Sindicales
5/2/2025
Otro golpe a las obras sociales en favor de las prepagas
El gobierno acaba de establecer la obligatoriedad de que los aportes de quienes utilicen empresas prepagas vayan directamente a ellas sin intermediación de las obras sociales.
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Ministro de Salud, Mario Lugones.
El gobierno acaba de publicar la Resolución 1/25 del Ministerio de Salud que establece, a partir del 1° de febrero, la obligatoriedad de que los aportes de quienes utilicen empresas prepagas vayan directamente a ellas sin intermediación de las obras sociales.
Hasta ahora el empleador enviaba al fisco el descuento retenido al trabajador y de allí se derivaba a la obra social que, en caso de tener que pagar prestaciones contratadas a empresas prepagas, se quedaba con entre el 3% y el 10% por esa triangulación. La mayoría de las obras sociales tiene convenios de este tipo; la medida, que involucra alrededor de 1,5 millón de los 6 millones de aportantes, priva a los sindicatos de unos 360 mil millones de pesos anuales.
Más que “otro golpe a la casta” –así el gobierno presentó la resolución- se trata de un golpe de gracia al sistema solidario de salud que ya se encuentra en emergencia absoluta por las deudas acumuladas por los sucesivos gobiernos y la caída en flecha de sus ingresos (producto de la desocupación creciente, el trabajo en negro, la pulverización salarial y la evasión patronal). El desfinanciamiento es la condición para ampliar el “negocio” de la medicina privada.
Los convenios de las obras sociales y las prepagas, que se generalizaron bajo el menemismo, permiten a trabajadores con un poder adquisitivo inferior acceder a prestaciones costosas; prestaciones que los sindicatos fueron delegando en empresas privadas a cambio del porcentaje por intermediación. En este territorio han proliferado chanchullos de todo tipo con los subsidios estatales, incluyendo numerosas empresas “fantasmas”.
La ofensiva contra las obras sociales
Desde hace un año la Superintendencia de Salud lleva adelante un programa de auditorías para “reordenar el sistema”, que ya provocó la baja de 114 prepagas (sobre 661) que “no presentaban padrones, ni planes de salud, ni estados contables, ni cartillas”. También se aplicaron multas por 200 millones de pesos a 30 obras sociales por diversas irregularidades y cinco se encuentran intervenidas: la de UATRE, la del Fósforo, dos sindicatos de Ladrilleros y Vareadores.
Está claro que esta ofensiva no busca sanear el sistema sino redistribuir los negocios en beneficio de los grandes pulpos del sector (Medicus, Galeno, Swiss Medical, Osde, etc.) a quienes se benefició permitiéndoles incrementar las cuotas muy por arriba de la inflación, eliminar prestaciones y unificando su contribución al Fondo Solidario con el de las obras sociales en el 15%, entre otras cosas.
La 1/25, la interna libertaria y la burocracia
El hombre que pilotea la reorganización del sistema es Mario Lugones, actual ministro de Salud y un “amigo” de la burocracia sindical. Lugones fue directivo de Osecac (la obra social de Comercio) y en los noventa fue un operador central en el Pami, junto a Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia.
Lugones, Barrionuevo, Nosiglia y su delfín Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, constituyen una suerte de mesa de negociación (el “grupo Güemes”, en referencia al último empleador de Lugones) que, básicamente, determina qué parte del sistema se hunde y qué parte es rescatada.
El criterio, hasta ahora compartido, fue privilegiar a las obras sociales más grandes en desmedro del resto. Por caso, se eliminó el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma) y esos fondos se asignan de acuerdo al número de afiliados. Otros reembolsos se liberan de manera arbitraria y a cuentagotas (siempre hay que recordar que son recursos de los trabajadores) pero siempre priorizando a los gremios que dominan la CGT, los Gordos -Comercio, Sanidad, etc.- y los Independientes -Upcn, Uocra, etc.-. Acá está una de claves de la colaboración con el gobierno. El Surge (Sistema Unico de Reintegro de Gestión de Enfermedades) no tiene giros desde octubre.
El dato disruptivo es que la resolución 1/25 rompe ese criterio y afecta a todas las obras sociales, incluso a las más poderosas o que funcionan con normalidad.
Aparentemente la medida fue impulsada por Santiago Caputo, sin aprobación de Lugones y otros funcionarios de peso, que se negaron a firmarla (entre ellos Gabriel Oriolo, jefe de la Superintendencia y directivo de Osde) por sus inconsistencias legales (por ejemplo, varias obras sociales tienen tratamientos en marcha por los que no recibirán los fondos).
La burocracia cegetista no ocultó su sorpresa y anunció que recurría a la Justicia Penal por lo que consideran “abuso de autoridad y defraudación”. Además, convocó a una mesa chica de emergencia para analizar otras medidas, aunque luego postergó por unos días la reunión para sopesar mejor los efectos y acomodar su “respuesta” a su orientación dialoguista.
Un conjunto de gremios, los más perjudicados, sospechando algún arreglo por separado, organizaron un encuentro en el sindicato de Capitanes de Ultramar para unificar posiciones y reforzar el reclamo a la conducción de la CGT de “una actitud, como mínimo, de solidaridad y de acción colectiva”.
Las CTA, fieles a su estilo, salieron a denunciar que la resolución equivale a “la sentencia de muerte de las obras sociales sindicales” aunque sin proponer la menor acción.
Como se sabe las obras sociales son una caja negra de burócratas y funcionarios de todos los colores. Para terminar con los curros (como la mafia de los medicamentos, que mandó a la cárcel al bancario Zanola y al Momo Venegas de Uatre) y lograr una salud solidaria y de calidad, hay que ponerlas en manos de sus verdaderos dueños - los trabajadores-, abrir los libros contables y recuperar los fondos retenidos por el Estado, poner fin al negocio privado y avanzar hacia un sistema único de salud, financiado integralmente por las patronales. La defensa de la salud es parte fundamental de la lucha por recuperar los sindicatos y por el gobierno de los trabajadores.
