El 29 de junio de 2021, tras el regreso forzado por el gobierno a las clases presenciales, una explosión, producto de una obra que se realizaba en la escuela albergue Nº 144 de Aguada San Roque (Neuquén), mientras se dictaban clases, ocasionó la muerte de una maestra y dos operarios.

Para el gobierno la obra había finalizado (es decir, se habilitó el pago del 100% a la empresa contratada), pero en realidad la misma estaba en curso. Lo cual sólo es posible por la complicidad y la corrupción con la obra pública de parte de funcionarios de distintos organismos estatales, diez de los cuales están imputados en la causa judicial.

El pasado miércoles 21 se realizó una audiencia en dicha causa. En la misma, la fiscal, con el acuerdo de las querellas de las víctimas y la de Aten, solicitaron que el caso se declare como una “causa compleja”. Esto significa que se amplían los plazos de la investigación previa hasta fines de abril del 2023.

Excepto una abogada defensora de los acusados, todos los demás abogados defensores estuvieron también de acuerdo con la medida solicitada por la fiscal. Una coincidencia casi total entre fiscalía, querellas y defensores de los acusados…y la jueza.

Esto suena ya un poco raro

Más raro suena la fundamentación de la fiscalía para pedir la ampliación de los plazos de investigación. La fiscal argumentó, según los medios, que no le alcanzó un año y medio por “razones ajenas al Ministerio Público Fiscal”.

¿Y cuáles son esas “razones ajenas”?. Lo explicó la propia fiscal: “ Demoras y condiciones en que se recibe la información probatoria de diferentes organismos del Estado”. O sea que los funcionarios imputados, que aún conservan sus altos cargos, y el gobierno entregan a cuentagotas la información requerida y encima la entregan en condiciones no normales.

El secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, reafirmó según los medios que “hay documentación con la cual no se cuenta hasta el momento”. ¡Ha pasado un año y medio! y aún el gobierno retacea entregar información en un operativo de impunidad perfectamente planificado, obstaculizando voluntariamente la obtención de justicia.

No hay que olvidar que el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de los cargos contra el coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación. El STJ dijo que “se afectó su derecho a defensa”. El STJ argumentó que “durante la investigación preliminar de la Fiscalía se le tomó declaración testimonial y luego resultó imputado”. Y agregó que el funcionario “fue convocado a declarar sin un abogado presente y sin hacerle conocer sus derechos, mucho tiempo después de iniciada la investigación”. Lo cual constituye un “error” infantil para una fiscalía que tiene sobrada experiencia, y ya ha actuado en casos “complejos”, como el fusilamiento de Carlos Fuentealba, donde los responsables políticos y jefes policiales quedaron fuera de toda condena hasta el día de hoy.

En este contexto resulta cuestionable que la fiscalía, lejos de actuar enérgicamente y producir intimaciones ante la demora oficial, ha encontrado el recurso de estirar los plazos de la investigación previa, cuando tiene la evidencia que es el propio gobierno y los imputados los que se niegan a apurar la entrega de evidencias y documentación.

La madre del borrego, ¿es la fecha electoral?

Para el gobierno que ya otorgó impunidad a la máxima responsable del regreso forzado a la presencialidad, la exministra Storioni, y que actúa a favor de la impunidad de al menos los funcionarios imputados de mayor jerarquía, sería un alto costo político que estos quedaran desafectados (como ya ocurrió con uno de ellos) o con imputaciones menores, si esto ocurriera previamente a la fecha electoral, que precisamente en esta semana se dejó trascender que será adelantada para el mes de abril.

Entonces es muy conveniente para el oficialismo que cualquier veredicto desacusatorio que apunte a una impunidad total o parcial se produzca después de las elecciones. Distintos medios periodísticos, citando a la fiscalía en sus argumentos, dejan expuesto que hay razones para lo dicho anteriormente.

Por ejemplo, un año y medio después del hecho, la fiscalía pide “contar con mayor tiempo para el análisis de los dispositivos electrónicos -computadoras, telefonía celular- tanto institucionales como personales, que están secuestrados. El peritaje ordenado en septiembre, con ampliación el 3 de octubre, requiere de un lapso de tiempo que demandará no menos de tres meses. Estas son las pericias que estamos tramitando y no podemos afirmar que sean las últimas, se deben analizar entre 15 mil a 20 mil audios y 500 gigas de información, hay cajas de expedientes administrativos para analizar y que observan demoras en la entrega de documentación” (Río Negro, 21/12).

Esto, dicho tras un año y medio de investigación, suena a excusa y no a razones en procura de justicia. Porque las razones formales para declarar a la causa como “compleja” (basada en el Código Penal de Neuquén), tanto la fiscal como las querellas lo saben desde el primer día: “Pluralidad de hechos, elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada”. Las tres razones están establecidas hace un año y medio.

Tampoco es un fundamento válido que el personal que debe analizar la parte informática de las evidencias comparta esa tarea con la investigación del otro triple crimen laboral por la explosión de la destilería en Plaza Huincul, que ocurrió hace apenas tres meses. Usan un crimen laboral para justificar la impunidad oficial en otro crimen laboral. Nada de esto apunta a la búsqueda de justicia ni en uno, ni en otro caso.

Lejos de la conducta desmovilizadora de la conducción de los sindicatos involucrados, hay que poner el reclamo de justicia completa en ambos casos como parte del pliego de movilización popular.