Trabajadores de la ex Bosch, metalúrgica de San Martín, que venían ocupando la planta, vienen de ser desalojados. Una patota acompañada por la policía bonaerense ingresó en la fábrica. Esto coincide con la decisión de Scioli de vetar la ley de expropiación votada por las dos cámaras.

Mientras tanto, Macri acaba de vetar por segunda vez la ley que prorrogaba la vigencia de una ley de expropiación en favor de una veintena de cooperativas . El veto deja a 22 empresas recuperadas porteñas (entre ellas, Brukman, Grissinopoli, por mencionar algunas) desprotegidas legalmente. Al no renovarse los plazos de expropiación, los antiguos dueños y sus acreedores están habilitados para retomar el control del establecimiento. El veto de ambos pone de relieve que estamos frente a una política de Estado. Oficialistas y opositores han recogido el reclamo general de la burguesía de clausurar el ciclo de expropiaciones, que todavía subsiste como herencia del régimen de emergencia abierto con la bancarrota y la rebelión popular que estalló en el 2001.

La reforma de la ley de quiebras, impulsada por el kirchnerismo y aprobada hace dos años atrás, se inscribe en este esfuerzo, y ya ha empezado a ponerse en práctica. La justicia le dio el manejo de la fábrica Indiel (metalúrgica de La Matanza) por dos años a la cooperativa de trabajo con el mismo nombre.Los trabajadores de Indiel podrán seguir produciendo pero deberán depositar a la quiebra el 10 por ciento de lo producido el primer año y el 20 por ciento en el segundo, y la porción restante lo destinarán a la continuidad de la producción. El porcentaje requerido en favor de la quiebra es más alto que la utilidad neta que obtienen muchas empresas capitalistas, o sea, que es usurario y confiscatorio .

Pero además, por esta vía, los trabajadores siguen atados a la quiebra (por lo tanto , a merced del juez, el síndico y los acreedores) y asumen la deuda contraída por la patronal vaciadora. Pasados los dos años, y si logran sacar a flote la fábrica, los trabajadores deberán hacer una oferta por el establecimiento, que se habrá revalorizado gracias a su trabajo. Esta cuestión adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta la marcha de la crisis industrial, que ya se expresa en una triplicación de los concursos y quiebras.

En ese cuadro, irrumpe una nueva oleada de fábricas que pugnan por ser recuperadas por sus trabajadores. La "coincidencia" entre oficialistas y opositores, se traslada también a la órbita de los recursos.El común denominador es la asfixia económica y la reticencia a otorgar fondos. Esto empieza con el gobierno nacional que ha suprimido los subsidios a las recuperadas, conocido como "línea 1". No actúa así cuando se trata de los "Repro" para las empresas en crisis o para microemprendimientos y coopetruchas cooptadas por el gobierno, donde existe una mano generosa. No se trata, por lo tanto, de falta de fondos sino de una orientación socia, que tiende a socavar los emprendimientos de la clase obrera. El gobierno prometió sustituir la "línea 1"( que funcionan como complemento salarial) por créditos dirigidos a renovar el capital de trabajo, denominada línea 2, pero éstos tampoco se efectivizaron. Este ahogo económico puede medirse también en el hecho de que, transcurrido diez años, tanto la Ciudad como la provincia, no han puesto el dinero para efectivizar las expropiaciones, pese a contar con fondos asignados y previstos en los presupuestos de ambas jurisdicciones. En el ámbito porteño, apenas un par de cooperativas son la excepción y lo mismo ocurre en el caso de la provincia, pero en forma agravada. El gobierno de Scioli ha sido denunciado penalmente por malversación de fondos por el pago de 103 millones de pesos por la fábrica recuperada ex Wasserman, metalúrgica de la zona norte, administrada por la cooperativa Constituyentes. Es una cifra exhorbitante, que no tienen nada que ver con las tasaciones realizadas y su valor de mercado.

Como resultado de lo expuesto, la precariedad, y la incertidumbre de las empresas recuperadas se ha potenciado.vAl hostigamiento estatal, se le une el parate económico y el derrumbe industrial. Si en plena reactivación ya era difícil lidiar con los obstáculos señalados, con mas razón ahora, que el panorama económico se ha invertido. Muchas de las recuperadas trabajan a fason, y por lo tanto actúan como una suerte de tercerizadas. Están a merced del cliente al que abastecen -o peor aún, de intermediarios- y han debido experimentar cancelación de órdenes de trabajo o recortes leoninos en los precios y chantajes de todo tipo. Buena parte de los retiros que los compañeros realizan han descendido, y sus ingresos están por debajo del convenio de los trabajadores en relación de dependencia de su misma rama de actividad.

Esta situación pone a la orden del día la necesidad de una lucha y movilización común de todas las recuperadas en torno a un programa de acción:

Restablecimiento de la"línea 1" y su actualización a 2000 pesos.

Creación de un fondo compensador para garantizar un salario de convenio.

Otorgamiento de subsidios no reintegrables para el reequipamiento y modernización de la planta, empezando por la apertura de las líneas de crédito ya vigentes que están virtualmente congeladas.

No a los vetos de Macri y Scioli.

Expropiación definitiva y sin pago de las empresas bajo gestión obrera y las que cierren y despidan.

Estatización del sistema bancario e incorporación de directores obreros en una banca nacionalizada.

Reconocimiento y derecho de afiliación de los trabajadores de las recuperadas en los sindicatos en la actividad en que desempeñan sus tareas.