El vaciamiento financiero se da porque el Hospital aparece en primer lugar endeudado con el Banco Mayo, por lo cual este último confisca los fondos que ingresan para el cobro de intereses y deudas usurarias, impidiendo que el personal cobre sus salarios. Así permanecen impagos los sueldos de enero y febrero más el aguinaldo, amén de los tickets canasta desde julio del 96 y el atraso en los pagos de bonos de consulta por las prestaciones de consultorios externos desde hace 3 meses. La suspensión de tickets ha significado una rebaja salarial. La excusa esgrimida por la Dirección del Hospital, a cargo del doctor Enrique Gutman, es la deuda del PAMI de 6 millones de dólares, pero la mentira tiene patas cortas, porque hace una semana entró un cheque de 1 millón de pesos y los salarios no se abonaron. Por otra parte, la Administración ha sido fraudulenta: es responsable del robo de los aportes previsionales del personal por una suma de más de 50 millones de pesos que el Estado, en forma cómplice, no reclamó.

Frente a la catástrofe institucional debe gestarse la unidad de acción de todos los trabajadores profesionales y no profesionales, para defender la fuente de trabajo, el cobro de los salarios adeudados y la apertura de los libros comerciales bajo control de los trabajadores. Para conocer la real situación financiera y patrimonial de donde surgirán los responsables por el desfalco, cuyo enjuiciamiento habrá que lograr. Es necesario convocar a la asamblea general del Hospital para resolver la ocupación, y el llamado a los socios afectados y a la comunidad contra el cierre, y que el Estado se haga cargo de la institución, garantizando la estabilidad laboral de todos los trabajadores y la defensa de este importante centro de salud e investigación; impedir que se liquiden 400 camas de internación y la residencia médica hospitalaria.