Está por vencer el plazo de dos años establecido por la ley de expropiación de Grissinópoli, y el gobierno no ha puesto el dinero para comprar los bienes sujetos a expropiación. Lo mismo sucede con Ghelco y Chilavert, que fueron las pioneras en la materia; pero esto, naturalmente, no es ningún consuelo. Esta situación nos pinta la extrema precariedad en que se encuentra el conjunto de fábricas recuperadas. En Grissinópoli el gobierno porteño no puso un peso para hacer frente siquiera al pago del canon locativo (alquiler) del edificio que está en “ocupación transitoria”. Este solo incumplimiento habilitaría al juez para reclamar la devolución del inmueble.

En este cuadro de zozobra, los trabajadores de Grissinópoli son víctimas de una verdadera extorsión. Los compañeros vienen gestionando en la Legislatura una prórroga, pero no hay que ser muy perspicaz para advertir que todo está atado con alfileres, y que ese es el caldo de cultivo para que prosperen las presiones, tanto económicas como políticas. El infaltable Caro, experto en estos menesteres, ha lanzado una ofensiva en regla sobre la fábrica.

Copamiento

Por un lado, el abogado riquista estaría presionando a los trabajadores para que acepten un crédito del Banco Nación, con el supuesto objetivo de comprar la fábrica. El planteo de Caro es resistido por una mayoría que no quiere saber nada con endeudarse. Las razones, por cierto, son bien fundadas. En la actualidad, los obreros de Grissinópoli logran reunir, a duras penas, un ingreso mensual de 800 pesos, pero a expensas de enormes sacrificios y jornadas de 12 horas. Trabajan en negro y carecen de cobertura medica o beneficio jubilatorio. No hay ningún sobrante, por supuesto, para ir creando una reserva frente a la depreciación de la maquinaria, ni para ir creando un capital de trabajo. La cooperativa sobrevive con el trabajo a façón, es decir, por encargo de un único “tercero”, Tía Maruca. El capital de trabajo –del que carece la cooperativa- es aportado por este grupo empresario, que hace entrega de la materia prima que luego es procesada por los trabajadores. La cooperativa, en la práctica, está funcionando como una suerte de tercerizada, pero sin contar, al menos, con sus “ventajas”: una patronal responsable de abonar las remuneraciones y de las consecuencias derivadas de una relación laboral. Tía Maruca, en el caso de Grissinópoli, no corre el menor riesgo; no tiene ninguna obligación en materia laboral, ni previsional, ni por accidentes de trabajo. El riesgo es asumido en su totalidad por los compañeros, quienes no tienen un sueldo fijo o mínimo asegurado. Su remuneración está sometida a los avatares del mercado; si hubiera un bajón de la demanda, el sueldo podría llegar a cero. Estamos frente a la flexibilidad laboral en su máxima expresión.

El Estado se niega a entregar un subsidio, pero no un préstamo. El cambio de modalidad representa una carga económica y permite al Estado meter una cuña en la vida interna y la actividad productiva de la fábrica. Esta operación, por supuesto, le viene como anillo al dedo al abogado Caro, que viene interponiendo sus “buenos oficios” para concretar el mentado préstamo, con el propósito nada disimulado de terminar de asumir el control de la fábrica. Estamos frente a un aparato que pretende confiscar a los trabajadores y convertir el ámbito de las fábricas recuperadas en un coto cerrado para satisfacer sus apetitos económicos y políticos.