-Exclusivo de internet

1. Estamos ingresando en un nuevo escenario, en el que asoman los primeros síntomas de crisis económica e industrial con su secuela de suspensiones, despidos, cierres y vaciamientos.(…) Como contrapartida, ha comenzado a surgir un principio de resistencia por parte de los trabajadores, el cual se expresa en distintas iniciativas de lucha.

2. La política oficial ha consistido en salir al rescate del capital, ofreciendo subsidios y prebendas, aunque las “cajas” donde echar mano están exhaustas y, por lo tanto, el gobierno kirchnerista ya no cuenta con el mismo margen de maniobra que en el pasado. En el Centro Gallego ha otorgado un doble Repro. Las patronales de la carne vienen recibiendo una compensación aún mayor para el pago de una garantía salarial. La línea prevaleciente consiste en el salvataje y rehabilitación del capital en quiebra o, en su defecto, conseguir algún inversor y promover su absorción por algún otro grupo capitalista. Si fracasan estas tentativas o no hay ningún interesado a la vista, se deja correr el cierre, por lo que se deja a los trabajadores en la calle. Esto es lo que viene ocurriendo con la papelera de Azul, la que desde hace tres meses sus trabajadores vienen ocupando el establecimiento sin que haya el menor auxilio estatal. Importa señalar que estos “salvatajes”, en los casos donde han funcionado, están lejos de ser indoloros, ya que han ido de la mano de pérdida de conquistas y puestos de trabajo. En Mecca Castelar, el traspaso de manos de la empresa fue acompañado con despidos masivos y un ataque al convenio y la organización gremial. El arreglo que se está cocinando en el Gallego -el que cuenta con Atsa como directora de orquesta- consiste en el desembarco de prepagas y obras sociales. Una suerte de tercerización del hospital, pero que requiere, previamente, un recorte de servicios y de personal.

3. No está dentro de los planes del gobierno repetir experiencias como la del Hospital Francés y menos aún como Massuh -a la que el kirchnerismo, con Moreno a la cabeza, le soltó finalmente la mano del mismo modo que lo que hizo con Mahle y Paraná Metal, en medio del derrumbe industrial de 2009.

(…) Eso no significa que el gobierno se prive de intervenir activamente, aunque ese intervencionismo está al servicio -junto al rescate de capital- de detener y quebrar la acción independiente de los trabajadores, quienes enfrentan los cierres y vaciamientos.

El arbitraje gubernamental, con infinidad de maniobras en la que se ha combinado el garrote con la zanahoria -la represión con promesas incumplidas- ha servido para dilatar los conflictos en el tiempo y someter a los trabajadores a un desgaste, entonces, de esa forma, se prepara el terreno para su derrota. En esta tarea ha contado con la colaboración de la burocracia sindical.

4. Esa orientación está plasmada claramente en la nueva ley de quiebras, en la que el Estado se corre y apunta a circunscribir todo a un conflicto “entre privados”. Se pretende forzar a los trabajadores a lidiar con la patronal vaciadora y con sus acreedores en el marco del juicio de quiebra, por lo que se los condena a quedar atrapados en una telaraña legal y en las maniobras patronales que este tipo de causas judiciales encierran.

5. A diferencia del período abierto por la bancarrota de 2001, hoy la política de la burguesía es clausurar la política de expropiaciones transitorias con la que, en esas circunstancias, se procuró encausar la presión obrera. Este giro, llega hasta el kirchnerismo -es decir que esta orientación es compartida tanto por el oficialismo como por la oposición patronal.

El veto de Macri a una nueva prórroga de las leyes que declaraban de utilidad pública y sujetas a expropiación a varias decenas de empresas porteñas viene precedido por años de bicicleteo por parte de las gestiones filo-kirchneristas de la Ciudad. Durante sus mandatos, tanto Ibarra como Telerman se negaron a poner la plata necesaria para concretar las expropiaciones. No es casualidad que la oposición al veto de Macri en la Legislatura porteña no haya pasado de un rechazo simbólico.

Por otra parte, el proyecto de expropiación del Bauen sigue, hasta el día de hoy, cajoneado en el Congreso y allí no vale la excusa de que el kirchnerismo es minoría. En territorio bonaerense, Scioli tampoco mueve un dedo y están colgadas de un pincel más de 50 empresas, cuyas expropiaciones están vencidas o por vencer. En este punto, La Cámpora -que viene agitando las aguas contra el ex motonauta- mantiene un silencio de radio.

La ofensiva legal que han sufrido el Impa o la cooperativa ex Rabbione (en la que los jueces han declarado inconstitucionales a las leyes de expropiación que las amparaban) se inscribe en esta dirección. La misma expropiación de Zanón -que fue una salida que admitió la burguesía cuando no tuvo más remedio, luego de dilatar la medida todo lo que pudo- se encuentra en crisis porque el Estado no puso la plata y sigue empantanada en el marco del concurso.

6. Pero lo más grave es que el veto de Macri coincide con la decisión del Ministerio de Trabajo nacional de suprimir la Línea 1 (el subsidio de 600 pesos que venían cobrando una cantidad importante de trabajadores de empresas recuperadas). En lugar de actualizar su monto, como venían reclamando los compañeros, el gobierno nacional decidió suprimirlo. La “sintonía fina” a la que se refirió Cristina debuta en las recuperadas con un ajuste de grandes dimensiones. El gobierno ofrece sustituir estos subsidios -los que constituyen un complemento salarial- por una nueva línea de ayuda, pero destinada a la “capitalización” de la empresa. Se trata de una impostura y una trampa, porque en la actualidad ya existen esas líneas de auxilio económico y se podía acceder a ellas aún cobrando, al mismo tiempo, el subsidio de 600 pesos. Ahora, en cambio, se los quiere volver excluyentes. Importa señalar, además, que mientras la Línea 1 era más o menos automática e iba a parar al bolsillo del trabajador, no ocurre lo mismo con los subsidios dirigidos al equipamiento, cuyo trámite es engorroso, se conceden cuentagotas y luego de ser evaluados los proyectos en que está embarcada la fábrica, así como su viabilidad económica.

7. La crisis capitalista ha puesto el rojo vivo la fragilidad económica de las fábricas recuperadas y, por sobre todo, las condiciones salariales y de trabajo en que se encuentran los compañeros que se desempeñan en ellas. La retracción económica y la crisis industrial que asoma sus narices están minando la inserción limitada que dichas fábricas lograron en el mercado en los años de reactivación. De un modo general, se han visto forzados a un autorrecorte de sus salarios, lo que ha creado una situación insostenible.

(…) El mercado capitalista es un factor poderoso de disciplinamiento y autoexploración sobre las vulnerables experiencias autogestivas. El despotismo que antes ejercía en forma directa la patronal sobre los trabajadores, ahora lo ejerce “el mercado”, el cual, por un lado, vehiculiza la presión económica del capital que domina a la industria y los bancos; mientras que el Estado, por el otro, favorece a los capitalistas con los recursos fiscales y combate las reivindicaciones de los trabajadores. Las fábricas recuperadas pasan a actuar como tercerizadas de grupos capitalistas trabajando a fason, con capital prestado, sin cumplimiento de las normas de convenio, con niveles salariales que están lejos del que gozan los trabajadores de su propia industria. La contraparte de ello son las condiciones leoninas para la comercialización de sus productos, lo cual le permite al capital que usufructúa esa situación obtener rendimientos siderales en detrimento de la gestión obrera. En este marco, la defensa del nivel salarial de los trabajadores, en los casos que esto es posible -lo que no siempre ocurre- tiene lugar a expensas de una creciente descapitalización de la fábrica (deterioro de los equipos y maquinarias, obsolescencia).

La autogestión no puede escapar a las leyes del capitalismo y, por lo tanto, a la explotación capitalista. Sus apologistas no se cansan de exhibirla como la encarnación de una “nueva cultura de trabajo”, cuando detrás de la denominación rimbombante de “economía social “o “solidaria” estamos ante una variante de trabajo degradado y precario, así como de un retroceso social a través del cual los capitalistas buscan hacer pagar el costo de la crisis a los trabajadores.

8. En oposición a la “autogestión”, el futuro de los trabajadores de la “empresa sin patrones” depende de una lucha anticapitalista de conjunto, que plantee la expropiación sin pago de las empresas vaciadas y también la nacionalización de los bancos bajo control obrero, como una transición hacia una planificación dirigida por los trabajadores.

Sólo a partir de la crítica a la autogestión podremos continuar la lucha para arrancar la expropiación definitiva de las fábricas en manos de sus trabajadores y consolidar la gestión obrera -o sea que es inseparable de una lucha anticapitalista de alcance general.

9. El panorama expuesto plantea un programa y una línea de acción.

Por un lado, en toda nueva empresa afectada por el derrumbe industrial, cobra importancia la consigna del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la acción directa, por lo que se procederá a la ocupación de toda fábrica que cierre o despida para enfrentar una confiscación por partida doble. Porque a la pérdida del puesto de trabajo se une la vulneración de los derechos indemnizatorios. Las patronales eluden las indemnizaciones. Este fenómeno tiene un alcance mundial. La tendencia creciente en los propios países industrializados es a desembarazarse de la obligación de las indemnizaciones.

Por el otro, los procesos de crisis -que van unidos frecuentemente con denuncias de vaciamiento- ponen a la orden del día la exigencia de que se abran las cuentas y los libros de la empresa para que el movimiento financiero de la empresa sea sometido al escrutinio de los trabajadores. Es necesario reclamar que el Estado se involucre y garantice el funcionamiento del establecimiento mientras se discute una salida de fondo -como vienen reclamando, por ejemplo, los compañeros del Centro Gallego. Es necesario impulsar todos los reclamos transicionales que ayuden a apuntalar la movilización independiente de los trabajadores y una perspectiva propia frente a la crisis.

Un capítulo especial es el de las fábricas recuperadas. El veto, por un lado, y la supresión del Línea 1, por el otro, potencian enormemente la vulnerabilidad en la que ya se encontraban. Frente a este panorama, planteamos: fuera el veto de Macri, expropiación definitiva y sin pago a los capitalistas, entrega gratuita de la fábrica a sus trabajadores, restitución de la Línea 1 y la duplicación de su monto. Este aumento debe ser el punto de partida para consagrar un salario no inferior al de convenio de la industria, el que debe ser garantizado por el Estado a través de un fondo compensador. No al chantaje que pretende hacer pasar el gobierno. Acceso simultáneo a ambos planes (tanto la Línea 1 como al de capitalización), sin ningún tipo de restricciones. Derecho a la jubilación y a las obras sociales. Igualdad de condiciones con los trabajadores de su ramo. Contribuciones patronales a cargo del Estado. Reconocimiento como afiliado en las organizaciones gremiales en que esté encuadrada su actividad. En lo que hace específicamente a la organización interna: funcionamiento periódico de la asamblea como órgano soberano de la fabrica; elegibilidad, revocabilidad y rotación en todos los puestos de conducción, administración, comercialización y gestión; elección de delegados para velar por la defensa de las condiciones laborales dentro de la planta. En lugar de encerrarse entre las cuatro paredes y someter a las fábricas recuperadas a su aislamiento y fragmentación, es necesario unirse y trazar un plan de lucha que tenga en cuenta y asuma el programa aquí señalado, así como también impulsar una convergencia con el resto de la clase obrera en lucha.