Desde noviembre del año pasado, los 66 empleados del policlínico Gomara de Villa Gobernador Gálvez, gerenciado por el grupo privado MASA, vienen denunciando el vaciamiento de la empresa. Ahora, la situación se ha agravado: desde hace más de 25 días, no se cubren las guardias y no funcionan los servicios médicos.

 

Además, la patronal hace ocho meses que no realiza los aportes jubilatorios ni los de la obra social; debe el bono de fin de año y el salario desde el mes de julio. Además un gran número de trabajadores se encuentra revistando en negro.

 

Pero el problema abarca no solo la situación de los trabajadores, sino que también afecta a los más de 7300 jubilados (y a otros miles de otras obras sociales), a los que PAMI les ha quitado el único centro de salud que tenían en Villa Gobernador Gálvez. Esto obliga a los jubilados a trasladarse a Rosario para ser atendidos, aumentando considerablemente los gastos de viaje.

 

La crisis y el vaciamiento del Hospital Gomara también están generando la saturación y el colapso del Hospital Gamen de Gobernador Gálvez y que ahora debe recibir a todos los pacientes de la ciudad.

 

Con el vaciamiento de la clínica, la ciudad no cuenta con terapia intensiva, maternidad, quirófano, resonador ni tomógrafo.

 

Frente a este brutal vaciamiento, el gobierno provincial y el gobierno municipal le dan la espalda al conflicto actuando como verdaderos cómplices.

 

El sindicato de ATSA (Sanidad) está jugando un papel de rueda auxiliar de la patronal, y no organiza a los trabajadores para pelear por los puestos de trabajo.

 

Frente a esto, los trabajadores se han organizado en un comité de lucha, que ha tomado en sus manos la organización de la lucha y la movilización de los trabajadores del Sanatorio.

 

Nos solidarizamos y apoyamos fuertemente su reclamo. Exigimos que el Estado provincial y el municipal se hagan cargo de forma inmediata de los salarios adeudados.

 

Frente al vaciamiento, los trabajadores del Hospital proponen la expropiación del policlínico por parte del Estado, respetando su antigüedad y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

 

Hay que redoblar las medidas de acción para forzar la intervención de las autoridades oficiales: que  se garantice la continuidad de la fuente laboral y la prestación de los servicios de salud, por el pago de lo adeudado y por la regularización del cobro de haberes.

 

Ante la pasividad criminal de la burocracia de ATSA, hay que preparar una gran marcha al Ministerio de Trabajo, por la defensa del empleo y contra el cierre del hospital.

 

Compañeros del Partido Obrero y del Frente de Izquierda nos hicimos presentes y planteamos la necesidad de que se abran los libros del Hospital a trabajadores, pacientes y la comunidad en general para que los vaciadores den cuenta del destino de los fondos destinados a pagar sueldos y a atender a los jubilados de PAMI.