El gobierno de Macri lleva ya meses de hostigamiento a los trabajadores de la energía nuclear.

Luego del despido de contratados –primero, del área de mantenimiento en el ex obrador de Atucha 2, y luego contra quienes desempeñaban tareas al interior de esa central–, ahora se ha embarcado en una campaña de confiscación salarial contra los operarios de la empresa Nucleoelectrica Argentina S.A. (Nasa), que es quien opera y mantiene las centrales nucleares: luego de un par de meses en los que la patronal se dedicó a esparcir rumores de todo tipo (que iba a haber despidos, que no se pagaba el sueldo, que no se pagaba el premio por producción…), el 23 de enero citó oficialmente a los representantes de Luz y Fuerza para decirles que el bono por producción (que por convenio se debe pagar en enero) se abonaría en cuatro cuotas, desde abril a septiembre.

La reacción inicial de los trabajadores fue votar, en una asamblea que se desdobló en dos jornadas, la realización de quites de colaboración por 72 horas, que frente al silencio de la empresa se transformaron en paros rotativos por sectores durante el miércoles 31 y el jueves 1°. También votaron movilizarse a la próxima reunión con la empresa.

Atentos a la necesidad de defender el convenio, intiman a Nasa a pagar el bono en una cuota y en enero. Reclaman también una negociación salarial por montos preacordados (en la paritaria, del 20%, se había establecido sumar un tramo más del 3 o 4%, lo que ahora la empresa se niega a cumplir) y la devolución de un día de paro que había sido descontado irregularmente.

El presidente de la empresa argumenta que la misma debería endeudarse para pagar en tiempo y forma. Pero el balance anual de Nasa es público, y en el mismo puede verse que la empresa reporta ganancias en el último ejercicio; además de que cuenta con una partida del tesoro nacional asignada.  ¿Cómo puede ser que en estas condiciones no cuente con el dinero del bono que reciben los empleados todos los años? Sencillamente Nasa cuenta con esos fondos, pero se encuentra en pie de guerra contra sus trabajadores. Todos estos avances sobre los trabajadores son parte de una estrategia de la empresa para que los trabajadores acepten resignar parte de sus derechos o incluso puestos de trabajo.

Estos ataques recorren todos los organismos del Estado, con la disposición del gobierno de echar trabajadores y reducirles el salario con paritarias a la baja –en definitiva, una campaña de expropiación de los trabajadores.

Los trabajadores necesitamos derrotar esta ofensiva de conjunto: además de tomar medidas en cada lugar de trabajo, es necesario un paro nacional y un congreso de delegados para votar un plan de lucha que derrote esta política.