En una entrevista de la revista En Marcha, órgano de la Asociación Judicial Bonaerense, el abogado de la CTA, Juan Carlos Capurro, trazó un panorama de la persecución que sufren los trabajadores de todo el país. Estos son algunos fragmentos del mismo.

Capurro destaca que “El tipo de imputaciones y la forma en que se desarrollan las causas, utilizando pruebas similares siempre amañadas, confirman que hay una estrategia concertada por parte del poder político. Es un modelo que no cierra si no es con represalias. Entonces asistimos a una represión penal formalmente encuadrada en términos legales, pero que no desecha la coerción física y hasta ilegal, con el objeto de neutralizar la resistencia obrera”( En Marcha, Nº1). Señala, además, que frente a las variantes de represión abierta y ‘democrática’ del pasado “por primera vez observamos una tendencia a combinar desde el Estado y durante un período extenso, ambas tipologías” (ídem).

Se denuncia la apertura de múltiples causas a trabajadores, como en Jujuy donde se los acusa de daños calificados, lesiones, robo en banda, atentado con explosivos, resistencia a la autoridad y usurpación de la propiedad. En Mar del Plata se persigue a trabajadores de Ate, incluida la Comisión Directiva, por 32 cortes de ruta. “Es un artículo del Código Penal agravado, están procesados e irán a juicio oral y público…”. También se promueve el desafuero sindical, utilizando para ello las pruebas que se presentaban en los juicios penales.

Se llegó incluso a acusar a trabajadores por el delito de sedición (Trelew). Esto a pesar de que el gobernador se reunió con los manifestantes y acordó conceder los reclamos. “Este hecho constituye un verdadero escándalo jurídico, toda vez que el propio poder político reconoció la legitimidad de los reclamos que se plantearon” (ídem).

Entre las arbitrariedades denunciadas figura la utilización de testigos truchos reclutados entre personal policial o empleados de gobierno.

El caso de Cutral Co fue llevado a la OIT. En esa localidad, además del asesinato de la compañera Teresa Rodríguez por parte de la policía se produjeron allanamientos en horario nocturno (algo que la ley prohíbe) y detenciones. Luego de ‘blanquearse’ la situación de los detenidos por la presentación de Hábeas Corpus, Capurro denuncia que “La gravedad de este hecho se profundiza por que la jueza les otorgó el beneficio de la eximición de prisión bajo la advertencia de que no podían participar de manifestaciones y movilizaciones en el futuro, algo que está expresamente prohibido…” Los trabajadores quedan convertidos en rehenes. “En cualquier momento pueden denegarles la excarcelación y pueden generalizarse las detenciones”.

Capurro denuncia al aparato judicial como hostil a los trabajadores. “La necesidad de combinar los métodos de represión física con el ‘debido proceso’, revela la incapacidad histórica del Estado, para dominar al movimiento obrero”.

Como conclusión de la nota, Juan Carlos plantea que “nuestra fortaleza, más allá de un buen planteo jurídico, surge de la capacidad de movilización de los propios trabajadores”.

De esa capacidad de movilización depende la defensa de nuestros mejores compañeros y la derrota de la persecución del Estado patronal.