El exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, un destructor de la educación pública que ahora oficia de alcahuete de Milei, presentó un proyecto de ley para declarar a la educación un servicio estratégico esencial. Sumó la firma en esta iniciativa de Cristian Ritondo (un violento que, en plena sesión del Congreso, insultó a los gritos y con gestos obscenos a diputadas en medio de una controversia).

Esta dupla justifica implementar un régimen carcelario contra el derecho de huelga de la docencia en que, nada menos, “el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad. Este pedido se fundamenta en garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo” (Ámbito Financiero, 4/3). Son los que bajo la presidencia de Macri redujeron el financiamiento de la escuela, provocando que la educación pasara de representar el ya paupérrimo 7,8% del presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1% en 2020. También son parte, junto a los gobiernos peronistas y radicales, del incumplimiento del gasto de 6 puntos del PBI en Educación, que significó un robo aproximado equivalente a 26 mil millones de dólares.

Cuando Finocchiaro finalizó su labor de “ministro preocupado por los derechos infantiles”, el 60% de las y los niños y adolescentes era pobre, con los niveles más altos de la década en los índices de indigencia, según informó entonces el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (“Deudas sociales y desigualdades estructurales en la Argentina 2010-2019”).

El proyecto de Finocchiaro y Ritondo es el calco del que figura en el capítulo educativo de la fallida Ley Ómnibus de Milei, que establece la conformación de guardias mínimas del plantel docente cuando esté convocada una huelga, con un piso de asistencia del 50% a un techo del 70%, conformadas arbitrariamente por los directivos. El recorte del derecho de huelga se lo suman también a los trabajadoras y trabajadores auxiliares, sanciona a los directivos que no lo cumplan y a las/os trabajadores que ejerzan su derecho a huelga les injustifican el día. Esto último fue ya aplicado sin ley por el gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra los paros docentes organizado por la Multicolor a fines del año pasado.

Para intentar doblegar la voluntad de lucha de la docencia, en el artículo 15 del proyecto se instauran campañas de difusión públicas para garantir el cumplimiento de la totalidad de los días del calendario escolar.

Se trata de un proyecto completamente inconstitucional y contrario a la legislación establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de las Naciones Unidas.

La OIT y la esencialidad

La constitución nacional y la legislación internacional (OIT) no establecen a la educación como una actividad esencial que habilite ninguna regulación del derecho de huelga.

Sin embargo, en los fundamentos de este mamarracho de Finocciaro y Ritondo se miente, diciendo que la OIT, un organismo del imperialismo, admite ese mecanismo en la educación “cuando una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población”, refiriéndose a casos de conflictos docentes de larga duración.

Ante el conflicto docente en Neuquén en 2010, con Jorge Sobisch gobernador, responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba, ante la denuncia número 2784, presentada por la Ctera, el comité arbitral de la OIT no sólo exigió al ejecutivo provincial “que confirme que el decreto número 735/10 de la provincia del Neuquén ya no está en vigor (establecía el carácter esencial de la educación)”. Además, el comité estableció que “servicios mínimos son el mantenimiento del suministro de alimentos a los alumnos y limpieza de la institución”, tareas no desenvueltas por la docencia.

Además, la OIT agregó que el “comité observa que el conflicto y la huelga que dieron lugar a la resolución núm. 735/10 objetada por las organizaciones querellantes ha finalizado por medio de un acuerdo alcanzado por las partes en mayo de 2010. El Comité recuerda que se ha visto llamado a examinar en el pasado un caso contra el Gobierno de la Argentina relativo a alegatos sobre limitaciones al ejercicio del derecho de huelga en el sector de la educación en la provincia del Neuquén y que en esa ocasión subrayó que el sector de la educación en general no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término”.

A este ardid también se refiere la exministra menemista de Educación Susana Decibe, pero fundamentada justamente en la implosión de la educación pública que le adjudica a los diversos gobiernos patronales que le siguieron, responsables según ella de generar una debacle que colocó a la educación en estado de emergencia. “Una solución constitucional y republicana dentro de la doctrina de la OIT –reconoce Decibe-, es de obligado cumplimiento para un gobierno constitucional. El punto es que para la OIT la educación no es un servicio esencial, pero puede llegar a serlo en circunstancias extremas”.

Esas circunstancias extremas son responsabilidad de los gobiernos a los cuales Decice acusa nada menos de que “la educación no ha sido esencial para los sucesivos funcionarios que, tanto en el ministerio nacional como en los ministerios provinciales, han ignorado las obligaciones que la Ley Nacional de Educación detalla con claridad: garantizar calidad y equidad educativa en todo el territorio” (Clarín, 4/3).

La responsabilidad del derrumbe de la escuela pública no es de los y las docentes que salieron a la lucha en su defensa, sino de los funcionarios que hoy, como Finocchiaro, pretenden erradicar, junto a Milei y gobernadores provinciales, el derecho a la protesta de los educadores argentinos.

Ctera debe convocar a paros con continuidad hasta derrotar a Milei

Mientras el macrimileísmo presenta este aberrante proyecto de ley, los gobernadores de todos signos avanzan con la “motosierra” en sus jurisdicciones.

En Buenos Aires, amparado en el “ajuste de Milei”, Kicillof cerró la quinta hora en decenas de escuelas bonaerenses. Pullaro en Santa Fe anunció que buscará implementar un presentismo esclavista (como el del gobernador Torres de Chubut). Mientras, el Fonid sigue sin ser girado por el gobierno nacional y toda la docencia del país cobra salarios de pobreza.

Ctera, “bien, gracias”. Mira para otro lado. Luego del nuevo fracaso en la reunión con el gobierno nacional, en la que Milei y el presidente del Consejo Federal de Educación –órgano de representación del conjunto de los ministros de educación de todas las provincias- ofrecieron $310 mil de salario inicial (la mitad de lo necesario para superar la pobreza), la burocracia de Sonia Alesso y Roberto Baradel resolvió como única respuesta una concentración limitada a delegados en el Congreso el jueves 7 de marzo, para presionar a los legisladores. Como el gobierno volverá a recibirlos el 12 de marzo, la burocracia de Ctera dio una tregua de una semana para que Milei siga avanzando.

Para enfrentar al gobierno nacional reaccionario y la motosierra de los gobernadores, necesitamos un plan de lucha en serio, con paros hasta la huelga general, que derrote a Milei.

https://prensaobrera.com/sindicales/el-unico-precio-intervenido-por-el-gobierno-es-el-salario

https://prensaobrera.com/politicas/milei-quiere-que-los-jubilados-por-moratoria-no-ganen-ni-siquiera-la-minima-de-indigencia

https://prensaobrera.com/politicas/por-que-defendemos-a-telam