09/05/2013 | 1267

Obras Sociales S.A.

El kirchnerismo está metiendo la mano en el sistema de las obras sociales y la crisis puede llevarlo mucho más lejos todavía. Para que la sangre no llegue al río, la Presidenta mandó a decir a la CGT-Balcarce que no habrá cambios, como si eso resolviera algo.


Contra las expectativas del colaboracionista Caló, el gobierno de Cristina no sólo no devolvió los 12 mil millones de deuda con las obras sociales que acumuló el ex colaboracionista K Moyano, sino que ahora, esa deuda ascendería a 16 mil millones. Lógicamente, después de que el gobierno intentara quedarse con la caja de la Corte, cómo no sospechar que vengan por las cajas de salud, por las que suman una cifra seis veces mayor y que son administradas por la desprestigiada y dividida burocracia sindical.


En estos días circuló un nuevo proyecto sobre el tema. Luciano Di Césare, mandamás del Pami, propuso la creación de un Seguro Universal de Enfermedades Catastróficas, instrumento por el que se apropiarían de 7 mil millones anuales que hoy integran el Fondo de Redistribución y el ex APE (prestaciones especiales). En ese caso, estos fondos pasarían directamente a la Jefatura de Gabinete.


El caramelo “nacional y popular” de semejante zarpazo es que se crearía una cobertura a toda la población que no la tiene. Así, lo que debería atender el hospital público sería financiado por el aporte de los trabajadores, a través de las obras sociales. Sería una redistribución de la (falta de) salud entre los pobres.


Semejante proyecto “progresista” sería la excusa para no devolver los 16 mil millones que Caló esperaba recuperar, al menos en cuotas, a cambio de aceptar todo tipo de atropellos al movimiento obrero.


El núcleo del problema, sin embargo, es otro. Hasta la propia burocracia de la CGT-Balcarce advierte que se “pondría a las obras sociales al servicio de un grupo de prestadores que elegirá Di Césare”, o sea unas Obras Sociales SA. De eso saben los burócrateas, porque buena parte de las actuales obras sociales son gerenciadoras de los prestadores privados, en desmedro de una capacidad instalada propia en permanente decadencia.


Este esquema es el eje de los negociados del Pami. Los burócratas sindicales denuncian que cada jubilado que se quedó en el sistema de obras sociales cuesta 192 pesos, mientras que en el Pami cuesta 700. De ser cierto, ello es el resultado de la pésima atención de la tercera edad en las obras sociales, por un lado, y del robo de los Lázaro Báez de la salud que operan en el Pami, del otro.


La burocracia sindical tiene una responsabilidad histórica en este latrocinio de la salud obrera. En esta “década ganada” se ha consolidado el despojo de los años menemistas. Justamente, el 10 por ciento de los aportes obreros (y el 15 de los de personal de dirección) han ido a parar a las arcas del Estado, para formar el “fondo de redistribución” que el gobierno jamás reintegró a las obras sociales sindicales. De ese modo, el kirchnerismo se apropió de miles de millones que son propiedad de los trabajadores.


Es una creciente confiscación del salario a favor de un Estado que subsidia a los capitalistas.


Aunque esos fondos fueran a financiar al vaciado hospital público, se trataría de una nueva defección del Estado, para destinar los actuales recursos del presupuesto de salud a los acreedores de la deuda, a las privatizadas y a la patria contratista.


Las obras sociales están cerca de la quiebra, por todo lo anterior y por razones más profundas. El 70 por ciento de los asalariados no cubre ni la mitad de la canasta familiar, por lo que el porcentual de aportes no cubre tampoco la canasta de salud. El 36 por ciento de los trabajadores está en negro, lo cual golpea al corazón del sistema. Además, la estructura interna del salario contiene importes en negro, no remunerativos, extras en negro y hasta fraudes como el monotributo. Ello además del robo de la burocracia sindical, de los prestadores y funcionarios.


Frente a este despojo, planteamos: devolución incondicional de los fondos, derogación de la ley menemista, apertura de los libros de las obras sociales a comisiones obreras electas en asamblea, elección de autoridades revocables de cada institución por el voto directo de los trabajadores.


La recuperación de la salud se asocia a la lucha por la expulsión de la burocracia sindical.

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