Dos millones de adultos mayores entre 55 y 64 años no podrán jubilarse por no poder totalizar 30 años de aportes cuando alcancen la edad del retiro. Ante tamaño desastre, trascendió que el gobierno evalúa una nueva moratoria jubilatoria.

Como consecuencia de los despidos masivos y del crecimiento exponencial de la precarización laboral, y la caducidad de los regímenes de moratoria, esta gravísima situación afecta a 917.812 varones entre 60 y 64 años y 1.111.101 mujeres entre 55 y 59 años. Ya en 2021 se verificó una reducción de casi 200.000 beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) comparado con 2020.

Un informe de junio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muestra la situación del sistema previsional a febrero 2021 con el siguiente detalle: beneficiarios del sistema previsional jubilados y pensionados contributivos 6.154.881, de los cuales 5.567.698 son del SIPA y 587.193 pertenecen a otros regímenes. Un dato muy significativo es que el 43,6% obtuvo el beneficio por moratoria. Entre los beneficiarios de pensiones no contributivas (1.647.008) las que más crecieron fueron las PUAM (193.261), con haberes del 80% de la jubilación mínima.

Otro dato importante es que solo el 25% de la población total realiza aportes a la seguridad social por su actividad laboral. El sistema previsional alcanza al 13,5% de la población y las pensiones no contributivas al 3,6%. El total de aportantes (trabajadores) al sistema es de 11.692.927, de los cuales 9.058.041 son en relación de dependencia.

También corresponde decir que con los impuestos que gravan el consumo como el IVA (parte del cual ingresa a Anses), aun la masa de trabajadores absolutamente precarizada realiza de este modo indirecto su aporte al sistema.

¿Moratoria?

El dramático hecho que dos millones de adultos mayores no podrían obtener su jubilación plantea un virtual derrumbe del sistema. Ante este panorama, versiones periodísticas informan que el gobierno está analizando un proyecto de nueva moratoria y que la PUAM quedaría para quienes nunca realizaron aportes.

La necesidad urgente de una moratoria sin restricciones, como lo venimos reclamando desde el Plenario de Trabajadores Jubilados, salta a la vista. El derecho a una jubilación como salario diferido fue una conquista histórica del movimiento obrero y nunca una dádiva del Estado patronal. La burocracia sindical que regentea las centrales obreras entregó también esta conquista.

Junto con la moratoria que garantice la jubilación de las y los trabajadores, también está planteado como una imperiosa necesidad la elevación del haber mínimo hasta cubrir el costo de la Canasta Básica del Adulto Mayor, hoy en el orden de $80.000, y la vigencia plena del 82% móvil sobre el mejor salario del trabajador en actividad.

Sustentabilidad del sistema

Con el sanbenito de “promover inversiones” y/o el “blanqueo de relaciones laborales”, los gobiernos de turno, en particular desde Menem en adelante, sancionaron enormes rebajas en los aportes patronales al sistema previsional. Su cuantía es difícil estimar, pero que seguramente es inmensa si se puede establecer cuanto significa cada punto de aporte patronal al sistema. Lo concreto es que tales “inversiones” nunca se realizaron y en materia de empleo lo único que creció fue la informalidad y el trabajo en negro.

La restitución de los aportes patronales se impone, junto al blanqueo efectivo del trabajo informal, como condiciones para la “sustentabilidad” del sistema. Ello, de la mano de la utilización del FGS en beneficio de las y los jubilados, y no para financiar al Estado y empresas capitalistas. Para eso Anses debe ser dirigida por sus beneficiarios y trabajadores.

Por supuesto esto colisiona con la entregada del gobierno al FMI, donde las y los jubilados seremos víctimas especiales de los ajustes que este pacto colonial plantea.