La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), lanzó este miércoles una huelga nacional de 24 horas a partir de la hora cero de mañana, que comprende a las empresas de la actividad de todo el país. La medida se tomó ante la falta de acuerdo en el conflicto por la crisis de la cooperativa Sancor.

 

En una política abiertamente extorsiva, el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, condicionó el otorgamiento de un crédito de $450 millones para la cooperativa a un previo plan de reestructuración de la misma y de reducción del “costo laboral”, lo que supone el despido de 1.500 trabajadores, que es una condición puesta por los potenciales interesados en comprarla. El “trabajo sucio” debería ser hecho por la actual patronal.

 

Pero el gobierno y las patronales van por más. También plantean la liquidación de conquistas de todos los trabajadores del sector, por la vía de reformar a la baja el convenio colectivo de trabajo.

 

Macri se sumó a la ofensiva: en su visita a la provincia de Santa Fe, donde tiene su sede Sancor. Se despachó con la afirmación de que una de las culpas de la crisis de la cooperativa es que los trabajadores lácteos tienen "un pésimo convenio laboral", en el sentido de que se deben liquidar conquistas. La excusa oficial y patronal para este ataque es “hacer más competitivas a las empresas para la contratación de personal” (La Nación, 24/4).

 

La crisis en SanCor es utilizada así para imponer una mayor flexibilización y precarización a todos los obreros del sector, a lo que se suma el planteo de postergar todo tipo de aumentos salariales. Desde el gobierno y las empresas plantean que el gremio no negocie salarios por el segundo semestre, manteniendo como único aumento salarial anual el 13,8% acordado para la última paritaria semestral.

 

Como lo declaró sin vueltas hace un tiempo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere: "Se necesita un acuerdo como el de Vaca Muerta para la lechería"(Perfil 12/3).

 

Entre el gobierno, las patronales y los sindicatos hay un principio de acuerdo para abrir la negociación de la letra chica del convenio colectivo. El sindicato está dispuesto a entregar categorías y la incorporación de premios por presentismo.

 

Buryaile, con el aval de todas las patronales lácteas y no solo la de Sancor, también pidió que se reduzca de $3900 a $1500 (en realidad algunas empresas piden que baje a no más de $500 a $750 por trabajador), el denominado Bono Solidario que las empresas pagan al sindicato con el objetivo teórico de ser destinado a gastos de la Obra Social, aunque los trabajadores saben que esos fondos jamás fueron utilizados para tales fines.  

 

Como indicáramos en Prensa Obrera (16/3), “el problema de Sancor no es el costo laboral sino el costo empresario. La reducción de la producción ha ido de la mano de un aumento de la capacidad ociosa y con ello del aumento de los costos fijos a lo que hay que sumar los tarifazos y la devaluación. Ni hablemos del costo financiero: Sancor tuvo que soportar intereses usurarios que fueron creando una deuda que asciende a 280 millones de dólares”. 

 

La crisis de Sancor y de la industria láctea en general se asienta, fundamentalmente, en que el consumo de leche ha caído desde el 2015 hasta ahora en un 30%, de acuerdo con un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, lo cual está mostrando la pauperización de la población, ya que se trata de un producto de primera necesidad.

 

En la misma nota destacábamos que “la crisis de la industria láctea hunde sus raíces en una brutal caída del mercado interno. Esto es lo que está en la base del colapso del sector y no el exceso de personal, que ha pasado a ser el latiguillo sobre el que vienen batiendo el parche la patronal y también la propaganda oficial. El gobierno actual y, agreguemos, los gobiernos provinciales cómplices, se declaran ´ajenos´ a la crisis de Sancor cuando son sus primeros responsables”.

 

Hay que rechazar la extorsión del gobierno y las patronales. Ningún despido. Los trabajadores no sobran, sino que faltan, si tenemos en cuenta las necesidades populares, que deberían ir de la mano de una reactivación de la producción a los fines de satisfacer el consumo de los productos lácteos, que son prioritarios.

 

Los trabajadores de Sancor deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la cooperativa y de las negociaciones en curso y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de la empresa. Una comisión electa en asamblea general y responsable ente ella debe ser la encargada de llevar adelante estas funciones. Esto debe ser sostenido, poniendo en pie de lucha a los 4.000 trabajadores de Sancor.