Se trata de una nueva medida de fuerza votada en el último Plenario de Secretarías Generales de la Conadu Histórica y por decenas de asambleas docentes desarrolladas en las universidades nacionales, tal como hicimos el viernes 23 en el sindicato Adunlu donde -junto a la AGD-UBA, Adiunt y otras asociaciones de base- llevamos como mandato al Plenario la realización de un paro nacional de 72 horas en rechazo a la oferta salarial del siete por ciento. Además, el Plenario de la Conadu Histórica rechazó por unanimidad el techo del siete por ciento.

Tras 120 días de vencida la paritaria del sector, y luego de varias reuniones oficiales sin propuesta salarial, el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Rectores (CIN) presentaron la semana pasada una oferta de “aumento” del siete por ciento a partir de octubre y una “revisión en diciembre”. Se trata de la misma e irrisoria cifra que ya repudiaron miles de estatales nacionales, trabajadores/as de la salud, investigadores/as y becarios/as del Conicet.

El 7% no es aumento, es ajuste

Ese siete por ciento confirma que para julio, agosto y septiembre el aumento de los sueldos docentes será de cero por ciento. Ello en plena devaluación del peso, escalada inflacionaria y en el contexto de virtualización forzosa de la enseñanza con sobrecarga de trabajo en clases y exámenes finales remotos.

El siete por ciento representa perder no menos de 17 puntos de poder adquisitivo de nuestros salarios frente a la inflación acumulada desde octubre del 2019. Deja el salario testigo -ayudante de primera con 20 horas de trabajo semanales en la universidad- en 25.000 pesos, cuando la Canasta básica para no ser pobre supera hoy los 47.200 pesos. Significa que miles de docentes que tienen cargos ad-honorem y adscriptos seguirán sin salarios. Condena también a los jubilados/as universitarios –docentes e investigadores/as- a una nueva reducción de sus haberes. Representa también un nuevo recorte sobre las obras sociales universitarias que impactará de forma negativa sobre la salud y las condiciones de vida en miles de familias. A fin de cuentas, se trata de un nuevo y brutal ajuste sobre el salario de toda la docencia universitaria y preuniversitaria.

Por todo eso, este 27 y 28 paramos 48 horas en la UNLu y en más de 20 universidades nacionales. Lo hacemos en defensa del salario, por el reconocimiento de gastos por conectividad en todas las universidades –tal como conquistamos en la UNLu-, por las suplencias frente a licencias y dispensas, por renta para los y las ad-honorem, en defensa las obras sociales universitarias y por el aumento presupuestario.

Frente al ajuste del gobierno nacional y los rectores, a través de la organización y la movilización desde abajo debemos impedir una nueva entrega de las direcciones burocráticas de la Conadu (De Feo), Fedun, UDA, Ctera y Fagdut. Este es un momento nodal, donde es necesario profundizar a lo largo y ancho del país el plan de lucha. Defendamos con fuerza nuestros salarios, las condiciones de vida y la universidad pública, gratuita y laica.