Se realizó la última audiencia del juicio por desafuero contra Néstor Pitrola. En pocos días habrá sentencia en primera instancia por parte de la jueza interviniente.

La defensa ha probado en sus fojas que la huelga jamás fue ‘conciliada’ por el Ministerio de Trabajo, algo a lo que está obligado por la ley (recurso de crisis-ley de empleo) en caso de desacuerdo sindical con el recurso de crisis. Por lo mismo, no pudo (y no fue) declarada ilegal, sanción que habría sido esencial para impugnar la conducta de la representación sindical de la lucha.

Esta conducta tan particular del Ministerio la dictó Vigil para evitar una prolongación del conflicto más allá del 31 de marzo, fecha elegida y comprometida con la poderosa Donnally para entregar instalaciones libres de los obreros y de su combativa organización. A la sazón, esta línea de edición ‘paralela’ y represión policial directa, basada en la íntima relación de los Vigil con Menem y su gabinete, se les volvió en contra a la hora del juicio por desafuero.

La presunta usurpación de la propiedad quedó pulverizada por las constancias, actos y testigos, que incluyeron diputados nacionales y concejales de la zona que visitaron las instalaciones en apoyo a los ocupantes y atestiguaron en la causa. Gente insospechable de toda relación política con la dirección del conflicto. En cambio, los testigos patronales fueron exclusivamente altos funcionarios de la empresa en relación de dependencia y obvio favoritismo hacia su ‘fuente de trabajo’.

La ocupación de fábrica no pudo ser probada debidamente y hay amplia jurisprudencia en el sentido de que no habiendo daño ni robo de máquinas o materias primas, la ocupación por razones sociales no es usurpación de propiedad.

Así las cosas, la patronal hizo eje en un conjunto de denuncias por presunto secuestro de nuestros propios compañeros, de amenazas, de cortes de rutas federales, agresiones, pintadas prohibidas de paredones y hasta del perro de un carnero … Sin embargo, no declaró un solo testigo de todo esto, ni en esta causa ni en las penales que fueron usadas de soporte jurídico del desafuero. A la hora de la verdad, sólo quedaron los verdugos patronales como testigos.

No hay dudas de que la huelga y la ocupación de planta, aprobadas en asamblea a mano alzada, junto a los cortes de ruta decididos por asambleas populares en Cutral Co, Tartagal, etc., o la ocupación de Fiat en enero, fueron los hechos más democráticos que protagonizaron las masas este año, ejerciendo soberanía sobre sus propios actos, programas y disposiciones políticas y organizativas, en contraposición al despotismo de la gendarmería y la policía que sufrieron todos ellos. Pero además, la ocupación de Atlántida fue la más movilizada, constituyendo piquetes diarios simultáneos en los más extremos puntos de Buenos Aires, en puertas de talleres, fábricas, universidades y manifestaciones populares de todo orden. En resumen, la ocupación más contraria al “autosecuestro” de los huelguistas de que somos acusados.

El video policíaco-patronal aportado como única prueba, probó precisamente que ese día, durante 10 horas, fueron los ocupantes quienes afrontaron el intento de desalojo, y que ante la presencia policial no sólo ningún obrero “escapó”—como lo habría hecho cualquier secuestrado—, sino que más de 20 (con franco familiar) saltaron los muros y alambrados para unirse a sus compañeros y al destino que les tocara en suerte.

El proceso en su conjunto desnudó el alineamiento con Vigil y la Donnally (y ahora el Citi) de todas las instituciones del Estado. Los directores del Ministerio citados por la jueza no pudieron explicar su conducta. Quedó a las claras la estafa del cierre trucho, la producción en paralelo preparando el conflicto, la violencia de la invasión policial al amparo de la cual los gerentes de la empresa desplazaron productos y materias primas el 1º de abril. Está a la vista de quien lo quiera ver que la “inconducta” de un delegado de 16 años de antigüedad en la empresa, con 13 años como delegado, durante tres años secretario adjunto del sindicato, actual congresal del gremio y firmante de una docena de convenios, se redujo al “delito” de defender con sus compañeros los puestos de trabajo, las conquistas y los trece años de organización y lucha contra la burocracia sindical. Se trata, en realidad, de un juicio político a la lucha del movimiento obrero.

Así lo entienden los firmantes de los 109 pronunciamientos de organizaciones sindicales, de derechos humanos y políticas que fueron incorporados al expediente reclamando el cese de la causa, al igual que una decena de pronunciamientos internacionales en igual sentido.