El objetivo de la patronal de Aerolíneas es harto claro: deshacerse de la empresa cargándole la mayor parte del muerto, una deuda de mil millones de dólares, al Estado argentino. Para alcanzar su meta dispone de la alternativa de vender la empresa o declarar la quiebra. En este último caso, el Estado español, que controla Aerolíneas, podrá vender las rutas de ésta a sus socios internacionales en el negocio aéreo y pagar la deuda contraída por los autopréstamos registrados en beneficio del propio Estado español; es decir que sería otro vaciamiento. El Estado español devolvería a su vez el dinero que le prestaron el Santander y el Bilbao Vizcaya. Aerolíneas desaparecería físicamente del mapa, los trabajadores serían despedidos en masa y el Estado argentino se quedaría sin cobrar los 500 millones de dólares que, se calcula, se le debe por impuestos y aportes previsionales no realizados.

Otra variante en esta crisis es llegar a un acuerdo o declarar la quiebra, para pasar la empresa al grupo Eurnekian, que controla los aeropuertos argentinos. Eurnekian está asociado al mismísimo Cavallo, por intermedio de su agente, Guillermo Francos, que entró a AA 2000 de Eurnekian luego de renunciar como diputado cavallista alegando “asco moral”. En esta alternativa, el Estado argentino debería también cargar con el no cobro de lo que se le debe y los trabajadores deberían aceptar despidos y flexibilización laboral; Eurnekian sólo pagaría una parte de la deuda de Aerolíneas y se entregarían las rutas a una operadora internacional. Como dueño de AA 2000, Eurnekian también es deudor del Estado por cánones impagos, lo que deberá ser contemplado en la negociación.

Esta variante provocaría una racionalización del cabotaje aéreo, ya que Eurnekian es dueño de Southern Winds y Lapa está al borde de la bancarrota; todo esto en un mercado recesivo que sólo permite usar la mitad de la capacidad de los aviones. Los despidos y el ajuste afectarían a los trabajadores aeronáuticos de todas las líneas y empresas.

Tanto un acuerdo de venta como la quiebra van en desmedro de los trabajadores y son definitivamente confiscatorios del patrimonio que el Estado entregó en la privatización de 1990.

Recuperar Aerolíneas significa que el estado la expropie e intervenga a todos los bancos asociados a la empresa para recuperar su patrimonio vaciado. Hay que volver a los 24 aviones que había en el ‘90. De lo contrario, el Estado tendría que poner la plata de la recuperación. La estatización aislada de Aerolíneas significaría una confiscación parcial del patrimonio nacional.

Para alcanzar una salida hay que superar la división de los sindicatos y el hecho de que la mayoría de sus direcciones se han comprometido con el “plan director” del Estado español, el que invariablemente conduce a despidos en masa. Es necesaria una asamblea general intersindical y una huelga indefinida de todo el tráfico aéreo.