La impresión gráfica es una actividad en retroceso, golpeada por la crisis capitalista y condicionada por el avance tecnológico y la digitalización de una parte importante de su producción. Las patronales se imponen sobre el activismo y los trabajadores (salvo en lugares puntuales) apoyados en la ilimitada colaboración de la dirección sindical. La pandemia vino a profundizar este escenario.

La contracara se da donde tiene peso el clasismo. El contundente paro de los trabajadores de Morvillo en defensa del salario expresa una tendencia a la lucha que recorre distintos sectores del movimiento obrero, marca un camino a seguir y la necesidad de una nueva dirección clasista y de lucha en el gremio gráfico.

No hay un dato oficial ni público sobre la cantidad de puestos de trabajo perdidos en los últimos años. Según la directiva sindical, durante los cuatro años del gobierno macrista se perdieron más de 3.500 entre despidos y cierres. Se estima que más de 350 talleres bajaron sus persianas, con un promedio de 11 por mes durante el 2019.

En los últimos años cerraron talleres históricos y grandes plantas impresoras. La cámara empresaria reconoce más de 6.000 despidos. En ambas variantes, la cifra es alarmante. La ofensiva patronal golpeó en todas las ramas del gremio y no discriminó entre empresas grandes, medianas o chicas.

La pasividad de la dirección sindical allanó el camino al ajuste. Su orientación fue mantener aisladas las luchas o apagar -vía senderos administrativos- los conatos de rebelión en la base en los talleres.

No hubo plenario de delegados ni asamblea de gremio para discutir y resolver acciones en defensa de los puestos de trabajo. En cambio, la directiva del sindicato sí convocó a asambleas generales para imponer aportes compulsivos al conjunto de los trabajadores y para modificar el Estatuto en función de disolver organismos e instancias de intervención de la base.

Entre las modificaciones hay una que pinta de cuerpo entero a la dirección sindical: la asamblea general como instancia resolutiva en caso de conflicto fue reemplazada por una “consulta al cuerpo de delegados”.

La contracara de esta política fueron las ocupaciones de AGR-Clarín e Interpack, orientadas por el clasismo, contra el cierre de ambas plantas. Aisladas por la dirección sindical dieron una enorme batalla en base a las decisiones y resoluciones de la asamblea general. Movilizaron al activismo más consciente y combativo del gremio, recogieron la solidaridad amplios sectores del movimiento obrero y los trabajadores, protagonizaron jornadas de lucha con movilizaciones, actos, radio abiertas, festivales. Denunciaron la complicidad del estado. Una escuela de lucha, a pesar de la derrota, que deja invalorables lecciones a los gráficos y al movimiento obrero en general.

Con la cuestión salarial la orientación fue la misma. Se aceptaron, paritaria tras paritaria, los términos impuestos por las cámaras patronales: vigencia, topes, cuotas, sumas fijas, cláusula de absorción. El resultado es una escala salarial que está muy lejos del valor de la canasta familiar y que deja al 90% del gremio con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

El mapa se ve mejor con el celular horizontal

Los plenarios de delegados sin mandato pretenden simular una democracia sindical que no existe para tomar las decisiones del sindicato ni en los lugares de trabajo. La ausencia de consulta y deliberación previa en la base de gremio fue el mecanismo utilizado para imponer paritarios sin mandato que nunca fueron electos por los trabajadores y que virtualmente se limitaron a escuchar y aceptar todas las propuestas del tándem cámara empresaria-gobierno. Verdaderas paritarias “a la carta” de las patronales.

Por otro lado, frente a una menor recaudación -y pese al aporte compulsivo-, un gran perjuicio recayó sobre la obra social. Se apeló –aunque de ninguna manera alcanzó- a la oferta de servicios a otras obras sociales para recaudar parte de lo perdido con los salarios devaluados, los cierres y despidos. La consecuencia fue que se restringió el acceso y se deterioraron las condiciones de atención a los afiliados gráficos, y se agravaron las condiciones de trabajo de sus empleados que ya eran de tipo carcelarias.

La directiva sindical integra la Corriente Federal, está alineada incondicionalmente con el kirchnerismo y hoy es militante del ajuste fondomonetarista que lleva adelante Alberto Fernández. Su política de subordinación a los gobiernos incluye al alfonsinismo (la Federación Gráfica Bonaerense -FGB- puso un ministro de Trabajo), menemismo (Ongaro apoyó la marcha del sí a los indultos), la Alianza (es recordado el abrazo fraternal entre Ongaro y Bullrich retratado en los medios nacionales).

En estas condiciones los gráficos entramos a la pandemia.

Las patronales y el sindicato desconocen la cuarentena

Desde un primer momento de la cuarentena parte de la actividad gráfica quedó exceptuada del aislamiento: “los sectores proveedores y miembros de la cadena de valor de las industrias productoras de bienes esenciales”, según publicó la cámara empresaria haciendo referencia a la industria de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y servicio postales.

Pronto se reveló el plan de las patronales, en línea con toda la burguesía industrial, y comenzaron los aprietes en todos los lugares de trabajo para retomar la producción a como dé lugar aunque, en muchos casos, la actividad no entraba dentro de los rubros “esenciales”.

Muchas empresas se ampararon (y lo siguen haciendo) en las imprecisiones del DNU presidencial. El artículo 6, inciso 9 señala que quedan exceptuados del aislamiento el “personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos”. La referencia es clara para los medios periodísticos. Sin embargo, la rama editorial hizo extensivo el concepto a todo tipo de revista y folletería.

En cuanto al sector ligado al packaging tuvo una línea de continuidad con la industria alimentaria: empresas que imprimen envases o estuches de golosinas argumentaron ser parte de la cadena de valor de bienes esenciales. En el medio se imprimieron también paquetes de cigarrillos. Actividades nada esenciales en el marco de una pandemia que lleva más de 360 mil muertos en el mundo, en su inmensa mayoría pertenecientes a la clase trabajadora.

Un caso particular es el de la empresa Ipesa que anunció el cierre de su planta impresora y que, no obstante, sigue siendo beneficiada en las licitaciones del gobierno para imprimir los cuadernillos escolares, que ella terceriza.

Otra situación para destacar es el estado de las cooperativas. Abandonadas totalmente a su suerte y sin ingresos están en una situación muy precaria. No hay un planteo de la Federación Gráfica para que el estado les garantice un ingreso al menos durante la crisis sanitaria.

Una vez más queda expuesto que la idea de una gestión obrera compitiendo de igual a igual con empresas privadas en el marco del régimen capitalista encuentra rápido limitaciones y las lleva a una creciente autoexplotación. Aprovechando las dificultades que enfrentran las cooperativas, muchas veces las patronales las aprovechan para tercerizar su producción y abaratar costos o incluso, en ocasión de conflicto, buscan desviar allí sus trabajos.

Sin un planteo integral al Estado que incorpore la garantía de los salarios de convenio, que las cooperativas sean proveedoras privilegiadas del Estado con cobertura de ART y obra social, exenciones impositivas, precio preferencial de los servicios, las perspectivas de las gestiones obreras son mas estrechas aún.

Para agravar el cuadro, el gobierno no las incluyó en el programa ATP, del que si fueron beneficiarios desde Techint, al grupo Clarín y la Sociedad Rural: los recursos nacionales son utilizados para subsidiar al capital (sumamos acá al “barril criollo” de las petroleras) y al pago de la fraudulenta deuda. Prioridades que establece el gobierno.

La dirección del sindicato, por su parte, se mantiene en cuarentena desde el día uno. Solo emitió comunicados en línea con la cámara empresaria señalando las actividades exceptuadas del aislamiento. Cada taller quedó librado a su fuerza para enfrentar la ofensiva patronal.

En la etapa previa la directiva tampoco impulsó ninguna iniciativa para garantizar las licencias establecidas en el DNU para los sectores de riesgo o afectados al cuidado de menores ni para garantizar los elementos de protección de bioseguridad.

En plena cuarentena se aventuró un paso más: en un comunicado conjunto con la cámara empresaria ratifica “la responsabilidad social compartida por ambas instituciones en defensa de la salud y la vida de todas y todos”. Ambas organizaciones presentaron un protocolo en común que ninguna patronal respeta.

En lugar de denunciar a las empresas que violan la cuarentena, aprietan a los trabajadores, despiden, cierran y desconocen las condiciones de seguridad e higiene mínimas, la Verde emite un comunicado con las patronales destacando su responsabilidad social. Un encubrimiento que clarifica los intereses que defiende la directiva.

¿Quién paga la crisis?

La burguesía pretende aprovechar la profundización de la crisis que provoca la pandemia y las dificultades organizativas para imponer un nuevo piso de explotación de la clase obrera.

La patronal gráfica no es la excepción. En un audio de una videoconferencia de la cámara empresaria difundido por internet, las patronales discuten como utilizar todos los recursos posibles frente a la cuarentena.

Los debates abordan temas como la imposición de vacaciones adelantadas, reducción de jornada laboral “solicitada” por el personal (suspensiones), recomendaciones de como apretar a los trabajadores de sectores de riesgo y licenciados por cuidado de menores, la ventaja para despedir a los trabajadores en período de prueba.

Es imperdible la explicación detallada de las ventajas del programa ATP, con la insistencia de incorporar a todo el personal de planta (referencia para los fuera de convenio y directores) para recibir el beneficio. El exponente explica que la aplicación del artículo 223 bis en la industria sumado a la ATP redunda en una reducción del 85/90% del costo total de la masa salarial.

El presidente de la Cámara explica que tiene “fluidos y amplios contactos con el sindicato gráfico y otros” y que la FGB estaría dispuesta a aceptar suspensiones al 70%. Pero que la resolución de la cámara empresaria es ir a acuerdos por empresas por la disparidad del nivel productivo: fábricas al 10% de su capacidad productiva, otras al 50% y otras al 100%.

La realidad del gremio muestra que se cumple la voluntad de las patronales de ir a acuerdos por empresas, que la dirección sindical no cuestiona.

El paro de 26 horas de los trabajadores de Morvillo contra el anuncio de un recorte del 30% del salario y ante la falta de fecha de cobro se inscribe en una tendencia que aparece en distintos sectores del movimiento obrero que están enfrentando este ataque patronal y marca un camino.

Para que la crisis no la paguen los trabajadores se impone la lucha por nuevas direcciones sindicales antiburocráticas, clasistas y combativas. Impulsemos el debate en las fábricas sobre la salida a la crisis.

Desde la Lista Naranja Gráfica en la Coordinadora Sindical Clasista planteamos:

· Por un subsidio al parado, que incluya a las gestiones obreras, mientras dure la cuarentena de $30.000. Por un impuesto a las grandes fortunas, la renta, las grandes extensiones de tierra, la vivienda ociosa y la banca.

· En defensa de las paritarias: asambleas de fábrica y plenario de delegados con mandato para discutir nuestros salarios y resolver acciones de conjunto de todos los gráficos.

· No a los despidos, suspensiones y recortes salariales.

· No pago de la deuda, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos naturales para centralizar los recursos económicos nacionales y dirigirlos a satisfacer las demandas del pueblo trabajador.

A continuación presentamos un resumido repaso de algunos talleres que sintetizan el estado de situación del gremio.

Morvillo

La patronal anunció, antes de la cuarentena, el cierre del turno noche “o 62 despidos”. Una lucha firme logró mantener, aunque reducido, el tercer turno.

Cuando se decretó el aislamiento, la empresa lanzó una fuerte ofensiva para golpear a la organización gremial a través de comunicados a los whatsapp personales de los trabajadores. Las provocaciones, basadas en mentiras y deformaciones de las posiciones de la Comisión Interna, se impulsaron aprovechando las dificultades organizativas de los primeros días de la cuarentena, con todos los compañeros en sus casas. La base del ataque fue la amenaza de cierre si no se retomaba inmediatamente la producción.

Estas dificultades organizativas se revirtieron paulatinamente a medida que se fue retomando la actividad y se fue regularizando la actividad sindical en la planta. Se discutieron dotaciones mínimas y día tras día se sigue batallando rigurosamente por las condiciones de seguridad e higiene.

Los primeros días de mayo un proceso de asambleas por sectores realizadas por deudas salariales derivó en una asamblea de todo el turno mañana que tuvo una continuidad en el turno siguiente: en los hechos se convirtió en un paro de 5 horas a partir del cual se reclamó y obtuvo un cronograma de pago.

A la semana siguiente, la patronal anunció su intención de recortar un 30% los salarios. A su vez, volvía a negarse a informar nueva fecha de cobro. Una masiva y combativa asamblea votó un paro, luego de 26 horas, en rechazo del recorte salarial. Como resultado se obtuvo un acta donde se establecía un cronograma de pago, que incluso al momento de escribir este texto, la patronal mejoraba en sus términos.

El triunfo más importante es el refuerzo de los métodos clasistas de lucha: la comprensión de que los métodos asamblearios y la unidad de acción son las mejores herramientas de organización y lucha frente a la ofensiva de la burguesía. Este triunfo refuerza al colectivo obrero para las próximas batallas.

 

Ramón Chozas

El taller Gráfico Ramón Chozas, ubicado en Barracas, forma parte de la larga lista de empresas gráficas que quiebran la cuarentena y atentan contra la salud y el salario de sus trabajadores.

La patronal extendió a sus empleados un permiso para circular totalmente “trucho", ya que el mismo dice que se dedican a la impresión de etiquetas de alcohol, alcohol en gel y alimentos, cuando en realidad se dedican principalmente a la impresión de papelería escolar y comercial.

A la violación del decreto también hay que sumarle la del protocolo de Seguridad e Higiene (que la cámara empresaria firmó junto a la Federación Gráfica Bonaerense). En este punto la empresa incumple con las licencias de los compañeros que pertenecen a los grupos de riesgo, como tampoco garantiza los elementos de seguridad e higiene.

En una muestra de desprecio total hacia los trabajadores, el departamento de Recursos Humanos les “sugiere” a cada uno que lleve su propio barbijo.

No se respeta el distanciamiento entre compañeros en los puestos de trabajo ni en los vestuarios que se encuentran superpoblados debido a no que no convocan sólo a dotaciones mínimas como marca el protocolo.

La directiva del sindicato se limitó a una inspección que, no obstante las violaciones flagrantes, aprobó los métodos de trabajo y condiciones de seguridad e higiene.

Al momento de la redacción de este texto nos enteramos de una caso confirmado de coronavirus en el taller. La patronal aisló a un grupo extremadamente reducido de trabajadores (tres) por 14 días, y otro grupo por 72 horas. En un comunicado adjudica a los trabajadores la responsabilidad de los posibles contagios “por haber tenido contacto estrecho sin protección correspondiente” o porque “no mantuvo la distancia social”. La misma patronal que obligaba a los trabajadores a que se consiguieran sus propios elementos de protección. Ahora reduce al mínimo los costos -con aislamientos mínimos- frente a casos positivos. Una misma línea: priorizar la rentabilidad empresaria.

 

Ipesa

La patronal de Ipesa despidió a la mitad del personal en 2019 y ahora, en plena cuarentena, anunció el cierre de la planta impresora. Sin embargo, sigue licitando para el gobierno nacional. No solo eso, recientemente fue adjudicataria de una tanda de cuadernillos escolares del Ministerio de Educación. Al tener la planta cerrada terceriza el trabajo. Todo esto sucede frente a los ojos del gobierno y la complicidad de una dirección sindical que no mueve un dedo en defensa de los puestos de trabajo. La denuncia en el Ministerio de Trabajo y la conciliación obligatoria no tienen mucho valor si no son acompañadas por acciones que refuercen el reclamo de reapertura y el respeto a la conciliación que la patronal desconoce.

New Press

La empresa New Press, que nunca dejó de imprimir y es beneficiaria del régimen de subsidios de la ATP aplicó suspensiones masivas alegando “razones de fuerza mayor” citando el artículo 221 de la LCT en clara violación al DNU presidencial que prohíbe despidos y suspensiones. Entre los suspendidos se encuentran trabajadores con cobertura gremial, exdelegados y candidatos en las elecciones de gremio postergadas por la pandemia.

Diario Popular

La patronal de Diario Popular arrastra una deuda salarial desde el 2018. Los trabajadores vienen cobrando en cuotas y no les hacen los aportes desde septiembre del año pasado. Les deben el 50% del salario del mes de mayo (solo cobraron la ATP). En algunos casos la deuda es mayor porque un sector cobró solo el 25% del salario.

Se vienen realizando asambleas en donde la indignación toma cada vez mas fuerza. La última asamblea resolvió mantenerse en sesión hasta el cobro de la deuda del mes. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores retomaron tareas. La patronal no desembolsó ni un centavo. Solo puso fecha de cobro probable para la siguiente semana.

Los trabajadores realizaron una denuncia pública por las redes. Allí se implica a la patronal pero también al Ministerio de Trabajo que no ofrece ninguna respuesta ni abre un canal de negociación. En la denuncia interpelan al poder político, tanto a Kicillof como a Fernández, que permiten que todo esto suceda delante de sus narices y utilizando fondos del Estado. Hay que destacar que, además de contar con la pauta publicitaria, la empresa fue beneficiada por el programa de subsidios ATP y la postergación del pago o reducción de las cargas sociales.

La actividad de los diarios fue exceptuada, desde un primer momento, del aislamiento preventivo y obligatorio. La patronal nunca garantizó los elementos de seguridad e higiene necesarios. Además, implementó un mecanismo de suspensiones. El diario es se ubica tercero entre los mas vendidos y es parte de un holding más amplio vinculado a la actividad periodística/comunicacional.

Al momento de redactar este informe y frente a la posibilidad de que la asamblea programada al finalizar la conciliación resolviera acciones de lucha, la patronal ofreció un cronograma de pago.

Aluex

Luego de un conflicto relacionado con la seguridad por el fallecimiento del supervisor del sector eléctrico, producto de una descarga proveniente del tablero principal, que derivó en un paro de una semana, en el taller Aluex se retomaron las tareas en medio de la pandemia por el Covid-19.

Se realizaron permanentes reclamos acerca de la seguridad e higiene. La patronal no garantizaba los elementos básicos (barbijo. alcohol en gel) ni el distanciamiento social.

Se modificaron los horarios de rotación y se comenzó a trabajar 12 horas rotativas en los turnos mañana y noche, dejando al eventual turno tarde licenciado.

Las primeras quincenas no se presentaron inconvenientes en relación a las liquidaciones, pero en las últimas la empresa pretendió modificar la modalidad de pago de horas extras de los días sábados.

No se respetan todas las licencias y además se intenta flexibilizar para cubrir los puestos de trabajo vacantes debido a las licencias otorgadas.

Recientemente, frente a malas liquidaciones e irregularidades en las rotaciones, los trabajadores realizaron asambleas. La patronal anunció que retomaría el funcionamiento de tres turnos de 8 horas continuos con todo el personal y largó una campaña difamatoria contra el sector de la Interna que defiende el mandato de asamblea (reclamo de liquidación y esquema de rotación). La intención es claramente meter una cuña divisionista en el taller para romper la unidad.

La empresa nunca dejó de funcionar por estar relacionada a la producción de medicamentos. Sin embargo fue incorporando la producción de productos de belleza, como las tinturas. Pese a no parar en ningún momento y mantener el nivel de producción en elevados niveles, fue beneficiada con el programa ATP.

La Lista Naranja denuncia la maniobra divisionista patronal y reclama que se implementen la metodología de dotaciones mínimas para realizar las actividades esenciales. Para el resto de los trabajos es imprescindible que la empresa demuestre fehacientemente que está exceptuada del aislamiento establecido en el DNU. Reclamamos, además, que normalice las malas liquidaciones.

Triñanes

Los compañeros de Triñanes trabajan de manera intercalada semanalmente. La empresa produce todos los días. Hubo un caso positivo de Covid, se presentó el Anmat (un organismo del Ministerio de Salud) e informó de una supuesta desinfección. Ofrecieron algunas charlas. El aislamiento del personal fue reducido. Entre otras arbitrariedades de criterio no se tomó en cuenta el período de incubación del virus (7 días previos a los síntomas) para definir quienes fueron los “contactos estrechos”. Sin embargo no hubo testeos al personal.

Bolsapel

Los trabajadores de Bolsapel fueron convocados a trabajar el lunes siguiente al anuncio de la cuarentena. Realizaron asamblea y decidieron abandonar la planta porque no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad e higiene. No había barbijos, no había control de temperatura, tampoco desinfección. Una vez que la patronal comenzó a cumplir con los reclamos retomaron la actividad.

La empresa ofreció extender el pago de la suma fija pactada con la dirección sindical -en reemplazo de paritarias- hasta fines de año. Les anunció que no va a haber reapertura de paritarias.

Bolsapel produce envases desde los necesarios para productos esenciales (alimentos e higiene) hasta los de golosinas y cigarrillos. Con el argumento de su integración en la cadena de valor de la industria alimenticia nunca dejó de producir la totalidad de los trabajos. A contramano de las recomendaciones sanitarias que recomiendan disminuir la exposición al virus, proliferan las horas extras en la planta.

Al momento de escribir este artículo los trabajadores estaban deliberando ante un probable caso positivo de Covid-19 en la planta, que habría sido ocultado por la patronal.

Pesout

La patronal de Pesout acumula una deuda de aguinaldos y vacaciones de años. Los trabajadores vienen cobrando cuotas semanales a discreción de la patronal. A pesar de aumentar su producción e incumplir sistemáticamente el pago de salarios, aguinaldo, vacaciones y aumentos paritarios la empresa, recibió la ATP.

No garantizan los elementos y las condiciones de seguridad e higiene en cantidad ni calidad. A los trabajadores no se les toma la temperatura ni antes, ni durante ni después de la jornada laboral.