos los beneficios que tienen los trabajadores. Ya tuvimos la experiencia en los últimos dos meses, donde se cayó la recaudación en 154 millones de pesos”.

Aunque no se conoce la letra chica del acuerdo, Pereyra y las entidades nada dicen sobre las condiciones de bioseguridad para enfrentar al Covid-19. Es que los contagios en los lugares de trabajo han comenzado y las denuncias por falta de medidas de bioseguridad son elocuentes. Después de conocido el caso en Halliburton, los trabajadores denuncian que, por ejemplo, las trafic que los trasladan a los yacimientos van repletas.

Para las patronales ha quedado en el tintero una exigencia central. Que las futuras negociaciones y acuerdos se hagan por cuenca o yacimiento, lo que equivale a imponer la negociación por empresa, atomizando al colectivo obrero.

El acuerdo, que es presentado como un “esfuerzo” de trabajadores y empleadores, constituye en verdad un duro golpe contra los primeros, quienes están soportando los costos de esta crisis. No es el salario de los obreros el que puede soportar el parate, sino las patronales del sector energético, que han acumulado ganancias extraordinarias con tarifas dolarizadas

(soportada por la población, que las pagó con fuertes tarifazos) y una adenda en el convenio colectivo que reforzó la superexplotación de los trabajadores.

En este escenario, el Partido Obrero levanta el siguiente programa: por una cuarentena con el 100% del salario, comités electos por los trabajadores para fijar y controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, apertura de los libros contables de las empresas, reparto de las horas de trabajo y anulación de la adenda flexibilizadora. Todo este planteo inmediato lo asociamos a la necesidad de una reorganización de la industria energética, basada en la nacionalización del sector y bajo el control de los trabajadores.