Los compañeros de Brukman están sufriendo en carne propia el sabotaje del Estado y de sus punteros. Como es sabido, recibieron la fábrica en un estado calamitoso: muchas máquinas estaban rotas, faltaban piezas esenciales y se habían robado prendas listas para ser entregadas antes que se produjera el desalojo policial.

El Gobierno de la Ciudad fue bicicleteando su compromiso de poner dinero para reparar la maquinaria. El auxilio económico del gobierno “progre” se circunscribió a un subsidio de 150 pesos a cada trabajador, que luego suprimió a cambio de ofrecer un préstamo de 50.000 pesos que deberá ser devuelto en 36 meses, con un año de gracia. Cualquiera sea el cálculo que se haga, los trabajadores pierden como en la guerra, esto porque, a razón de 150 pesos por mes, los 50 trabajadores de Brukman recibían 7.500 pesos mensuales, es decir, un total de 90.000 pesos al año (sin deudas). La propuesta implica un condicionamiento muy importante para la gestión obrera, pues otorga al Estado un derecho a la injerencia directa. El gobierno, por medio de la Secretaría de Industria, cuenta con el derecho a fiscalizar la ejecución del proyecto productivo. Este condicionamiento está unido a otro que tiene cada vez más importancia: El gobierno hasta el momento no ha puesto un peso en concepto de alquiler de la fabrica cuyo edificio está sujeto a “ocupación transitoria”. Este incumplimiento podría abrir las puertas para que el juez reclame la devolución del inmueble. Esta precariedad sirve para tener a los trabajadores como rehenes.

Los trabajadores han sido colocados entre la espada y la pared, pues necesitan, imperiosamente, reacondicionar la maquinaria, en estado actual de deterioro. Según estiman los propios trabajadores, se corre el peligro de que colapse el proceso de producción y se paralice la actividad de la fábrica. Los fondos del préstamo deberán ir a parar, en primer lugar, a comprar las piezas, a reponer los faltantes que se han robado y a hacer los arreglos impostergables. En segundo lugar, a la compra de insumos. Actualmente, la cooperativa se limita a trabajar por encargo, para terceros. Carece de materias primas propias y tiene una existencia de artículos para la venta sensiblemente reducida. La precariedad económica empalma con la social, pues los obreros de Brukman a duras penas sacan 150 pesos a la semana, y no tienen ningún tipo de cobertura médica ni beneficio de seguridad u obra social. El sueldo semanal está comprometido con el cambio de temporada; cuando se produce un intervalo estacional en el cual se levantan los pedidos para luego producir normalmente. En ese aspecto, Brukman está detrás de las tercerizadas, las cuales tienen el ingreso mensual asegurado. En torno a la posible merma de los ingresos, ya se ha instalado una deliberación en la fábrica, pues existen quienes plantean que habría que suspender al núcleo de compañeros que han entrado en el último período (una decena de trabajadores); este planteo ha despertado el rechazo de la fracción de los trabajadores que se niega a actuar como una patronal.

El precio que se les intenta hacer pagar a los trabajadores de Brukman es muy caro. Uno de los artífices de esta operación es, precisamente, Luis Caro, empeñado en copar Brukman.

La tentativa es destruir todo vestigio de gestión obrera independiente. El acta-acuerdo que está a la firma entre el Gobierno de la Ciudad y la Cooperativa se suscribe en el marco del programa “Propyme”.

Caro pretende convertir a Brukman en una pyme bajo su control, cuyo destino final dependerá de las oscilaciones del mercado.

Aunque dista mucho de haberse consolidado, ese copamiento está en plena marcha y tropieza con la resistencia de un sector de los trabajadores. La soberanía de la asamblea de fábrica ha sido parcialmente confiscada por un manejo punteril. De la misma forma que lo ha hecho en otras empresas bajo su órbita, Caro se ha encargado de ir colocando su propio personal, empezando por el contador. En otra palabras, un aparato extraño a los obreros va ganado terreno paulatinamente y asumiendo un papel cada vez más gravitante en la vida de la fábrica.

Este copamiento se asentaría en una práctica conocida: Caro, según denuncias coincidentes, habría comprado la docilidad de los trabajadores mediante un sistema de préstamos personales (unos 30.000 pesos) entre los trabajadores. Varias decenas de compañeros estarían endeudados con el abogado riquista. El Movimiento de Fábricas Recuperadas debe dar por condonada la deuda y considerar esos fondos como un aporte más al fondo de huelga, de la misma forma que lo hicimos las centenares de organizaciones populares que hemos contribuido desinteresadamente a esta estratégica lucha.

Esta situación de extorsión ha desvinculado a Brukman de las luchas más generales de los trabajadores, dando la espalda a quienes han sido sus principales aliados (asambleas populares, organizaciones piqueteras, movimiento estudiantil y sindicatos combativos). Al igual que en todas las empresas bajo su tutela, Caro cultiva en Brukman la ilusión autogestionaria; en realidad, la autoexplotación bajo la batuta de una camarilla privada, aliada al Estado. Coincidentemente con el copamiento de Caro, han comenzado a constatarse avances en la injerencia directamente empresaria, capitalista. Uno de los clientes terminó de adueñarse de un piso de la planta (sin pagar un peso), meter a su gente y armar la expedición y la entrega de los productos de Brukman que comercializa, utilizando a la fábrica como centro logístico y de distribución. Este hecho, si bien acotado, no deja de ser un indicador de las tendencias que se están insinuando y que se proponen reconstruir la fábrica sobre sus antiguas bases sociales. Esta incursión empresaria ya ha despertado la oposición, al menos, de un sector de la fábrica, lo mismo que frente a la regimentación que pretende ejercer Caro.

En Brukman se expresa en forma concentrada una lucha, con final abierto, entre dos tendencias opuestas e irreconciliables: de un lado, las tendencias a la gestión obrera, en que las ocupaciones son un eslabón que apunta a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales; del otro lado, las tendencias que apuntan a reconstruir las fábricas recuperadas sobre sus bases capitalistas tradicionales.