Los metalúrgicos cordobeses ocuparon otra fábrica cerrada, Cimetal. En la misma provincia Montich, otra autopartista, pide Repros, Conmeca está en concurso de acreedores y vacía maquinarias para trasladar la planta. Cuatro sindicatos reclaman reapertura de paritarias por hundimiento de sus salarios: los docentes de UEPC, el gremio más grande de la provincia, Luz y Fuerza, Aoita del transporte y Sadop de docentes privados. Al Smata no le va mejor, ni en Córdoba ni en ningún lugar del país.

Pero Córdoba es sólo un botón de muestra. La consultora SEL indica que los conflictos en agosto crecieron 25 veces respecto del mismo mes del año anterior, y que el 64% provienen de los cuerpos de delegados y sindicatos seccionales enfrentados a las direcciones de sus sindicatos.

Las demandas del paro del 28 de agosto no sólo están pendientes, se agravan. La respuesta del gobierno ha sido profundizar el ajuste. Mantiene los mínimos de ganancias, incrementó el salario mínimo sólo un 22%, aumentó los combustibles y la luz y le niega un aumento de emergencia a los jubilados. Crecen las suspensiones y despidos de la mano de un récord de quiebras y convocatorias de acreedores, ante lo cual el gobierno sólo puso en marcha los Repro, es decir, un subsidio a las patronales.

Los que se arrogan la “intervención del Estado” -por una ley de abastecimiento inútil- dejan a miles de trabajadores librados a su suerte: a Donnelley la condenan al calvario de una cooperativa, y Emfer agoniza en medio de la negativa a estatizar ese importante taller ferroviario. Tampoco mueven un dedo ante los cierres de frigoríficos, que ya suman 17 mil despidos.

Los motivos para dar continuidad al paro sobran. Pero para Moyano, un plan de lucha “es de principiantes”. Tras el paro de agosto, su hijo Facundo se ha alineado definitivamente con Massa. Mientras tanto, Plaini se alinea en el sciolismo, para armar la “mesa sindical” del candidato kirchnerista que rigorea a medio millón de estatales provinciales. En lo que respecta al propio Moyano, ha reforzado sus vínculos con Macri. La burocracia sindical se ha zambullido de lleno en el apoyo a las variantes capitalistas que se disputan la sucesión política y que son completamente hostiles a los reclamos obreros que enfrentan desde sus propias gobernaciones.

Pero el inmovilismo de la burocracia opositora sería también una posible prenda de unidad del sindicalismo peronista, que han considerado Gerardo “Batallón 601” Martínez y Moyano. Esa unidad de la burocracia busca neutralizar al nuevo activismo en los sindicatos, el terreno donde se desarrolla la izquierda.

Cristina intimida a las luchas obreras y sus demandas agitando el fantasma de un “estallido”. Pero al “estallido” lo preparan los capitalistas y el mismo gobierno, mediante una nueva devaluación. Nuestra política de impulsar el paro de 36 horas y la continuidad del plan de lucha debe ser motivo de una gran campaña política en el seno del movimiento obrero, planteando la cuestión de un Congreso de Delegados electos de los trabajadores para discutir un plan económico a partir de nuestras reivindicaciones.

Ellas son: prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ocupación de toda fábrica que cierre; reapertura de paritarias y salario mínimo equivalente a la canasta familiar; aumento de emergencia a los jubilados; abolición de ganancias en los salarios convencionales y el rechazo a todas las leyes represivas. La agitación política a favor del repudio de la deuda externa y un referendo para decidir, contra la entrega petrolera y a favor de la nacionalización de los recursos estratégicos, la banca y el comercio exterior, forman parte de un programa político de la izquierda revolucionaria ante la crisis.

Con esta orientación, hemos planteado a toda la izquierda y el activismo clasista el Congreso del movimiento obrero y la izquierda para el 8 de noviembre próximo.