En la última semana hubo una nueva oleada de despidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con los despidos en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), ya son 600 los trabajadores de este ministerio dejados en la calle.

La situación será aún más grave cuando las autoridades del PRO anuncien los anticipados despidos de los compañeros contratados de planta transitoria y Artículo 9. La gran mayoría de los trabajadores tenemos contratos precarios, un legado de la gestión K del ex ministro Julio Alak y el ex secretario de la cartera, Julián Álvarez, que son la base sobre la que se asienta el macrismo para armar los despidos que estamos sufriendo ahora.

La mayoría de los despidos consumados hasta el momento son de trabajadores contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), una truchada armada para tercerizar el vínculo laboral con los empleados.

Con el argumento falaz de los “ñoquis” (muchos de los cuales se perpetuarán en la nueva gestión) están destruyendo puestos de trabajo reales. En muchos casos desmantelando áreas enteras, como sucede con los programas vinculados a los juicios de lesa humanidad del Ministerio.

Si bajo la gestión kirchnerista que ascendió a Milani como jefe del Ejército, la tarea de dichos programas encontró límites objetivos, el discurso macrista, más cercano a la repudiable editorial de “La Nación” exigiendo el fin de los juicios a los genocidas y los despidos porque “sobra gente” en el ministerio, sólo puede suponer una profundización de una política de impunidad por parte del Ejecutivo en esta materia.

Para frenar los despidos es necesario reorientar la lucha

La lucha contra los despidos en el Ministerio choca con el accionar tanto de UPCN como de ATE. La política de UPCN han sido las negociaciones a puertas cerradas y la desmovilización de los trabajadores. ATE ha jugado a la dilatación del conflicto apostando también a una mesa de negociación: a un mes y medio de los primeros despidos, consiguieron menos de 40 reincorporaciones, mientras la gestión avanzó con 100 despidos más.

La Junta Interna de ATE (Verde) renunció a organizar a los trabajadores: no convocaron a ninguna asamblea, refugiándose en reuniones cerradas. Frente a esta parálisis, ATE Capital (vinculada con el kirchnerismo) convocó a numerosas asambleas, pero se negó a impulsar un plan de lucha contundente, lo que desmoralizó y alejó de la lucha a muchos compañeros y trabajadores despedidos.

El paro del 24 marca el camino

A pesar de esta orientación, el paro del 24 encontró a casi 1.000 compañeros del Ministerio de Justicia en la calle (aunque divididos por la interna faccional de ATE). Esta movilización tiene que ser el punto de partida de un plan de lucha con paros, piquetes y ocupaciones. Así se logró revertir una importante cantidad de despidos en el Inadi, donde está planteado retomar la lucha por la reincorporación del resto.

Necesitamos urgentes asambleas generales por edificio sin distinción de afiliación que organicen el paro, la permanencia y la movilización. Con la iniciativa de los trabajadores podemos superar la parálisis de las burocracias.