Al ocupar el edificio abandonado ubicado en Flores perteneciente a la ex Clínica Portuguesa, los compañeros pertenecientes a las asambleas populares de la zona se encontraron en su interior con un centro sanitario íntegro, con sala de terapia intensiva equipada, máquinas de rayos X que funcionaban, respiradores artificiales, habitaciones con camas de primera calidad, entre otras cosas.

La mutual, una sociedad de socorros mutuos que estaba a cargo de la clínica, entró en proceso de liquidación en 1997. Sus miembros fueron desapoderados. Hubo tres hipotecas rechazadas por la Justicia por fraudulentas y hoy los únicos acreedores de la clínica son los trabajadores, a los que estafó la sociedad que conducía la empresa. Como ya ha ocurrido en otros casos, bajo la pantalla de un centro representativo de una colectividad, teóricamente sin fines de lucro, funcionó un grupo empresario que armó un gran negocio, se apropió de los recursos del centro de salud y terminó fundiendo la empresa, perjudicando a trabajadores y asociados.

La recuperación de la clínica despertó la adhesión no sólo de los asambleístas sino también de trabajadores y profesionales de la salud. Una prueba de ello fue la concurrencia de 200 trabajadores de esa área en una primera convocatoria con el objeto de delinear un plan de acción. Uno de los proyectos que estaría en discusión, y que sería fogoneado por un sector de las asambleas y el Movimiento de Fábricas Recuperadas, consistiría en montar una suerte de obra social para dar una cobertura médica a los compañeros de las fábricas autogestionadas. Se habla de un plan básico que comprendería visitas médicas a las fábricas.

El proyecto de marras contiene, sin embargo, una gran limitación, y es la falta de fondos. Como sus propios promotores lo confiesan, las posibilidades de cobrar “son bajas”. El pago de salarios sólo podrá efectivizarse “a medida que las fábricas vayan funcionando y se junte plata”. El primero en cobrar sería “el personal de limpieza y de enfermería, quienes probablemente no tengan otro trabajo” (Página/12, 30/9). Está claro que la atención que se puede suministrar en este cuadro es extremadamente precaria. Los arquitectos del proyecto, entonces, “no descartan la posibilidad de que ante necesidades concretas que superen el plan, se derive a los trabajadores a hospitales u obras sociales con las que se pueda establecer contacto” (ídem), lo que puede llevar a una aventura o un fiasco que culmine en una ONG o asociación civil que sirva a un nuevo negocio en el ámbito de la salud.

La integración de la clínica al sistema de salud de la Ciudad debe ser administrada por una gestión independiente, electa y responsable ante las asambleas populares y el colectivo de trabajadores de salud del flamante centro médico. Esta gestión independiente tendrá como función ejecutar el plan de salud que se vote, que será sostenido económicamente (empezando por los sueldos de los trabajadores) con recursos del Gobierno de la Ciudad. Este plan plantea, a su turno, la expropiación efectiva, definitiva e integral de los bienes de la clínica, incluyendo el inmueble y la totalidad de los equipos y la cesión gratuita a los trabajadores para su uso.