La política salarial “de emergencia” esbozada por el Ministerio de Trabajo, consistente en prolongar las sumas fijas por decreto y postergar las negociaciones hasta resolver la reestructuración de la deuda, no encontró suficiente consenso entre las direcciones sindicales que se definen “parte del Gobierno”.

Mientras los gremios cegetistas con menor capacidad de presión y ambas CTA se mostraron favorables, los más grandes aducen que se achata la escala y temen tensiones con sus bases. Tampoco la burocracia ve con buenos ojos perder el control de esa palanca; “me eligieron para discutir paritaria, ¿cómo voy a renunciar a eso?”, declaró el panadero Abel Frutos.

Las patronales tampoco tienen una postura homogénea. La UIA se mostró de acuerdo pero varias cámaras de Pyme lo subordinan a algún tipo de asistencia estatal. En esta posición también se encuentran las patronales de colectivos, que subordinan el pago del 18% adeudado desde septiembre del año pasado y de la nueva escala, a la restitución del Fondo Compensador de subsidios (un factor de crisis adicional es la interna explosiva entre la burocracia oficial del Gallego Fernández y el moyanista Bustinduy).

La reunión de la mesa chica de la CGT para analizar el tema terminó dando “libertad de acción” a los gremios, aunque se aclaró que todo está “condicionada por la deuda”.

Las revisiones y los cierres de 2019 que tuvieron lugar con posterioridad al decreto absorbieron, en su mayoría, los 4.000 pesos: Vidrio, Bancarios, Rurales. El Smata y la rama de Sanidad que agrupa a los laboratorios y droguerías, incluso, hicieron valer las cláusulas gatillo negociadas el año pasado, que el Gobierno pretende eliminar de la discusión por considerarlas “un mecanismo de indexación de la economía”. Los mecánicos hace mucho que utilizan la actualización automática trimestral para las escalas en las terminales automotrices (no alcanza a las concesionarias).

El primer acuerdo del 2020 -Utedyc– completó, con la suma fija, un 20% en cuotas, por siete meses. Y poco después cerró Camioneros por un 26,5% hasta junio, en dos tramos, y con absorción de los 4.000 pesos incluida.

La paritaria corta es una alternativa intermedia que el Gobierno considera un mal menor ya que elimina la actualización automática. Es lo que el ministro Trotta deslizó a los docentes en la primera reunión de la paritaria nacional: acuerdo trimestral sin gatillo. Axel Kicillof anunció que la provincia de Buenos Aires desconocería parcialmente la cláusula gatillo ya que postergará el pago de una diferencia en el salario de diciembre (el índice de ese conoció en enero). Se trata de unos 562 millones de pesos, una migaja al lado de los 15 mil millones que Kicillof entregó a los especuladores por el bono BP21.

La reacción del Frente de Unidad Docente (que agrupa a Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop) se limitó a emitir un comunicado señalando que “estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”.

Otros sindicatos evalúan replicar el modelo de la paritaria bancaria, que incorporó sumas fijas escalonadas: la UOM, la Alimentación y la Unión Ferroviaria (“Podría ser una suma porque es un período corto, pero no similar para todos”, declaró el ferroviario Sergio Sasia).

La regimentación de las paritarias y la modificación de la movilidad jubilatoria son piezas centrales del esquema de Alberto Fernández para “generar las condiciones de estabilidad que sienten las bases para el repago de la deuda”. La “moderación” de los reclamos actuaría como un ancla antiinflacionaria.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2019, muy pocos pudieron ganarle a la inflación del 53,8%. La mayoría se ubicó entre el 40 y 46%. Por otro lado un sondeo realizado entre las empresas líderes indica que los ajustes salariales previstos para este año orillan el 40%. Es decir, apuntan a consolidar la pérdida acumulada.

La adhesión disímil de la burocracia al plan A del Ejecutivo -sostener los aumentos fijos por decreto- no es un traspié decisivo pero le presenta un terreno empinado. Algunos gremios -Camioneros, Aceiteros, Petroleros y Bancarios- son ubicados en un “bloque preferencial” (agreguemos allí, por su combatividad, al Sutna); pero los que marcan el rumbo son las negociaciones de los grandes gremios intermedios -Comercio, Construcción, Sanidad y UPCN- que arrancan entre abril y junio.

Comercio, con 1,2 millón de trabajadores involucrados, es uno de los que descontaron la suma fija de la paritaria anterior y ya adelantó su disposición a utilizar la misma modalidad para la de este año.

La lucha en torno a la recuperación salarial será un campo de intervención fundamental. En primer lugar para desenvolver una amplia agitación contra toda regimentación que subordine el salario y las condiciones de laborales a los acuerdos con los especuladores internacionales y el FMI; por un congreso de delegados con mandatos de asambleas y plenarios que vote un plan de acción contrapuesto a la subordinación de las burocracias de la CGT y las CTA.