Sindicales

10/7/2020

Neuquén: trabajo precario y en negro en los paraísos turísticos

Las patronales gastronómicas y hoteleras han aprovechado la cuarentena para aplicar toda clase de atropellos sobre sus empleados, sin distinción del tamaño del establecimiento que se trate. Incluso los más pequeños han sido de los más negreros, aprovechando la ausencia de organización sindical. Por supuesto, las patronales han contando con la complicidad de la dirección del sindicato UTHGRA. Ahora, estas empresas lanzan una campaña con el slogan “Juntos salimos adelante. Ser turista en tu ciudad”, cuando a principios de mayo reclamaban el recorte de salarios y de las personas contratadas en el sector público.

Sin embargo, esas patronales han sido abundantemente asistidas con fondos estatales desde la provincia del Neuquén, a través del Banco Provincia y el Iadep (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo). De hecho, según informes oficiales las empresas del sector han recibido el 50% de la ayuda oficial. En los primeros 60 días de cuarentena se han concentrado en cuatro zonas turísticas (San Martín y Junín de los Andes, Villa La Angostura y Pehuenia) unos 600 millones de pesos en créditos supersubsidiados para capital de trabajo, y unos 300 millones para pagos de salarios de unos 350 trabajadores. Sin embargo, estos empleados han visto disminuir sus sueldos y hacer añicos sus contratos de trabajo.

Esta situación es llovido sobre mojado, porque el convenio colectivo del sector, firmado por el burócrata Luis Barrionuevo, es uno de los más flexibilizadores. Las formas contractuales y la libertad de criterios que tienen las patronales para contratar y fijar las jornadas laborales llevan mucho más lejos las facilidades que ya les otorga la muy negrera Ley de Contrato de Trabajo y la Ley Nº 11.544 del año 1929.

Según el “Informe de gestión 2015-2019” del gobierno provincial, el empleo registrado del sector creció un 2,89%, una cifra que contrasta con la apertura y expansión de las empresas (hoteles, bares, restaurantes, centros de esquí, entre otros). Solo en 2019 se construyeron 16.000 metros cuadrados de obras privadas vinculadas al sector turístico, con una inversión de 25,65 millones de dólares en edificios y equipamiento. El mismo informe oficial dice que en los doce meses que van de julio de 2018 a julio de 2019 los pernoctes en la zona crecieron un 30%. En el mismo sentido creció la clientela de la gastronomía. En ese período, turistas gastaron en la provincia unos 14.000 millones de pesos. El contraste entre un gran crecimiento de lugares de trabajo y el reducido crecimiento del empleo se explica por el alto índice de trabajo no registrado y por las diversas formas de fraude laboral que se aplican.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) está impulsando acciones en demanda de una ley que declare en emergencia al sector, que les permita acceder a más beneficios y subsidios. Por ejemplo, reclaman la eliminación de todas las contribuciones patronales, la exención del IVA y de comisiones en tarjetas de crédito, además de tarifas reducidas de servicios y créditos a tasa cero, además por supuesto del ATP que los libera de pagar salarios, porque en muchos casos los empleados solo reciben la ayuda estatal sin que el patrón ponga un peso o rebaje considerablemente la parte que le corresponde.

En esa misma ciudad, el 80% de los negocios gastronómicos alquilan el local, por lo que una gran parte del ahogo financiero deviene de la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres, y no de los sueldos que en su inmensa mayoría no pasan la línea de pobreza. Pero las patronales hacen causa común con los pooles inmobiliarios.

Como una gran parte de las y los trabajadores son jóvenes, madres cabeza de familia, esta situación es aprovechada por los empleadores para implementar una política de extorsión. Como denuncian muchas/os, las/os intiman para que cedan derechos, condiciones laborales y salarios, porque las patronales amenazan con reemplazarlas/os por otras/os debido a la alta desocupación entre la juventud. Entre los 18 y los 24 años los desempleados en San Martín de los Andes sumaban el 20% según estadísticas previas a la cuarentena. Hoy podría ser el doble.

Bajo la amenaza de despido, se obliga al personal de hoteles, confiterías, restaurantes a aceptar la polifuncionalidad o a renunciar a su jornada laboral completa por una media jornada, aunque luego efectivamente trabaje 8 horas o más. Es costumbre en el sector que las/os despedidas/os por reclamar sueldos o derechos no sean tomadas por ninguna otra patronal, pasando a integrar verdaderas listas negras. Esto funciona como un factor de intimidación muy fuerte sobretodo, sobre compañeras mozas o mucamas que son sostén de familia.

Otra modalidad extorsiva en estos días son las indemnizaciones en cuotas a trabajadores de temporada que no serán contratados y el otorgamiento de vacaciones anticipadas del año, ya que las empresas estiman que la temporada de verano será a pleno. Agustín Roca, el presidente de la cámara AGHSMA, manifestó que “en enero y febrero la cordillera va a explotar de turistas”.

En un emprendimiento de gran porte como la concesión del centro de esquí Chapelco, el empresario que está inmerso en un gran negocio inmobiliario para construir una “aldea de montaña”, amenaza con despidos masivos en caso que no habiliten ese emprendimiento y se le extienda la concesión por 30 años más.

Ante esta situación la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ha presentado un proyecto para pedir informes a la Subsecretaría de Trabajo local sobre las inspecciones y controles realizados en las zonas turísticas.

Por su parte, las y los trabajadoras/es, sobre todo la juventud, ha empezado a organizarse. Junto a los reclamos al sindicato para que intervenga, se ha puesto en pie una agrupación de la Coordinadora Sindical Clasista, que lanzó un empadronamiento.

La otra cara de San Martín de los Andes y alrededores, la que la hace funcionar, ha comenzado a organizarse contra el despotismo patronal y la fachada de ciudad feliz que vende el gobierno basándose sólo en la belleza paisajística.
Un camino se ha empezado a andar.