Tras la caravana minera a Neuquén de la semana pasada, la empresa Trident SA (que tiene la concesión de la mina de oro y plata de Andacollo) se había comprometido por acta ante la Fiscalía a pagar el 4 de mayo los salarios adeudados de marzo, pero no cumplió. No depositó los sueldos y evidentemente se prepara para transformar en letra muerta aquella acta.

Por ese motivo, los mineros lanzaron una nueva caravana, en vehículos de la empresa, hacia la capital neuquina. Al igual que en la caravana anterior, el gobierno ha instrumentado un despliegue represivo. Gendarmería Nacional bloqueó el avance a la altura de Arroyito, por eso los obreros decidieron cortar ellos la ruta y pernoctar allí en espera de la reunión de los delegados con el gobierno y Fiscalía. Reunión que concluyó casi a medianoche del 6 y que no arrojó ninguna solución, pasando a cuarto intermedio hasta el miércoles, en una reunión que continuaba al cierre de esta edición.

Los gendarmes trataron de impedir que los mineros recibieran el apoyo que le brindaron vecinos de Senillosa (cercana a Arroyito) y la seccional local de Aten, aportando leña y víveres. Por diversas vías, que eludieron el cerco represivo, se asistió a los mineros.

La negociación por la parte obrera está “acompañada” por el intendente de Andacollo y el cura local, es decir, el mismo equipo que, junto a Aoma (sindicato minero), entregó la lucha en el 2015.

Al despliegue de gendarmes contra los mineros, hay que añadir el operativo policial montado el miércoles en la capital contra los compañeros de las organizaciones sociales que reclamaban ante el municipio. Todo esto en vísperas de la presencia de diversas organizaciones el viernes ante Casa de Gobierno y la movilización convocada por la oposición de Aten para el próximo lunes.