El viernes 31 de marzo se produjeron nuevos despidos, esta vez en el Ministerio de Hacienda de la Nación. Entre los 170 despidos anunciados están los del Programa Progresar, que incluye a la totalidad de sus trabajadoras/es: 25 en sede central y otros 75 que se desempeñaban en las provincias.

Estos despidos se suman a los más de 33.000 que ya se habían dado en diferentes ministerios y programas y con la misma modalidad, sin aviso y siendo impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo.

El “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” fue creado en 2014 por el gobierno K, en medio de una crisis y devaluación que barría con el poder adquisitivo de los salarios. Cristina Kirchner lo anunció como “un proyecto de vida para los jóvenes que no estudian ni trabajan”. Consistía en un programa de becas de 600 pesos para jóvenes precarizados, trabajadores informales o por debajo del salario mínimo vital y móvil, y tenía como requisito que los padres tampoco percibieran ingresos por encima de 3.600 pesos en ese momento (el monto de restricción de ingresos se amplió a tres salarios mínimos vital y móvil luego de la fallida implementación inicial), quienes debían acreditar su inscripción al sistema educativo como contraparte.

El programa tenía a sus trabajadoras/es precarizados, e incluso con “contratos en trámite” (es decir, “en el aire”), con salarios promedio de entre 6.000 y 10.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica.

La creación del Progresar puso en evidencia que había 1.555.817 jóvenes de entre 18 y 24 años que o bien no estudiaban ni trabajaban o lo hacían bajo condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad y que lejos de ser un problema del “neoliberalismo”, son condiciones emergentes de la miseria ocasionada por la “década ganada”, que el Más y Mejor Trabajo en 2008, la AUH en 2009, y el Progresar en 2014 sólo pretendieron paliar, para contener la protesta social.

Ahora, el gobierno del “cambio” ya anuncio un aumento en el transporte del 100%, y en las tarifas de gas y agua entre 300 y 500%. Este tarifazo tendrá un impacto también en los costos industriales, lo que producirá un incremento de los precios de alimentos, vestimenta y alquileres. Es un “rodrigazo” que deteriorará aún más las condiciones de vida de la clase obrera: según datos de la UCA, la pobreza ya alcanzó el 32,5%.

El macrismo no sólo profundiza la situación de miseria pactando con los fondos buitre e hipotecando de nuevo a la Argentina con nueva toma de deuda, sino que además ataca a estos -de por sí, limitados- paliativos, deshaciéndose del mayor capital que tienen las políticas sociales: sus trabajadores. Es lo mismo que sucede en el Inaes (donde se ha despedido a trabajadores territoriales que realizaban, entre otras cosas, tareas de coordinación del Argentina Trabaja), el Ministerio de Salud, el de Trabajo (de los 26 trabajadores del “Más y Mejor Trabajo”, despidieron a 10) y tantos más.

Como trabajadores sociales, tenemos la tarea de defender nuestros puesto de trabajo y también las conquistas del movimiento piquetero, por eso que necesitamos dar una respuesta de conjunto. Frenemos la ofensiva macrista con asambleas en los distintos organizamos sin distinción gremial.

* No al vaciamiento del Programa Progresar.

* ¡Ningún despido!

* Vamos por un paro nacional  y la ocupación de los edificios hasta conseguir las reincorporaciones.