El trabajador Pedro Emanuel Gauna, técnico electromecánico en la Papelera Samseng, falleció el pasado martes 12 de febrero al caer mientras realizaba un trabajo en altura. Según los medios locales, Pedro se encontraba “acomodando pallets”, sin arnés, ni línea de vida ni ninguna otra medida de seguridad.

La muerte de Gauna se inscribe en un creciente listado de trabajadores que dejan su vida en ese ´paraíso de los explotadores´ que es el Parque Industrial de Pilar. Este año ya se cuenta el caso de Pablo Mediavilla, obrero de FV que murió infectado mientras limpiaba los galpones, presuntamente por hantavirus.

¿Accidente?

Con excepción de los periódicos locales, la muerte de Gauna no fue levantada por ningún otro medio periodístico. Esta falta de cobertura se repite ante cada siniestro laboral. En el mejor de los casos, cuando no se pueden tapar, son presentados como “accidentes fatales”, resultado de alguna imprudencia individual.

El asesinato de Gauna, como el de cientos de obreros que mueren trabajando, son crímenes patronales resultado de una precarización laboral cada vez mayor, reforzada cada vez más por la crisis industrial que presiona a los trabajadores a “cuidar el laburo como sea”, lo que significa hacer cualquier tarea que demande la empresa, por más riesgosa que sea.

Autores materiales e intelectuales

El “industricidio” del que tanto hablan los politiqueros ´opositores´ y la burocracia sindical no es un problema que los capitalistas y los trabajadores afronten conjuntamente. Los capitalistas intentan compensar sus pérdidas intensificando el proceso productivo sobre las espaldas de los trabajadores.

A la espera de una nueva reforma laboral de Macri, la burguesía pretende desconocer cualquier tipo de legislación laboral. Ahí están las raíces de las muertes obreras.

Las sucesivas leyes de ART promulgadas antes por el kirchnerismo y luego por el macrismo, apuntan a abaratar el costo de los accidentes, obligando a los trabajadores a aceptar las migajas de las indemnizaciones antes de ir a juicios extensos y de dudosos resultados. Desde la última reforma de la ley de ART, la combinación explosiva entre los dictámenes de las Comisiones Médicas y los últimos fallos de la Corte han hecho que las empresas festejen que llevan “ahorrado” –a octubre del año pasado – la friolera de 17.600 millones de pesos.

El gobierno municipal de Cambiemos, encabezado por Ducoté, no solamente prosigue con las concesiones impositivas a las empresas del Parque. Se declara incompetente en cualquier materia laboral –Pilar se encuentra sin inspectores de trabajo desde hace más de un año – y negocia como compensación por los desechos tóxicos de la pastera china Samseng, donde murió Gauna, a las napas del arroyo Larena a cambio de financiamiento para una maternidad.

La burocracia papelera hace frente común con el empresariado, denunciando que los problemas de las fábricas son resultado de la destrucción del mercado interno. Esto habilita a los empresarios a hacer cualquier tipo de ajustes: precarización de las jornadas, salarios por debajo de la línea de pobreza, desinversión en seguridad, etc.

La misma burocracia sindical ejerce en el Parque Industrial de Pilar un control estricto sobre las fábricas, impidiendo el desarrollo de cualquier expresión independiente de los trabajadores. Así, el listado de trabajadores despedidos por intentar ponerse en pie y enfrentar la precarización laboral se extiende al conjunto de las fábricas.

Frenar la masacre obrera

Como se ve, la muerte de Gauna no fue un accidente sino el resultado de una política deliberada de la clase capitalista, de sus partidos políticos y de los sindicatos.

La CGT de Pilar, en vez de hacerle la campaña electoral a Cambiemos, debería convocar a un paro general de repudio y llamar a elegir en asambleas de todas las plantas del Parque comités de seguridad e higiene que establezcan su propio protocolo de seguridad, sin intervención alguna de las patronales ni del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Si esto no pasa, seguirán las muertes obreras.