Desde hace varios meses, el Estado nacional se ha hecho cargo de la administración del Centro Gallego. El Inaes, organismo dependiente del gobierno, nombró un interventor, el cual desplazó de la conducción a los representantes de la colectividad gallega. La amenaza de que el Gallego, que se encontraba en un situación terminal y dejando en la calle 1500 trabajadores, se convirtiera en un megaconflicto laboral y social, unido a la movilización de los compañeros, forzó la intervención estatal.

Pero los K están muy lejos de querer repetir la experiencia del Francés y nacionalizar el hospital. La gestión de la intervención está al servicio de su re-privatización, convirtiendo al hospital en una fuente de superbeneficios y negociados. Por lo pronto, en lugar de desmantelar los servicios tercerizados, los ha reanimado. Entre ellos se encuentran radiología, laboratorio, diálisis, hemoterapia, kinesiologia y hasta los propios quirófanos, los cuales se alquilan a otras obras sociales, ART y diferentes especialidades. En otras palabras: el Gallego está inundado de “kioscos” que lucran a expensas del hospital, aprovechando su infrarestructura y personal.

Estos kioscos facturan y no rinden cuentas a nadie. Pero lo más grave es que, mientras estos últimos siguen cobrando puntualmente y sacando su rédito, no ocurre lo mismo con los compañeros, que vienen soportando un atraso cada vez mayor de sus haberes. Al día de hoy, aún no han terminado de cobrar febrero.

La intervención convive y es cómplice de todo esto, aunque se presente como exponente de la causa “nacional y popular”. Lo cierto es que lo ocurrido en el Gallego no tiene nada que envidiarle al modelo macrista. En lugar de un servicio público, asistimos a un hospital “shopping”, donde prima el interés comercial y privado. En un rapto de sinceridad, el interventor K admitió en una entrevista que la condición para que el Gallego funcione es que debía ser “rentable”. Para ello, los “nacionales y populares” han puesto en práctica los métodos más negreros.

La reactivación del hospital se está haciendo sobre la base de una superexplotación tal que supera a las administraciones anteriores, responsables del colapso y vaciamiento del mismo. En la actualidad, el personal de enfermería y no médico ha llegado a su mínima expresión. Debe sostener sobre sus hombros la atención de los pacientes, en momentos en que el hospital tiene cubierta una buena parte de su capacidad. La política es reducir al máximo los costos laborales. Pero esto no ha sido un impedimento para que desembarcara una “tropa K”, proveniente principalmente de La Cámpora. El interventor se ha rodeado de un séquito numeroso de colaboradores, a lo que se suma el ingreso masivo de personal de vigilancia y seguridad. Estamos en presencia de una suerte de aparato de enormes proporciones, que supera largamente a la patota que se instalara años atrás en el Francés. Su función es amedrentar, perseguir y regimentar a los trabajadores.

Los K están haciendo un desfalco en el Gallego, ya que este frondoso aparato se sostiene con los recursos que entran en el hospital -lo que desmiente, de paso, que no haya fondos, como sostiene hipócritamente el interventor. A esto habría que agregar la malversación de fondos públicos pues, muy probablemente, el financiamiento de esta tropa provenga de los fondos del Estado.

Los trabajadores del Gallego están empezando a reaccionar contra estos atropellos. La cuota de expectativas en la nueva intervención se está agotando, y cada vez es mayor la indignación y la bronca frente al manoseo y las provocaciones. En esta última semana han tenido lugar una seguidilla de asambleas, que forzaron al interventor a pagar la totalidad del sueldo adeudado del mes. Es necesario darle un golpe de fondo a este bicicleteo permanente y a la política negrera y confiscatoria. Ha comenzado a madurar la necesidad de establecer un control sobre el movimiento económico y financiero del hospital. Cuatro delegados, enrolados en la oposición a la burocracia, vienen de hacer público el reclamo de que se abran las cuentas del Gallego y que una comisión electa en asamblea se haga cargo de su fiscalización. Esta reivindicación sólo podrá ser conquistada a partir de la movilización firme y masiva de los trabajadores del hospital. Habrá que quebrar los escollos que la burocracia, aliada al interventor, pone en el camino. Para llevar al triunfo la lucha planteada cobra más importancia que nunca la organización del activismo combativo.