Luego de un prolongado almuerzo con Menem y Duhalde, Lorenzo Miguel decidió por sí y ante sí levantar el paro metalúrgico, hecho del cual los trabajadores de la UOM se notificaron, una vez más, horas antes y por los medios de difusión. El “acuerdo” por Somisa ni siquiera deja las cosas como están, esto porque obliga ahora a la burocracia a forzar a los trabajadores a acogerse a los "retiros voluntarios”, es decir a impulsar las cesantías encubiertas. De todos modos como ya anticipó Lorenzo Miguel “el acuerdo llega más o menos hasta setiembre”

La posibilidad de este levantamiento del paro estaba planteada desde el mismo momento de su convocatoria. En los congresos de delegados, los directivos subrayaron que a pesar de la medida “la UOM sigue siendo oficialista”, e incluso que “no estamos en contra de las privatizaciones y aún en caso de despidos queremos que sean consensuados”, lo que ya revelaba el carácter de las tratativas en marcha. La burocracia se había opuesto al planteo de algunos delegados —en Capital y otras seccionales— de movilizarse el día de paro junto a los trabajadores de Somisa, con el argumento de que el paro era “exclusivamente” por Somisa y que el tema salarial debía “circunscribirse” a una acción judicial de Inconstitucionalidad del decreto del gobierno que prohíbe los aumentos por inflación.

El paro de 24 horas, a pesar de su carácter aislado y regimentado, iba a cumplirse masivamente. El callejón sin salida de la política miguelista aflora en todos los terrenos. En Somisa la pregonada “privatización con participación” de los trabajadores es tan solo un slogan para cubrir la retirada frente al plan de Triaca, porque las características de las "privatizaciones” las fijarán los bancos acreedores en compromiso, a lo sumo, con los "capitanes de la industria” nacionales. Los sueldos siguen congelados y las cámaras patronales no han querido siquiera reunirse para considerar el pedido de un 25% hecho por la UOM. Las empresas están lanzadas a eliminar las claúsulas indexatorias de los salarios establecidas en los acuerdos de taller o fábrica.

Incluso la Obra Social, de cuya gratuidad se envanecía el aparato, ha entrado en colapso, como consecuencia entre otras cosas de “la deuda empresarial de 350.000 dólares” (Crónica, 8/ 7/91). El déficit llega a los 180 millones de dólares, fruto del desfalco y del negociado a favor de los pulpos privados de la salud, que esperan ser los beneficiarios de la Obra Social, una vez “saneada” La burocracia alega que el déficit nació con la intervención de la dictadura, pero en cualquier caso sus hombres fueron los cómplices, al integrar las comisiones “asesoras” y “normalizadoras” desde el 76 en adelante. Ante el derrumbe, la burocracia ha pactado la arancelización de los servicios hasta niveles prohibitivos y anunció el cierre de consultorios externos en varias seccionales y 500 despidos.

En respuesta a esta crisis de la UOM, varias fábricas han lanzado planes de lucha en defensa de la indexación salarial. “¿Podemos seguir siendo 'oficialistas' frente a este ataque en todos los frentes? ¿Hasta cuándo sostener a este gobierno?” Esto lo plantearon varios representantes en los plenarios de delegados. La dirección de la UOM enfrenta un estado de deliberación creciente, y por la misma razón ha acentuado el matonaje en sus filas —expulsión de los delegados de Decker en Capital.