La Directiva de APUBA ha hecho público el acuerdo suscripto entre la federación nacional no docente (FATUN) y el gobierno nacional que consiste en un 35% de incremento en 6 cuotas a terminar de abonarse en marzo del 2022 con el salario de febrero, cuando la estimación anual de inflación relevada por el Banco Central es del 48%.

El acuerdo consiste en cuotas bimestrales que en ningún caso llegarán a cubrir la inflación del período: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022. Para fin del año, el incremento será del 30%, 18 puntos por debajo de la inflación proyectada.

De esta forma, no solo no recuperaremos ni un punto de lo perdido en los últimos años, sino que contrariamente a lo planteado por el ministro Guzmán y el secretario de APUBA Anró de que este año se iba a ganar a la inflación, el gobierno nacional y la burocracia terminan firmando que 2021 volverá a ser un año de fuerte ajuste salarial.

La paritaria también reintroduce una suma fija no remunerativa y no bonificable para los cargos más bajos. Como durante el macrismo, estas sumas pretenden compensar el acuerdo a la baja, aunque están lejos de hacerlo ya que dichos cargos de todas formas quedan por debajo de la llamada línea de pobreza. Además, la disfrazan como “bono de conectividad”, apropiándose de un reclamo genuino, pero excluyendo a gran parte de las compañeras y compañeros que también están afrontando gastos por equipamiento, herramientas de trabajo e internet de sus bolsillos desde hace más de un año para garantizar el funcionamiento de la universidad pública. Y, para peor, la paritaria firmada establece que la suma se abonará hasta diciembre, es decir, que en los últimos dos meses de vigencia del acuerdo las compañeras y compañeros de las categorías iniciales tendrán una reducción salarial.

El anuncio de que el acuerdo se revisará en septiembre en función de la inflación carece de toda seriedad, ya que el año pasado, el gobierno nacional desconoció la cláusula gatillo de la paritaria 2019, que se debía cobrar en marzo, con la total aceptación por parte de las conducciones de APUBA y FATUN, adaptándose, una vez más, a otra rebaja salarial.

Por otra parte, el anuncio de APUBA no menciona la paritaria local que está congelada desde marzo de 2019. Veintiséis meses con el mismo monto, mientras la inflación del período superó el 110%. Como la paritaria local representa una fracción considerable del salario, proporcionalmente mayor para las categorías más bajas, el hecho de que se encuentre congelada tiene como resultado que el aumento salarial final terminará siendo inferior incluso al 35% firmado.

Como venimos denunciando desde la Agrupación Bordó y la Comisión Interna de Sociales, los acuerdos paritarios a la baja se vienen firmando desde el año 2014, llevando a un deterioro del poder de compra de nuestro sueldo del 35% en promedio desde entonces. Ocho años consecutivos de ajuste sobre nuestros salarios. Gobierne quien gobierne, las burocracias de FATUN y APUBA entregan el salario no docentes, que se deprecia año a año, cada vez de forma más acentuada.

Otra constante de estos años que se repite es el rol que juegan los gremios no docentes para quebrar la lucha de los sindicatos docentes combativos que vienen enfrentando el ajuste salarial del gobierno. La AGD UBA y la Conadu Histórica vienen llevando adelante un plan de lucha con paros y distintas acciones desde hace 5 semanas en rechazo a la misma oferta salarial suscripta por la FATUN. La firma apresurada de nuestra federación es un arma del gobierno contra la lucha docente. El servilismo de la burocracia no docente con el gobierno y la patronal universitaria es exactamente el mismo que tuvieron durante los cuatro años de gobierno de Macri, donde a pesar de discursos para la tribuna, fueron y siguen siendo aliados indispensables en el ajuste salarial en las Universidades Nacionales.

La propia federación en su comunicado reconoce que el acuerdo no es satisfactorio, pero lo justifica en nombre de la solidaridad, ¿con las y los trabajadores que supuestamente representan?, no, con el gobierno nacional, que en medio de la segunda ola de coronavirus con mayor cantidad de contagios y con un sistema sanitario al borde del colapso, ya abonó $200 mil millones en vencimientos de deuda en lo que va del año. Esto es, solidaridad con un gobierno que viene llevando un brutal ajuste al gasto público, incluidos los salarios del conjunto de las y los trabajadores estatales, las jubilaciones y los planes sociales, al servicio de los especuladores y el acuerdo con el FMI.

La solidaridad debería ser salir a luchar con las organizaciones de desocupados que salen masivamente a las calles contra la política de hambre y con los trabajadores y trabajadoras de la salud de Neuquén, que en plena nueva ola de coronavirus, bloquearon rutas durante 22 días consiguiendo reabrir la paritaria a la baja aceptada por la burocracia y que el total del aumento se cobre este año, mostrando el camino para enfrentar el ajuste.

Desde la Agrupación Bordó llamamos a rechazar este nuevo acuerdo salarial a la baja, como ya lo hizo la asamblea no docente de Sociales, impulsada por la Comisión Interna, hace diez días frente a la propuesta anterior del gobierno que solo cambió en 2% y que deja a las categorías más bajas por debajo de la línea de pobreza. Reclamamos asamblea general del sindicato para organizarnos junto a las y los docentes universitarixs que están luchando por un verdadero aumento salarial que permita recuperar el salario de las y los trabajadores universitarios.