A casi un año de la muerte de Octavio Migueles, trabajador de Somartex, empresa textil ubicada en Gregorio de Laferrere, el cual murió intoxicado al ser enviado a realizar tareas de pintura sin ninguna protección, nuevamente la juventud precarizada es víctima de la desidia patronal y de la falta de control por parte del Estado de los lugares de trabajo. Roció Décima, de tan solo 21 años, trabajadora de una fábrica clandestina de juntas para motovehiculos, murió tras ser atrapada por una de las máquinas. Según declaraciones del dueño de la fábrica, llamativamente Roció era la única empleada del lugar y la muerte fue producto de un descuido de ella.

Cada vez son más los talleres o fábricas clandestinas que se mudan e instalan en la provincia de Buenos Aires, escapando de un “mayor control” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no porque el gobierno de Larreta tenga intenciones de terminar con la precarización laboral, sino producto de las cientos de muertes, denuncias de trata de personas y condiciones de trabajo esclavo que sufren día a día los trabajadores de estos antros laborales.

No solo la clandestinidad es monopolio de los talleres textiles, del calzado o de los establecimientos rurales, en los últimos años más ramas de la industria toman como forma de producción cierto tipo de clandestinidad, que van desde las malas condiciones higiénicas, ambientales y edilicias, la contratación en negro de una parte o de todo el personal, pasando por la falta de medidas de seguridad en las máquinas, llegando hasta el nulo equipamiento de protección para sus trabajadores, todo esto con la complicidad estatal y la burocracia sindical de cada gremio, que omite sistemáticamente realizar las inspecciones y denuncias correspondientes.

Precariedad laboral como política estatal

Es importante remarcar que no solo los talleres o fábricas pequeñas violan sistemáticamente las legislaciones de protección laboral, existen numerosos ejemplos de grandes empresas que directa o indirectamente son responsables de accidentes y muertes de sus trabajadores.

Matías Dimuro, trabajaba para una tercerizada de Claro y murió electrocutado por no tener la protección adecuada para su tarea; Brain Cantero, trabajador tercerizado de Papelera Sein (Berazategui), una de las empresas más importantes del reciclado de papel, murió aplastado por una máquina en funcionamiento que estaba engrasando. En febrero de este año, Javier Escobar, trabajador del frigorífico Rio de la Plata, murió por una descarga eléctrica de la máquina que operaba habitualmente. Los casos abundan y son interminables. La complicidad de las patronales “grandes o chicas”, “legales o clandestinas”, con el Estado y sus ámbitos para controlar dan como resultado que paguemos con nuestras vidas sus negligencias.

La reforma laboral que reclama el FMI

Son varios los gremios en los que los trabajadores vienen sufriendo modificaciones en sus conquistas o condiciones de trabajo. Muchas patronales con la excusa de la pandemia han aprovechado para avanzar con una reforma laboral de hecho en los lugares de trabajo, conjuntamente y con el visto bueno de la burocracia, pero el último acuerdo del gobierno con FMI, además de significar un mayor ajuste en la economía de la clase obrera, traerá por exigencia del fondo y las patronales una reforma más general de las legislaciones y convenios laborales, lo cual se traduce en más precarización y superexplotación laboral, en beneficio de las patronales.

Es necesario fortalecer la organización de los trabajadores para seguir enfrentando el acuerdo con el fondo y lograr también terminar con los crímenes laborales como el de Rocío y muchos trabajadores más que han perdido su vida, en sus lugares de trabajo.

Desde el Partido Obrero La Matanza nos solidarizamos con la familia de Rocío y exigimos que se investiguen las condiciones en las que la joven desarrollaba su jornada laboral, para esclarecer el motivo de su muerte.¡Justicia por Rocío Décima!

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