Ante el anuncio de la federación patronal (Fatap) que agrupa a las empresas de las provincias del interior del país, que no podrán pagar los salarios, la UTA declaró un paro de 24 horas desde las 12hs del jueves 16 hasta las 12hs del viernes 17.

El comunicado oficial de la UTA señala “la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado”, acercándose claramente al reclamo patronal de un aumento de los subsidios. La Fatap anunció que no puede pagar salarios, afectando a 33 mil choferes del interior del país, y amenazando con el cierre de líneas completas, lo que significará el despido de miles de trabajadores. Reclaman “asistencia” estatal, es decir, más subsidios. Hace semanas la Fatap hizo público este reclamo a la vez que denuncian una distribución de los cuantiosos subsidios más favorable a las patronales de líneas del conurbano y la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, las empresas provinciales y municipales del conurbano, líneas desde la número 200 en adelante, vienen amenazando con cortar el servicio también en reclamo de subsidios.

Las líneas de jurisdicción nacional, de la 1 a la 199, anunciaron que no respetarán la resolución del gobierno de mantener la frecuencia de día hábil, comenzando a reducir los servicios.

Todas las patronales se enfilan a una presión sobre el gobierno para absorber nuevos subsidios, utilizando como elementos de extorsión a los choferes y a los pasajeros, es decir, a los trabajadores que en el marco de la cuarentena siguen concurriendo a trabajar.

La medida de la UTA, si bien es legítima debido a que es esencial la exigencia del pago de salario íntegro de los choferes, no dirige ningún planteo hacia las patronales que han embolsado millones de pesos en subsidios año tras año. Las empresas se apoyan en la caída del 90% de pasajeros lo que significa una caída en la recaudación de los boletos. Sin embargo, es ineludible cuestionar por qué motivo las empresas no pueden cumplir con el pago de salarios luego de ganancias y subsidios extraordinarios durante años. 

En este punto es necesario exigir, por un lado, que el Estado garantice los salarios adeudados de manera directa y no a través de un aumento de subsidios, así como la apertura de los libros de las patronales bajo control de comisiones de trabajadores electos en cada línea que pongan de manifiesto las ganancias obtenidas y su capacidad para asumir los salarios en el cuadro de la pandemia. Esta orientación busca direccionar la fuerza de los trabajadores por sus reclamos de salarios y defensa de los puestos de trabajo, y no poner la organización sindical al servicio de la extorsión patronal para seguir embolsando millones.