Hablan activistas marítimos: La lucha contra el “cambio de bandera”

Interesada por la brutal ofensiva del gobierno y de las empresas navieras contra los trabajadores marítimos, Prensa Obrera recurrió a entrevistar a dos activistas del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), Rubén Conti y Carlos Pérez.

PO: ¿Cuál es la situación?

RC: En estos momentos estamos ante la opción de desaparecer o quedar en condiciones nefastas, sin organización sindical, al estilo de los obreros hindúes que no tienen ningún tipo de reconocimiento laboral. Esto es lo que significa el cambio de bandera de los buques: la importación de mano de obra para que "compitamos" entre los marítimos a ver quién cobra menos.

PO: En Astra se desarrolló una movilización....

CP: La empresa nos citó de a uno agarrándose del decreto 1772/91 para ofrecernos las opciones que marcaría el decreto: renuncia y 50% de indemnización, o una licencia sin goce de sueldo ni trabajo garantizado por dos años, y en caso de trabajar aceptar la perdida de las conquistas que marca nuestro convenio porque el buque “cambió de bandera”. Esto es la guillotina o la horca, y nos conminan a contestar en 72 horas. Ante este atropello nos reunimos y resolvimos de conjunto no optar por ninguna de las dos variantes. Reclamamos la participación de los trabajadores en las negociaciones que pretendidamente realizan con el sindicato.

PO: Ustedes son parte de la nueva Comisión Interna...

RC: La OI se formó ante la necesidad de estar representados para discutir con la patronal, teniendo en cuenta que tenemos una dirección gremial que viene de negociar a espaldas nuestras. La opinión unánime de los compañeros es que se tenía que realizar una Asamblea de Base. Y así se hizo, a bordo del buque AstraSol y con la participación de otras tripulaciones, como las del Astra IV y Altrair.

PO: ¿La Asamblea, que decidió?

RC: En el transcurso de la Asamblea fue saliendo a luz el verdadero pensar de los compañeros y se empezaron a definir con claridad los pasos a seguir. Empezamos por concretar un programa con el objetivo de organizar la defensa de nuestros intereses. De esta Asamblea salió una comisión de 8 trabajadores que recibieron mandato expreso de todos los presentes.

PO: ¿Y en otros lugares?

CP: Esta comisión no tiene antecedentes en la Marina Mercante debido a que el estatuto del Somu no contempla la formación de estas comisiones de base. Esta Comisión fue creada con el fin de representar la voluntad de las bases con un mandato expreso: la participación de la comisión en la “negociación” que el sindicato tenga con la empresa.

PO: ¿En qué punto están ahora?

RC: Los compañeros nos pidieron que vayamos al sindicato. Y Fuimos. Al presentarnos ante la “dirección sindical” para ser reconocidos nos encontramos con evasivas y provocaciones. En la puerta de nuestro sindicato nos preparó un matón a sueldo que todos conocemos. Cuando logramos hablar con el secretario general recibimos como respuesta que nada se puede hacer contra lo que pasa en la Marina Mercante y que dejemos en el olvido el tema de la Comisión Interna. Era una posición que buscaba desarmar cualquier organización independiente de los trabajadores.

PO: ¿Qué balance sacás?

RC: En estos momentos cuando vivimos la peor arremetida contra nuestras conquistas por parte de las patronales y el gobierno, se realizan coincidentemente elecciones en nuestro gremio. La dirigencia gremial nos da la espalda cuando lo que hacía falta era escuchar a los de abajo que tenemos muchas cosas que decir.

CP: En este instante acabamos de recibir la noticia de que la empresa intima a los trabajadores a firmar lo que denunciamos al principio, en el término de 48 horas. Por eso hacemos un llamado a los marítimos de todos los sectores sin distinción de empresas para que siguiendo nuestros pasos luchemos de conjunto por una Asamblea General resolutiva de las bases marítimas para frenar esta ofensiva.

RC: Queremos agradecer este espacio ya que no nos han dado mucho lugar en los medios de difusión.

(Corresponsal Retiro)

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“Trabajo a reglamento” en UTA: Fatap sigue cobrando

por Christian Rath

El conflicto de UTA es la culminación de un conjunto de reclamos salariales que han venido siendo planteados a las patronales de las diferentes líneas de colectivos. Los choferes arrastran el congelamiento desde la ‘‘convertibilidad’’, tienen un básico de 3.500.000 australes y un régimen de trabajo que está en el límite de lo humano. Aunque algunas líneas concedieron aumentos, ello no ocurrió con las principales empeñadas en imponer, previamente, nuevos sistemas de trabajo aún más salvajes.

El plan de lucha de UTA consiste en un “trabajo a reglamento” de 48 horas en la larga distancia y 24 en la corta y media —este último a cumplirse por zonas del conurbano en días sucesivos. Estas medidas tan “elaboradas" sólo vieron la luz luego de aceptar el amansadero de una “conciliación obligatoria” y de garantizar al Ministerio de Trabajo un régimen de prestaciones mínimas para “no violar la reglamentación del derecho de huelga”. Como bien lo caracteriza la opinión de un compañero de UTA zona sur, “es una medida desgastante que enfrenta a los choferes con los usuarios, mientras garantiza a las patronales la recaudación”.

El carácter del seudo plan de lucha explica su cumplimiento parcial y el escaso entusiasmo que suscita entre los trabajadores. En realidad, la política de la dirección de UTA (CGT Azopardo) se reduce a ponerle un precio mayor, en términos de salarios (y de normas para la burocracia) a la aceptación de la “flexibilización laboral" que reclaman los empresarios. FATAP hizo pública una propuesta planteando premios por asistencia perfecta, cambio de los “criterios” para permisos médicos, conductor único en larga distancia y aún “prestación de de servicios adicionales a bordo". Un régimen de esclavitud que “importaría —dicen los empresarios— un beneficio económico que se compartirla con el sector laboral”. ¡Qué tal!

Esto sería un golpe mayúsculo a las condiciones de trabajo de los choferes, que se han venido deteriorando con los sucesivos “convenios”. El chofer perdió primero el guarda, luego la jornada reducida, luego la jornada normal y hoy atiende unidades con el doble de pasajeros y sin un descanso elemental.

La conducción de UTA se prepara para aceptar este fraude, y puede ser que apele incluso al “arbitraje" del Ministerio de Trabajo para disimular la retirada.

El único camino para dar vuelta esta situación es impulsar asambleas en las líneas para luchar por un aumento salarial en los básicos que recupere lo perdido en el último año y la defensa irrestricta de las conquistas laborales. Al día de hoy la “vida gremial” en UTA sigue reducida a plenarios “informativos" de delegados cada tanto.

Para la FATAP el problema no es económico. Plata le sobra; se ve en la renovación de unidades, la creación de ramales y la compra de predios para el estacionamiento. El problema es político: quieren ir a fondo en el arrasamiento del salario y las condiciones de trabajo. La respuesta es instalar una lucha firme en cada línea y en toda UTA.

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Último momento: Traición en UTA

En la medianoche del martes 17, la conducción de UTA resolvió el levantamiento del “plan de lucha” aceptando una “conciliación voluntaria" propuesta por el Ministerio de Trabajo, el cual presidirá una nueva negociación que se prolongará por 20 días hábiles y que suspende toda medida de fuerza justo en el período que más interesaba a los empresarios.

Como el gobierno y FATAP actúan de común acuerdo en imponer los contratos temporales y las “cláusulas de productividad” en el régimen de trabajo, la burocracia de UTA ha aceptado en realidad la liquidación del reclamo salarial en aras de discutir “premios” a la esclavización del trabajador del volante. Pero el conflicto no se ha cerrado porque el cepo salarial es insoportable en todas las líneas.

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Acindar: La "paz social impuesta"

La patronal de Acindar y la UOM de Villa Constitución acaban de firmar un acuerdo que se extenderá durante todo 1992. Ambas partes calificaron al mismo como “la extensión del acta-acuerdo” de mayo pasado, que implemento la “flexibilidad laboral" y estableció un régimen de suspensiones rotativas para el personal “excedente”.

La “extensión” del acta fue celebrada como “un acto de madurez empresarial y sindical, que contrastaría con “otros establecimientos industriales (Somisa, La Cantábrica) donde las racionalizaciones son despiadadas y salvajes” (Crónica, 12/11). “Según el acta firmada, las partes se comprometieron a ‘seguir los esfuerzos para tornar competitivo y eficiente el establecimiento”’ (El Norte, 12/11).

En verdad, el nuevo acuerdo es algo más que una “extensión” del anterior. Durante su vigencia permanecerá abierta la lista de retiros voluntarios, para acoger seguramente, a una parte de los llamados suspendidos: los “no reubicables”, que percibirán un subsidio decreciente que parte del 55% del salario hasta llegar a un 30% para el último trimestre del ’92, o el llamado personal transitoriamente "excedente” que también percibirá un subsidio decreciente durante su suspensión, desde el 75 al 50% del salario habitual.

Como dijo un directivo de Acindar, el nuevo "acuerdo" “permitirá que la evolución de los retiros voluntarios se haga más gradual, con un ajuste escalonado” (El Norte, 4/10). El despido de 600 ó 700 trabajadores, en esto consiste el “acuerdo" entre Piccinini y López Aufranc.

Fracaso de la “racionalización concertada”

Durante los últimos meses, Piccinini y su segundón Paulón han realizado una campaña destinada a presentar como “un triunfo” el desenlace de la huelga de Acindar, esto al “haber evitado que la empresa (llevase) a cabo su política autoritaria sacando del medio al sindicato” (boletín de la UOM de Villa, octubre 1991). Si la empresa no pudo sacar del medio al Sindicato logró en su lugar algo todavía más importante, que es imponer su política por medio del sindicato. Como consecuencia del feroz apriete patronal que resultó de esto, numerosos compañeros se vieron obligados a renunciar, incluyendo entre ellos a delegados.

En Acindar, no rige el 40% de aumento salarial homologado para la UOM en abril pasado, de manera que los salarios de las suspensiones fueron financiados por medio de la rebaja de los salarios. Mientras tanto Acindar colocó, en Matanza, en este mismo período una nueva línea de producción a un costo de 32 millones de dólares. La "rentabilidad” de esta “inversión” financiada por medio de la reducción de salarios, está asegurada gracias al “acta-acuerdo” que convierte el personal permanente en una especie de personal contratado.

Todo esto había sido presentado por Piccinini hasta ahora como una respuesta sindical "inteligente" que habría evitado los despidos en masa... Pero ahora Piccinini reconoce que acaba de firmar "una paz social impuesta” (Norte, 12/6) es decir una declaración de guerra contra los trabajadores, esto porque toda "paz” que se “impone” es, naturalmente, una agresión.

La patronal no necesita “sacarse del medio” a Piccinini, pero los trabajadores, tarde o temprano sí tendrán que hacerlo.

Marcelo Peralta

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Duhalde contra los estatales bonaerenses

El ascenso de Duhalde inaugura una nueva etapa de ataques a los estatales bonaerenses. Después de once meses de pagos desdoblados y con los sueldos congelados desde abril en un promedio de dos millones y medio, miembros del nuevo gabinete ya han declarado que será muy difícil discutir salarios por un largo período...“porque el presupuesto de 1992 prevé el congelamiento de la masa salarial hasta fines del año próximo”. Aparte de congelados, los sueldos van a seguir “cafierizados”, es decir que se pagarán en cuotas.

Simultáneamente se ha dispuesto el "desenganche" de los judiciales (congelamiento) y se suspenden los juicios con la provincia por diferencias salariales. Duhalde está apurando la sanción de la “Ley de Reforma del Estado bonaerense", que coloca en “disponibilidad" a 300.000 estatales. El verso es que por esta vía se "modernizaría" el aparato estatal “reconvirtiendo” al personal “sobrante" de los ministerios hacia áreas consideradas prioritarias. Pero la ley prevé que todo aquel empleado que no haya sido “reasignado" después de un año, o confirmado en su tarea quedará cesante. Como Menem, Duhalde quiere detentar la “suma del poder público” vía la “Ley de Reforma" para dictatorialmente poder intervenir, cerrar o privatizar entes públicos y empresas del estado, racionalizando y despidiendo personal. En lo inmediato hay proyectos presentados para cesantear a 30.000 docentes provisionales y suplentes.

Está el problema de que para dibujar ante los banqueros y el FMI un balance sin déficit se pretende o no pagar el aguinaldo o postergar el pago de salarios de diciembre.

Este ataque descomunal contra el salario y la fuente de trabajo es acompañado por toda la burocracia sindical sin excepción, desde la UPCN que saludó el paquetazo y condiciona todo reclamo salarial a una elevación de los puntos en :a coparticipación federal a la provincia, pasando por el Acuerdo de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires (AGEPBA), que salió a cubrirle las espaldas a Duhalde, declarando que “no es la intención del nuevo gobernador despedir gente...”, hasta ATE que pide un “ajuste racional” como los “que se realizan en el primer mundo”, y que “solo secundariamente producen el efecto indeseado del despido”.

El Partido Obrero denuncia el paquetazo y la colaboración de la burocracia sindical, y llama a los trabajadores estatales a discutir un programa en defensa de la estabilidad laboral y exigir el pago en término y completo del aguinaldo y el sueldo de diciembre.

La traición dé la burocracia que ha vaciado completamente los organismos sindicales, replantea la necesidad de gestar un movimiento que —como la Interestatal de enero— se asiente en Asambleas Unificadas por ministerio y dependencia y en la elección de delegados y representantes por la base.

D. R. (La Plata)