Sindicales

15/8/2020

Nuevo decreto antijubilatorio: 7,5% es menos de lo que correspondía por la movilidad

El gobierno de Alberto Fernández vuelve a postergar la movilidad jubilatoria a través de un DNU.

El gobierno emitió un nuevo decreto de necesidad y urgencia para fijar un aumento del 7,5% para las jubilaciones.

Cafiero y el conjunto del gobierno dicen que los jubilados le han ganado a la inflación la realidad es muy otra. Dan 7,5% para septiembre cuando por la movilidad suspendida hubiera correspondido 10,5%. Y tampoco han establecido los recursos para recuperar el 20% que se perdió desde el 2017 al 2019 (con la movilidad macrista).

Lo grave es que cuando esa movilidad impuesta con la brutal represión de diciembre de 2017 y votada por el kirchnerismo podía recomponer un poco las jubilaciones porque estaba relacionada con la inflación, el gobierno del Frente de Todos la viene suspendiendo desde que asumieron.

EL 7,5% no le gana a nada. Veamos:

*Lleva la mínima de $ 16.642 a $18.128 lo que significan $42 por día, las Pensiones no Contributivas a $12.689 y la Puam a $14.503. La máxima pasa de $113.479 a $121.990.

Esto es una total desprotección a los adultos mayores, siendo aún más grave porque son los más vulnerables en medio de la crisis de la pandemia.

* Los haberes, sean la mínima o la máxima, no tienen ninguna relación con lo que surgiría si se calculara sobre el 82% del sueldo equivalente a la actividad, y si fuera móvil. Se sigue perdiendo mes a mes, año a año respecto a los sueldos en actividad.

*La mínima no contempla el valor de la canasta básica jubilatoria valuada en unos $ 46.000 actualmente. Tampoco han resuelto otorgar $30.000 de emergencia imprescindibles para que los jubilados puedan protegerse en la pandemia ya que según cifras oficiales son entre 4 y 6 millones los que reciben la mínima. Esta miseria obliga a los mayores a salir a hacer colas para cobrar y colas para recibir alimentos en las ollas populares.

* Presentan que se le ganó a la inflación tomando los pasados tres meses. No tiene en cuenta que la movilidad anterior lo hacía sobre los anteriores seis meses. Se vienen comiendo los índices de inflación que no pagaron debido a que en el ajuste de marzo (mayor para la mínima por el bono de 3.000 pesos), y en el de junio de 6,12% tienen en cuenta los últimos tres meses.

La inflación de julio a diciembre 2019 no se pagó y se viene manteniendo esa deuda. ¡Fernández, Cafiero y Raverta la pasaron a ejercicio vencido!

En la Comisión Bicameral del Congreso, el diputado Cacace de San Luis informó que se perdieron entre 541 pesos los de la mínima y 14.999 los de la máxima desde la suspensión de la movilidad.

La “necesidad y urgencia” del gobierno no es para solucionar la miseria de los jubilados, es que acaba de hacer un acuerdo colonial con los acreedores internacionales y necesita aplastar las jubilaciones para cumplir con los pagos de la deuda externa y seguir con el subsidio a las patronales.

La “necesidad y urgencia” de Fernández, Cafiero y Raverta es la de evitar un verdadero aumento en los haberes jubilatorios y seguir otorgando un porcentaje menor de los que correspondería si rigiera la ya de por si limitada movilidad del 2017 que se calculaba con un índice del 70% de inflación y 30% de variación salarial.

Autoconvocatoria de organizaciones de jubilados para salir a luchar

El Plenario Nacional de Organizaciones de Jubilados del 25 de agosto tomará esta situación y resolverá medidas de acción en defensa de la movilidad y del pago de lo adeudado, la actualización del valor de la Canasta Básica Jubilatoria en unos $46.000, el 82% móvil, la restitución de los aportes patronales y el pago de los bonos emitidos, el control de jubilados y activos de las cajas y de las obras sociales entre otros puntos.

Participarán, entre otras, las organizaciones que encabezan las luchas por la defensa de las cajas en Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y los que pelean por el 82 % en Chaco.

Se organizará la Audiencia Pública en el Congreso convocada por Romina Del Plá para el 4 de septiembre donde deliberarán trabajadores jubilados y trabajadores activos que tienen absolutamente cuestionada la posibilidad de jubilarse tanto sea por el vaciamiento de la cajas como por el avance del trabajo precario.

Se plantea también resolver medidas nacionales presenciales para septiembre donde estén dadas las condiciones, entre las cuáles estará la jornada resuelta por el Plenario del Sindicalismo Combativo.