La trágica muerte de Matías Kruger, joven de 24 años, mecánico del subte y conocido deportista, está muy lejos de haber sido un accidente. Siendo la quinta de las víctimas por electrocución en cinco años en los talleres de mantenimiento, ha superado todos los requisitos para que la concesión a Metrovías, perteneciente a Benito Roggio, sea anulada.

 

A la responsabilidad de una empresa de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se suma el hecho de que las cinco muertes por accidentes laborales fueron largamente anunciadas. Los delegados del subte y particularmente los de talleres de mantenimiento vienen denunciando desde hace años, con documentación fehaciente, ante los organismos de control y el Gobierno de la Ciudad, las deplorables condiciones de seguridad en ese servicio público. No sólo en las condiciones de los talleres, sino también en el deficiente mantenimiento del material rodante, que provoca permanentes averías que interrumpen el servicio o provocan descarrilamientos e incendios, poniendo en riesgo la integridad física de miles de pasajeros.

 

Los trabajadores han estudiado y reclamado los protocolos de seguridad; en particular, los referidos a alimentación y corte de energía eléctrica en áreas de trabajo donde se ven expuestos, como Matías, a miles de voltios.

 

La negativa de la empresa a implementarlos tiene que ver con su negativa a realizar inversiones en tecnología, cantidad de personal y cambiar los tiempos de trabajo. Las denuncias obreras llevaron a inspecciones de riesgo de trabajo que detectaron innumerables falencias en casi todas las áreas. En la misma semana de esta pérdida intolerable, se realizaban nuevas reuniones donde la empresa continuó negándose a firmar el protocolo y a presentar un plan de reformas imprescindibles para la seguridad laboral ¡doce horas antes de la muerte de Matías! En todos los casos de muerte, la empresa los atribuyó a negligencia de las propias víctimas, llegando a decir que algunas fueron “suicidios”.

 

No termina allí la cadena de responsabilidades criminales. El Gobierno de la Ciudad, a través de Sbase, es el propietario y controlador de la red de subtes y ha hecho oídos sordos a las referidas denuncias gremiales. El gobierno autorizó el último tarifazo del 60% -que llevó el pasaje a 7,5 pesos- contra las objeciones de la Auditoría de la Ciudad, que denunció que los costos presentados están inflados con inversiones que corresponden a Metrovías. 

 

Un robo a los usuarios

 

Benito Roggio es al macrismo lo que Cirigliano fue al kirchnerismo: un intermediario parasitario que lucra con los subsidios y la recaudación sin invertir en material rodante y en sistemas que eviten muertes como las de Matías y masacres como la de Once. Son los mismos intereses capitalistas que el gobierno viene a representar cuando propone, como parte del plan de ajuste, una reforma del sistema de las ART, que va a aumentar exponencialmente la siniestralidad laboral. Léase: la cantidad de trabajadores muertos o mutilados y la irresponsabilidad y desinversión patronal en mantenimiento y seguridad.

 

El diputado Marcelo Ramal, del PO-Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura una iniciativa para que los responsables del Gobierno de la Ciudad comparezcan e informen en el recinto sobre la muerte de Matías.

 

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea:

 

• Control obrero;

 

• Inmediata aprobación e implementación de los protocolos y plan de inversiones en seguridad y mantenimiento. Investigación y castigo de los responsables de los cinco crímenes;

 

• Anulación del gerenciamiento del subte por Metrovías; investigación independiente de sus libros y rendición de cuentas con el patrimonio de los Roggio. Anulación del aumento de pasaje;

 

• Control de los trabajadores sobre las condiciones de seguridad y derecho a la interrupción del servicio si éstas no se cumplen;

 

• No a la reforma de la ley de ART; anulación del sistema de ART.