Sindicales

23/3/2000|659

Olavarria: por el desprocesamiento de cinco obreros reprimidos

“Cinco obreros desocupados amenazan con incinerarse”, fue el título de los medios en referencia a la actitud adoptada por trabajadores de la Uocra que reclamaban cinco puestos de trabajo en “La Pampita”, donde se construye la nueva planta del grupo Fortabat; seis meses de estabilidad; reincorporación de los despedidos y la suspensión de los despidos.


Luego de no obtener respuesta de la burocracia de la Uocra, se instalaron en la sede gremial. La policía cerco el lugar y la respuesta solidaría no se hizo esperar: trabajadores, agrupaciones políticas y gremiales, la APDH y la Coordinadora de Desocupados, rodeamos el lugar. Ante el arribo de la Infantería desde la ciudad de Azul, nos distribuimos en tumos para evitar un desalojo violento.


Aunque al mediodía siguiente, 10 de marzo, los compañeros abandonaron el local, ante la promesa de 80 puestos de trabajo y cinco para ellos, fueron trasladados a la comisaría e incomunicados. Ante esto, una Asamblea Popular en la CTA votó: 1) elaborar un documento exigiendo el desprocesamiento y la libertad, 2) entrevistar a Acción Social municipal para que asista a las cinco familias, 3) exigir al Secretario General de la Uocra que retire la denuncia por “usurpación de propiedad”, 4) elaborar un petitorio hacia el fiscal, la libertad y el desprocesamiento, 5) un Proyecto de Comunicación para que el Concejo Deliberante se manifieste en los mismos términos.


La Uocra se comprometió a no presentar su demanda y el Juez de Garantías a liberar a los compañeros si en 24 horas no llegaban antecedentes. En el Concejo Deliberante logramos un despacho por unanimidad pidiendo la libertad. Votaron aun los concejales de la Alianza (mayoría en el recinto), primera ruptura con su sumisión al reaccionario intendente Eseverri, quien calificó a los obreros “delincuentes”.


A las dos de la mañana del 3 de marzo, los cinco compañeros fueron liberados.


Queda aún pendiente el desprocesamiento. La “Intimidación Pública” está penada con tres a seis años de prisión.


Solicitamos se envié fax pidiendo no se abra proceso a los trabajadores Burgos, Castro, Miguez, Avesrasturi y Held al: juez de Garantías, doctor Antonio Salatino y al fiscal doctor Luis Arbío al (02284) 423341 y confirmar su envío al (02284) 424373