El gobierno provincial de Omar Gutiérrez anunció una rebaja salarial para el conjunto de los trabajadores del Estado, al confirmar que no pagará el aumento trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -que sería de un 8% para los haberes de abril. El aumento se difiere “hasta tanto las condiciones de emergencia de salud y económicas permitan restablecer las condiciones pactadas oportunamente”, es decir que podría estirarse indefinidamente.

La ministra y vocera del congelamiento salarial, Vanina Merlo, omite la responsabilidad del gobierno en el déficit fiscal y se la adjudica a la situación sanitaria por la pandemia, cuando viene cumpliendo en tiempo y forma el pago de una deuda dolarizada –para lo cual sigue endeudando a la provincia a tasas usurarias. Fue el gobierno provincial, además, del MPN el que firmó el pacto fiscal que hizo caer los recursos de la coparticipación de Nación.

Por otra parte, como ya señalamos en Prensa Obrera, en enero y febrero la producción petrolera creció generando una recaudación superior a lo presupuestado, mientras que en el trimestre los salarios no tuvieron aumento. Ahora que caen los ingresos, utilizan salarios y   jubilaciones como variables de ajuste.

La reacción de ATE al anuncio de postergación del pago de los aumentos salariales es vergonzosa. Recién después de los reclamos generalizados de los distintos sectores de trabajo Carlos Quintriqueo pidió explicaciones al gobernador, pero anticipando la imposibilidad de convocar a alguna acción por “respeto al aislamiento obligatorio”. Esta pasividad contrasta con las movilizaciones que están protagonizando los mineros, los docentes, los desocupados y vastos sectores de salud en toda la provincia.

A los trabajadores de salud, que venimos denunciando la falta de insumos, de recursos humanos y de condiciones laborales adecuadas para enfrentar la pandemia, ahora se suma este ataque al salario. Este congelamiento nos golpea doble porque para el mes de abril –además del aumento salarial- estaba prevista la aplicación de dos ítems del Convenio Colectivo de Trabajo de Salud: la ropa de trabajo y la promoción horizontal.  Este último ítem es un aumento al básico del 4% condicionado por evaluaciones de desempeño positivas, que se debía cobrar por primera vez desde la aplicación del CCT.

Los tercerizados de salud merecemos mención aparte. Con menores salarios, sin respeto a la antigüedad laboral ni los insumos de protección personal, y en muchos casos sin cobertura de ART. Este cuadro de vaciamiento y precarización laboral de la “primera línea de combate” es un límite insalvable a la hora de enfrentar la pandemia.

Frente este ataque, los estatales tenemos que decir basta. Es necesario intervenir para rechazar el congelamiento salarial y reclamar el pago de los aumentos e ítems del CCT, y el pase a planta de los tercerizados. Estas medidas deben formar parte de un programa en defensa de las necesidades de los trabajadores, que parta de interrumpir el pago de la deuda, del control popular de las cuentas fiscales, de la centralización del sistema de salud y aumento del presupuesto, y fije un impuesto extraordinario a las grandes empresas y fortunas. Es decir, un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.