En una demostración del rotundo fracaso del acuerdo salarial para 2021, el gobierno se vio obligado a reabrir la paritaria en el Estado. Nuevamente sin consultar a nadie, las conducciones de UPCN y ATE pactaron un 10% a cobrar junio que se suma al 54% revisado en febrero y al igual que las anteriores siete cuotas, no es acumulativo y se computa sobre el salario de mayo 2021, completamente devaluado. Se actualizó el reintegro por jardín materno-paternal y el presentismo.

En sí misma, la convocatoria revela la feroz política de ajuste del gobierno, ya que los tarifazos en puerta y la tendencia devaluatoria que reclama el FMI fogonean constantemente los precios y la pérdida salarial.

No hay forma de maquillar este acuerdo. El operativo propagandístico de Andrés Rodríguez de UPCN y “Cachorro” Godoy de ATE Nacional muestra su integración total al gobierno, mientras siguen entregando nuestro salario a cambio de un suculento descuento a no afiliados. Por su parte, la Verde y Blanca de Ate Capital celebra una supuesta elevación salarial de manera “crítica” (aunque sin nombrar "ajuste" ni "FMI"). Todo se derrumba ante la evidencia.

La realidad detrás del dibujo

Este acuerdo consagra una miseria salarial inédita en el Estado. La categoría testigo del convenio colectivo mayoritario del Estado (SINEP) quedará en $55.600 de bolsillo, a $34.000 de la línea de pobreza que el INDEC mide en $89.690. La inicial bordea la indigencia y el 90% del escalafón está debajo de la canasta de consumos mínimos de $145.456 (medida al 31 de marzo por la Junta Interna de ATE INDEC). La pérdida desde 2015 se acerca al 40% luego de años paritarias a la baja, incluyendo el histórico robo de 2020 con un único aumento de 7% firmado por ambas burocracias de UPCN y ATE sin chistar.

Luego, el gobierno y la burocracia presentan porcentajes a conveniencia. El 64% se cobrará recién en junio, dejando doce meses de salario pulverizado. Incluso, su impacto disminuye en salarios inferiores, ya que no actualiza la suma fija de $3.200 de principios de 2020, otorgada por Alberto Fernández para violentar la revisión 2019. Lo mismo en el caso de “80%” para el Convenio Sectorial SINEP. A la vez, el “aumento” de reintegro, además de insuficiente, solo deja en evidencia la ausencia de jardines en el Estado y también la demagogia del gobierno que celebra la reglamentación de la Ley de contrato de Trabajo en torno a este punto mientras es el primer infractor. El presentismo continúa presionando a trabajadores empobrecidos a no hacer uso del régimen de licencias.

El acuerdo perpetúa la precarización laboral en el Estado, que el gobierno continúa utilizando al servicio del fraccionamiento salarial y que representa una amenaza sobre los puestos de trabajo. Los delegados paritarios ni siquiera han reclamado las 29.000 vacantes de planta permanente anunciadas a fines de 2020. La entrega es total.

A la vez, con el regreso a presencialidad total en las dependencias, la catástrofe material crece y moviliza a miles de estatales sin el salario suficiente siquiera para afrontar nuevos gastos de transporte, comida y cuidados familiares. Previamente, durante el aislamiento, el gobierno nos pasó la factura del teletrabajo, cargándonos con costos de servicios y conectividad, flexibilización laboral, ataques al régimen de licencias, etc. Bajo la supervisión de las cuentas públicas por el FMI, los anuncios oficiales sobre “nuevas modalidades de trabajo” en el Estado preparan el terreno para mayores ataques sobre el salario y nuestras condiciones de trabajo.

Derrotar esta política de ajuste y hambreadora reclama organizar toda la fuerza de los estatales, superando a la burocracia sindical de UPCN y ATE, comprometida hasta los tuétanos con el gobierno (nuestra patronal). De cara a la paritaria 2022, la pelea contra los techos salariales pactados por el gobierno con el FMI deberá ser organizada por la base y alrededor del programa que levantan las Juntas Internas combativas de ATE: salario inicial equivalente a la canasta de consumos mínimos de $145.456 (medida al 31 de marzo por ATE INDEC) y actualización mensual por inflación, 48% en un pago para recuperar lo perdido en los últimos años, pase a planta permanente, abajo el acuerdo con el FMI.

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