Un paro de la UTA se lleva adelante este martes 5 de marzo en varias provincias, como Santa Fe, Neuquén, Corrientes, entre otras. Reclaman porque el salario no aumenta desde noviembre de 2023 para la mitad de los trabajadores del gremio y quedó estancado en $537.000, por debajo de la línea de pobreza. La parte de Técnica está peor: 15% debajo de ese monto. La inflación trepó un 75% aproximadamente desde este último incremento, producto del brutal golpe a los salarios provocado con la devaluación de diciembre que aplicaron Milei y Caputo, agravando el cuadro de caída en los ingresos que ya venía provocando la política de ajuste del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Las patronales, el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales están unidos en el ataque al salario. Las empresas dicen que no pueden otorgar aumento por el recorte en las compensaciones tarifarias (subsidios), aún cuando las tarifas no han dejado de subir incluso por encima de la inflación, avaladas por los gobiernos. Según las patronales los aumentos tarifarios están destinados a recomponer su “rentabilidad”, no los salarios, lo cual pone en cuestión la idea de que para mejorar el salario deban aumentar las tarifas.; por el contrario, el control de los costos y utilidades (ganancias) de las empresas debería ser la primera medida previa a cualquier intento de aumento del valor del pasaje.

El gobierno nacional efectivamente eliminó los subsidios al transporte público de la mayoría de las provincias. Los fondos estatales destinados a los salarios de los choferes deben ser restituidos inmediatamente e incrementados, con control de los propios trabajadores para que se destinen a dicha finalidad.

Es parte de una política general de ataque del ingreso de los trabajadores. Por eso hemos visto en las últimas semanas numerosas huelgas por aumento de salarios ante el fracaso de las paritarias: la Fraternidad, docentes, Sanidad, aeronáuticos, entre otros. Milei y Caputo aplican como política la licuación de los salarios -y ni hablar de las jubilaciones, los sueldos de los empleados públicos y los subsidios a los trabajadores desocupados- y empujan a una recesión, y buscan que el costo de la crisis económica la paguen los trabajadores y sectores populares.

Frente al paro convocado por la conducción de la UTA hubiera sido necesario realizar asambleas en todas las líneas y empresas, para votar las medidas de fuerza y su continuidad con la reivindicación de un salario mínimo de bolsillo de $1.000.000 igualando a todo el personal -choferes y técnica-, con cláusula de ajuste automático por inflación.

El profundo ataque al salario que estamos describiendo no debería ser enfrentado dividiendo en partes el gremio al momento de llevar adelante medidas, más todavía cuando en el AMBA está el antecedente de que el acuerdo paritario no fue cumplido para todos los trabajadores y se están desarrollando una gran cantidad de despidos -que comienzan por los compañeros contratados de manera precaria a quienes no se les renuevan los contratos-, e incluso hay una importante reducción de los servicios que puede derivar en nuevas cesantías.

Esa es la política de Roberto Fernández, que convoca a una medida aislada y limitada. La fracción de Horacio Bustinduy y la Palacios, al estar completamente alineados con el monopolio Dota directamente carnerean estas medidas y las atacan.

Todos los choferes del país deberíamos confluir en un paro y plan de lucha por los objetivos planteados, con una movilización nacional. Están amenazados los salarios y puestos de trabajo. Partamos de la lucha por la paritaria desembocar en un nuevo paro nacional contra la rebaja de los salarios y el conjunto del plan antiobrero de Milei y Caputo.