El gobierno de Alberto Fernández, luego del acuerdo firmado el 27 de diciembre con cámaras empresarias y la CGT y las dos CTAs, ha puesto en marcha una versión en “modo farsesco” del “Pacto Social” antiobrero de 1973.

La farsa reside en que el gobierno mantiene las paritarias siempre que pueda “mantener las principales variables bajo control de cara a la renegociación de la deuda, que tiene el 31 de marzo como fecha límite, según dijo el presidente” (La Nación, 11/1). Para ello ha acordado con la burocracia sindical de todos los colores “moderar las demandas salariales en las paritarias y eliminar la cláusula gatillo” (ídem).

En la versión setentista del Pacto Social, las paritarias directamente fueron congeladas por dos años. 

Paritarias amañadas y con techo

En nombre de evitar que se “recaliente la inflación”, el gobierno ya arregló con los dirigentes sindicales aumentos muy por debajo de la inflación del año pasado, que llegó casi al 55 por ciento. 

Los funcionarios de Fernández ya han señalado que cualquier incremento no debe ser mayor al 30 por ciento, cuando la inflación del presente año no bajará del 43 por ciento. 

Ni recuperar lo perdido en 2019 ni ganarle a la inflación en 2020. Con Fernández se indexa todo menos los salarios.

Los únicos que generan inflación son los capitalistas y los gobiernos

El planteo de que los salarios generan inflación cuando la mayoría de la clase obrera está con sueldos que arañan la pobreza es una provocación vil. Los trabajadores, con su salario, apenas si pueden sostener la subsistencia.

Los patrones, en cambio, trasladan sistemáticamente todos sus costos a los precios, bajo la mirada protectora de los funcionarios gubernamentales. 

En la versión con Cámpora, Gelbard y Perón del Pacto Social, hubo un congelamiento de precios paralelo a la suspensión de las paritarias, pero trucho e incumplido por las patronales. Al tanto de la medida que se iba a tomar a partir del ascenso del peronismo en 1973, antes aumentaron sideralmente los precios. Uno de los funcionarios de la Secretaría de Comercio de la época, que debía controlar los precios de los capitalistas, es el que ahora se menciona como posible presidente del Consejo Económico y Social, Roberto Lavagna.

Ahora han hecho algo parecido, aunque sin la osadía de congelar precios. Son los “precios cuidados” de Fernández, que han tenido un aumento de hasta el 85% en los últimos meses frente a una tibia rebaja de 8% en estos días. A esto Fernández llama “política de contención de precios”. 

La otra excusa para exigir que los trabajadores “no sean abusivos” a la hora de discutir salarios es el congelamiento por 180 días de las tarifas. Pero el congelamiento llega luego de que las facturas pagadas significaran, en 2019, que “la tarifa cubría casi dos terceras partes del costo del sistema eléctrico, que es de alrededor de 10 mil millones de dólares”. Además, por el congelamiento, “el gobierno gastará 75.000 millones de pesos más que el año pasado en subsidios” (Clarín, 5/1). En el conurbano, sin preocuparse por el traslado a los precios, los intendentes elevaron la tasa municipal hasta el 60%, y en la Ciudad de Buenos Aires el alumbrado, barrido y limpieza será actualizado por inflación.

¡Ajuste para los trabajadores, fiesta para los explotadores!

Con la mirada puesta en el FMI

La meta está puesta en el superávit fiscal; “necesitamos mostrar la sustentabilidad de la deuda”, declararon funcionarios de Alberto.

El primer mes del gobierno nacional mereció así el elogio de Alejandro Wernes, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Un camino que el gobierno quiere profundizar “con la idea de encarar el ajuste fiscal para acelerar la negociación de la deuda y a su vez anclar algunas variables importantes” (ídem, 12/1). 

La burocracia sindical gran garante de la gobernabilidad

Este mazazo al salario está siendo cocinado en los ministerios de Trabajo, de la Producción y en la Jefatura de Gabinete, en reuniones clandestinas para los trabajadores en los que las direcciones de las centrales obreras ya han acordado entregar la cláusula gatillo a cambio de los adelantos de 3.320 pesos en dos cuotas ya anunciados por el gobierno, e incluso extenderlas en el tiempo, por lo menos seis meses o un año. Es lo que ya aseguró el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, y lo que declaró públicamente Carlos Acuña, uno de los secretarios de la CGT: “Favorecen a los que menos tienen” (ídem 14/1). 

Congresos de delegados mandatados por la base 

La burocracia sindical está jugando un papel central en el sostenimiento de Alberto Fernández, que necesita profundizar el ajuste. 

La política contra las paritarias y los salarios, sin embargo, ya comenzó a generar crisis en varios gremios, especialmente docentes y estatales, como en Tucumán, donde el gobernador suspendió la cláusula gatillo del último trimestre 2019.

Las paritarias, el salario y la defensa de la jubilación serán un terreno de disputa de los trabajadores, más allá del cerco burocrático.

Los trabajadores debemos organizarnos y salir a la lucha, en defensa de los salarios, las jubilaciones y el empleo. Que la crisis la paguen los bonistas, el FMI y las patronales que la “levantan en pala”. Por congresos de delegados mandatados por la base en todos nuestros sindicatos para poner en pie una respuesta obrera por la defensa de las paritarias, el salario y las cláusulas gatillo.