La Federación aceitera acaba de suscribir con la cámara empresaria del sector un acuerdo salarial en el marco de la cláusula de revisión paritaria. El aumento alcanza el 54% anual y equivale a un salario mínimo de convenio de $49.500 en bruto ($54.900 en diciembre). Además incluye una suma por única vez de $10.000, que absorbe el bono trucho del gobierno. El acuerdo implica un salario mínimo superior a la línea de pobreza, un reclamo de todo el movimiento obrero. Sin embargo, la letra chica desnuda enormes límites.

Aumentos en negro

Tanto el aumento salarial como la suma fija son de carácter no remunerativo. El dinero que un trabajador percibe bajo esa modalidad es un salario en negro. La patronal se ahorra los aportes, lo que desfinancia a la obra social y la caja jubilatoria. Es decir que a la larga es un ajuste sobre la salud y la jubilación del obrero.

Este acuerdo en particular garantiza los aportes al sindicato, porque las empresas realizarán una contribución del 5,4% con relación a los aumentos y a su vez retendrán un 2,7% a los trabajadores. También aportarán la cuota sindical, aportes y contribuciones establecidas en el convenio de la actividad destinadas a los sindicatos de primer grado. La Federación recibirá además un 40% del aumento correspondiente a los salarios básicos de convenio por única vez en octubre, una especie de “diezmo” obligatorio. Los montos oscilan entre $4.500 para las categorías más bajas y $5.800 las más altas.

También se incluye en el acuerdo una compromiso de iniciar, dentro de los próximos seis meses, instancias de negociación para revisar condiciones de trabajo, en medio de fuertes presiones patronales por imponer cláusulas de productividad que van en detrimento de la seguridad laboral y atan el salario a la superexplotación.

El acuerdo no fue refrendado por ninguna asamblea de fábrica, plenario de delegados, ni asamblea de gremio. Las negociaciones mismas transcurrieron sin mandato y sin un seguimiento de las bases. Se repitió el mecanismo del año anterior (revisión de la paritaria 2018) que significó una pérdida de casi 7% en el salario aceitero. Prescindir de la deliberación y la movilización de las bases lleva a acuerdos que relegan derechos conquistados.

Una paritaria desmovilizada en un gremio golpeado

La cámara empresaria venía pateando la revisión paritaria desde julio, y las negociaciones comenzaron luego de la convocatoria de la Federación a un paro el día 4 de septiembre, que fue levantado tras el dictado de conciliación obligatoria. Es una muestra de que las patronales reaccionan bajo presión.

Los aceiteros vienen sufriendo golpes importantes. En última etapa se desplegó una sangría de puestos de trabajo en la industria aceitera. Hubo despidos y recorte de conquistas en Dánica Llavallol, cerró Nidera dejando 200 trabajadores en la calle, y hubo despidos masivos en Dánica San Luis, Viluco, Bunge, Cargill, y en otras empresas.

Frente a este cuadro y ante cada conflicto, la Federación Aceitera se rehusó a convocar una acción de conjunto. Cada lucha se libró de manera aislada, con una destacada resistencia de la base pero chocando con la orientación desmovilizadora de la dirección gremial. Se sacrificó la movilización obrera en el altar de la integración de la Federación al frente moyanista del 21F, en pos del relevo electoral peronista-cristinista. 

Este ataque en regla demanda una respuesta de conjunto de la organización sindical, por aumentos salariales genuinos, para derrotar los despidos masivos, los cierre de fábricas, la flexibilización del convenio, los recortes salariales y de conquistas laborales.

Por una salida obrera

Las patronales aceiteras salieron beneficiadas automáticamente con la devaluación post Paso que significó un masazo para las familias trabajadoras. Por eso coinciden con Alberto Fernández en mantener al peso “razonablemente” devaluado, lo que diluye el aumento salarial conseguido y hunde a millones de nuevos trabajadores en la pobreza.

Con las ganancias extraordinarias que embolsaron las agroexportadoras, porque venden en dólares y pagan salarios en pesos, pueden costear el aumento salarial en blanco, sin desfinanciar la obra social ni la caja jubilatoria. Pero para conquistarlo, en un cuadro de ofensiva patronal, es necesario impulsar la deliberación y la movilización del gremio, desplegar la enorme capacidad de lucha que muchas veces mostraron los aceiteros.

Las negociaciones con el capital financiero y con el FMI para garantizar el pago de la deuda incluyen una agenda de ataques a los salarios y los convenios colectivos. En busca de los dólares necesarios para pagar, Alberto Fernández asegura que otorgará mayores beneficios a los exportadores, es decir más devaluación y menos impuestos a las patronales, todo lo cual es costeado por los trabajadores. La clase obrera debe irrumpir en la escena con un programa que unifique los reclamos: por la reapertura de paritarias, contra las reformas flexibilizadoras de los convenios, por la ocupación de toda fábrica que cierre, despida o suspenda masivamente. Por un paro activo de 36 horas para derrotar el régimen del FMI y la ofensiva patronal.