El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reveló públicamente un acuerdo secreto que hasta entonces mantenían bajo siete llaves el gobierno y la burocracia sindical. El acuerdo configura un nuevo ataque al salario.

Según la fórmula acordada, los aportes de cada trabajador aumentarían del 3% al 4% del salario y los del empleador subirían del 6% al 7%. Las contribuciones ascenderían en total del 9% al 11%.

En la actualidad, de ese 9% llegan a las obras sociales entre un 7,2% y un 7,65%. El resto se direcciona al Fondo Solidario de Redistribución y al Sistema Único de Reintegros (SUR), para costear los tratamientos de alta complejidad, que en la práctica funciona como una caja millonaria manejada discrecionalmente por los gobiernos para regimentar y alinear a la burocracia sindical con sus políticas.

El ministro sentenció que “muchas obras sociales no deben existir” y no se privó de acusar a los monotributistas, en línea con los dirigentes de la central obrera, por “desfinanciar” las obras sociales debido a que sus aportes son menores que los trabajadores bajo dependencia. Una provocación. Como veremos más adelante, las verdaderas causas del desfinanciamiento de la salud pública y obras sociales es una orientación estratégica de la burguesía.

Vale aclarar que numerosos trabajadores de las obras sociales son contratados por la burocracia sindical bajo el régimen de monotributo (al igual que en la medicina privada) y son privados, así, de muchos beneficios de convenio. Un claro fraude laboral por relación de trabajo encubierta.

A confesión de partes relevo de pruebas

Según cita el medio Infobae (9/9) un dirigente de la CGT, ofuscado, declaró “Si vos lo querés aplicar realmente no lo tenés que anunciar porque así matás la gallina de los huevos de oro antes de que nazca […] Nosotros tuvimos prudencia en no decir nada hasta que la ocasión fuera propicia, pero viene Ginés y hace esto sin consultar”.

Por “la gallina de los huevos de oro” se refiere a la caja de las obras sociales, que es la caja más abultada bajo control de la burocracia sindical. La prudencia que manifiesta es una autoincriminación: reconoce que es una medida antiobrera, que debe manejarse con el mayor de los sigilos. Es un acuerdo a espaldas y en contra de los trabajadores.

Sin embargo, el acuerdo entre bambalinas debe sortear varios escollos. Para poder implementarse debe pasar por el parlamento, lo que obligará a todas las fuerzas políticas a pronunciarse. Llegado el momento, la intervención de las bancadas obreras del FIT-U estarán al servicio de una denuncia implacable del acuerdo y una batalla por la clarificación del problema de cara a la clase obrera e impulsando la organización de su rechazo en los lugares de trabajo. Abordándolo integralmente, en el marco de una ofensiva brutal contra los trabajadores como hoja de ruta de la “nueva normalidad”.

Control obrero de las obras sociales. Salario mínimo igual a la canasta familiar

La pandemia puso de relieve y profundizó una crisis preexistente en todos los planos. Principalmente en el económico y el sanitario. La salud pública está absolutamente desfinanciada en beneficio del negocio sanitario privado, que además comparten negocios con las direcciones de las obras sociales.

El núcleo del problema es que la insuficiente recaudación de las obras sociales se debe a una política de Estado: los bajos salarios, el alto índice de informalidad, el desempleo, la evasión fiscal, la rebaja de aportes patronales desde la década de los 90 que todos los gobiernos han sostenido e incluso profundizado.

En estos pilares, cuya responsabilidad recae exclusivamente en la burocracia sindical, el Estado y las patronales, se asienta el desfinanciamiento de las obras sociales.

Las suspensiones con recortes salariales, acordadas en el marco de la pandemia por las CGT y la UIA y avaladas por el gobierno, agudizan este cuadro.

En términos generales, los compromisos con el capital financiero y el pago de la deuda condenan al ridículo cualquier esperanza de resolver la crisis sanitaria en beneficio de las mayorías trabajadoras.

Las direcciones sindicales integradas al Estado pretenden suplantar, con un descuento salarial, la lucha por un salario mínimo igual a la canasta familiar -lo que aumentaría automática y sustancialmente los ingresos de las obras sociales.

Por otro lado, es importante señalar que las obras sociales deben estar bajo control de sus afiliados, no de camarillas burocráticas que utilizan los fondos de los trabajadores como caja propia y manejan los centros de salud como las más negreras de las patronales. ¡Que se abran los libros!

La recuperación de las obras sociales, en el marco de la defensa de la salud de los trabajadores, se inscribe en la lucha por la recuperación de las organizaciones obreras, empezando por los sindicatos para ponerlos a disposición de una salida obrera y socialista a la crisis.

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