Alrededor del mediodía del lunes 13 de febrero, uno de los trabajadores de la Papelera Azuleña, empresa ocupada ante el lock- out patronal, tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Cristian Lara, "Pachi" para todos, tenía 29 años, mujer y cuatro hijos. La paralización de la fábrica y el verse privado de trabajar y cobrar salario lo llevaron a la muerte. Pachi vivía en los fondos del predio de la empresa y había sido intimado por la propia patronal, la cual no le pagaba el sueldo, a dejar su casa.

A fines de enero, los trabajadores, luego de cuatro meses sin cobrar y el lock-out patronal, decidieron tomar la fábrica.

La empresa, patrocinada por su abogado Germán Vena, estafó a los obreros y al Estado. La patronal le debe una suma de aproximadamente 30.000 pesos a cada trabajador por los Aportes Jubilatorios, la Obra Social y la ART, que son descontados en los recibos de sueldo.

El intendente José Inza de Azul (FpV) ofreció 250 pesos a cada trabajador previa inspección de las asistentes sociales, para luego ofrecerles trabajar en la construcción del Momo del carnaval, por 3.500 pesos a repartir entre todos.

El abogado Jorge Moreno -quien fue candidato a intendente por el Frente de Izquierda- y los trabajadores presentaron un amparo y reclamaron que se autorice a reactivar la empresa bajo gestión obrera. La justicia en primera instancia falló en contra. El juez subrogante, Dr. Jorge Cataldi, declaró inadmisible el amparo, porque "…el dueño del capital, ejerciendo su derecho de propiedad, puede hacer con el mismo lo que quiera". Lo que proponen los obreros -trabajar por el pan para sus hogares- es contrario -dijo- a la ley y "a las buenas costumbres".

El sábado 11, los trabajadores y las organizaciones que integran el fondo de huelga y toma resolvieron en asamblea convocar a una marcha de repudio a la resolución judicial para el 13. Ese día se quitó la vida Pachi.

A la marcha concurrieron compañeros y familiares, también organizaciones políticas, gremiales, sindicales, estudiantiles y vecinos en general.

El último miércoles, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial rechazó el fallo de Cataldi. Se decretaría la quiebra de la empresa y la autorización a la Cooperativa formada por los trabajadores.

Exigimos la expropiación de la planta sin indemnización a los patrones; que se asegure que los trabajadores cobren peso por peso los salarios que se les adeudan; que se ejecuten los bienes de la patronal hasta saldar la deuda.

Que el municipio se haga cargo de la atención integral de la familia de Pachi.