Este martes y miércoles habrá un paro de los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia. La conducción de la UTA pide un aumento salarial del 50% anual, similar al de los choferes del AMBA; un porcentaje menor a la inflación proyectada en torno al 80%.

La medida fue anunciada el pasado jueves, pero el gobierno y las patronales siguen rechazando el reclamo. Diferentes versiones afirman que se espera el dictado de conciliación obligatoria, para seguir negociando.

El pasado 8 de abril UTA acordó un salario de $121.000 desde abril, $127.000 en mayo, $138.000 para junio y de $150.000 pesos a partir de agosto, para volver a discutir sueldos recién el año que viene. Hay que tener en cuenta que según un informe realizado por la Junta Interna de ATE Indec una familia tipo integrada por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó en marzo $ 145.456 para cubrir sus necesidades de bienes y servicios básicos. De modo que lo que pide la dirección de la UTA está por debajo de la canasta básica familiar.

Las patronales presionan para cobrar más subsidios públicos, fondos que manejan discrecionalmente. Diferentes fuentes afirman que hace años que las empresas tienen paralizadas las inversiones. En ciudades como Córdoba el uso de colectivos sin el mantenimiento necesario dejan a pie a lxs vecinxs de la ciudad, pero el intendente Martín Llaryora y la oposición patronal acuerdan en esta demanda de más subsidios con un supuesto discurso “federal”, defendiendo el parasitismo empresarial de Ersa. Cintia Frencia, la concejala del FIT-U en la capital cordobesa, reclamó la quita de la concesión del servicio y el congelamiento de la tarifa entre otras medidas para garantizar el derecho al transporte.

En un comunicado de Fatap, la cámara que nuclea a las empresas del rubro, argumentan que “sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”. El acuerdo con el FMI cuestiona estos fondos para los servicios públicos, lo que complica todavía más el funcionamiento de las empresas concesionarias que se sostienen con recursos estatales.

Las empresas deben rendir cuenta del destino de los subsidios millonarios que perciben, y por lo recaudado por el corte de boletos. La apertura de los libros de las empresas mostraría la necesidad de la estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarixs, como la única salida para garantizar un salario inicial de los choferes no inferior a la canasta familiar y el derecho al transporte del pueblo trabajador.

https://prensaobrera.com/politicas/bonos-rentas-inesperadas-ajuste-del-fmi-y-luchas

https://prensaobrera.com/politicas/el-1-de-mayo-en-la-crisis-nacional/