La presión del ataque del gobierno y el capital sobre los trabajadores toma un carácter desesperante y todos coinciden en que recrudecerá. El Fondo Monetario Internacional es un rescatista de última instancia en la crisis financiera que provocaron el gobierno de Macri y los especuladores, cuya contrapartida será un ataque más intenso a las condiciones de vida de los trabajadores. Los gobernadores del PJ dan aliento al gobierno para que avance en este plan de guerra y ya se enfilan para votar un Presupuesto 2019 de ajuste, acorde a las exigencias del FMI. La Iglesia, en tanto, se ofrece como garante de contención social frente a las luchas a cambio del entierro del reclamo por aborto legal.



El régimen político de conjunto se alinea para descargar la crisis sobre los trabajadores. Los desocupados, el sector más vulnerable, deben dar una enérgica respuesta poniendo en pie un plan de lucha reforzando la organización en cada barrio.



La inflación pronosticada por el propio gobierno superará el 30% sobre una canasta de pobreza que, según el Indec, ya llega a los 20.000 pesos. Todavía están pendientes tarifazos y aumentos de las naftas, mientras el efecto de la devaluación del 50% de los últimos meses sigue trasladándose a los alimentos, lo cual aumenta el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos. Los planes sociales hoy representan apenas un cuarto de la canasta de pobreza y los pobres pasan a ser a indigentes en forma masiva. En este cuadro, el Banco Central llevó las tasas de interés al 60% generando una recesión económica que golpea directo a los trabajadores con el aumento de las suspensiones y los despidos, sobre una economía que tiene en desuso el 60% de la capacidad industrial instalada. Entierran, por un lado, la perspectiva de trabajo y hasta de changas para los desocupados, y por otro, las obras de viviendas e infraestructura en los barrios. Este es el contexto real del nuevo programa Hacemos Futuro, que abarca a 260.000 trabajadores desocupados, el cual prevé “capacitarlos para el mercado laboral”, responsabilizando por la falta de capacitación a los desocupados. Así la terminalidad educativa y las capacitaciones de oficio se vuelven una extorsión aberrante que apunta a producir miles de bajas en los planes sociales.

El triunvirato, la Iglesia y la contención social



En las vísperas del encuentro de Macri con Christine Lagarde, el triunvirato de San Cayetano (Ctep, Barrios de Pie, CCC) emitió una carta de rechazo al acuerdo con el FMI, firmada junto con la CGT, la CTA y el kirchnerismo. Oponen como salida un nuevo marco legal de contención social sobre la base de las cinco leyes por las que se movilizaron en la pasada Marcha Federal, tras la cual descartaron la posibilidad de un plan de lucha. Sin embargo, están en la línea del planteo del FMI que le permitió al gobierno utilizar 15.000 millones de pesos del paquete de endeudamiento en asistencia social para “evitar la conflictividad”. 



El acuerdo con el Fondo Monetario “contempla la ampliación de la cantidad de beneficiarios de los planes sociales, pero a costa de un ajuste nominal promedio individual inferior a la suba prevista en los precios al consumidor” (Infobae, 22/7). Es decir que continuarán ajustando -vía inflación- el ya miserable plan social de 4.800 pesos. Por eso, el triunvirato salió con las manos vacías de la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace tres semanas. Les rechazó los 3.000 pesos por única vez para todos los planes sociales y les dijo que sólo aumentarán un 10% en relación con el aumento del salario mínimo, el cual se encuentra en la mitad de la canasta de pobreza, mientras postergan la reunión del Consejo del Salario para decidir el aumento. 



Con todo esto, la Marcha de San Cayetano, impulsada por la Iglesia, el Triunvirato, la CTA y sectores de la CGT para el 7 de agosto es sólo una maniobra contra la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que se tratará en el Senado al día siguiente. No porta ningún carácter reivindicativo real. 



Frente al ajuste, la CGT anunció que se prepara para “abrir comedores en los barrios” (El Cronista, 11/7). Sin embargo, deja pasar la convocatoria a un paro nacional de 36 horas para continuar el mandato de lucha que dejó el masivo paro del 25 de junio. 

Programa y plan de lucha



En este escenario, el Polo Obrero va a dar la pelea en cada barrio reforzando la organización y desarrollando un plan de lucha.

Empezando por la convocatoria a multiplicar la movilización el 8 de agosto por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando tendrá tratamiento en el Senado. Exigimos la participación de las organizaciones sociales en el Consejo del Salario y reclamamos la duplicación del salario mínimo. Frente a la inflación es imprescindible el aumento de emergencia del 30% de los planes sociales y la apertura irrestricta de los programas de empleo. La perspectiva de lucha por trabajo genuino, bajo convenio, contra la idea de contención social del FMI, Macri y la burocracia sindical es el gran punto del programa de los trabajadores desocupados de salida a la crisis. Y requiere que apuntemos a desarrollar una gran deliberación popular para postular a los trabajadores como salida política a la enorme crisis nacional, mediante un congreso nacional de delegados de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, como lo impulsamos estratégicamente en el plenario del sindicalismo combativo una gran cantidad de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados.