Las autoridades del ministerio que comanda Nicolás Dujovne han escalado en la política de ataques a los trabajadores. Ahora, con un sumario administrativo trucho por supuestas agresiones, pretenden aplicar sanciones a tres delegados.

 

Van por la suspensión sin goce de sueldo de Martín de Azpiazu y Pablo Anino, delegados de Acción Social de la Junta Interna y del cuerpo de delegados, respectivamente; mientras que a Eduardo Viceiro, delegado adjunto, le cabría un apercibimiento. Por cuerda separada corre otro expediente contra el delegado general, Pablo Almeida.

 

Las “imputaciones” que realiza el ministerio se basan en tres testimonios falsos del personal de la Policía Federal que el 1° de abril de 2016 cerró el conjunto de los accesos del edificio para no dejar ingresar a los 160 compañeros que Alfonso Prat Gay, entonces ministro de Hacienda, dejó en la calle en el marco de los miles de despidos con los que Macri estrenó su gobierno.

 

Los funcionarios no se han privado, incluso, de hacer una denuncia penal por “hurto”, que duerme plácidamente en una fiscalía -¡ocurre que allí hay que aportar, aunque más no sea, alguna prueba!

 

El antecedente inmediato de esto es el despido -sumario trucho de por medio- de la delegada Mayra Coatz, quien jugó un importante papel en la defensa de los puestos de trabajo aquel año, y el intento de desafuero de un delegado de UPCN.

 

Hay que destacar que en el transcurso del conflicto por los despidos, y producto de la tenaz pelea que dio la junta interna de ATE junto con los compañeros, los funcionarios tuvieron que aceptar decenas de reincorporaciones en éste y otros ministerios.

 

Pero la persecución está lejos de ser solamente un acto revanchista. El gobierno, en su afán profundizar el ajuste, pretende llevarse puestas a las organizaciones combativas que lo enfrentan. Intentará reducir el llamado “costo laboral” con nuevos despidos y reduciendo más los salarios.

 

De fondo se encuentra la mentada reforma laboral, que procura imponer un retroceso histórico en las conquistas de la clase obrera, y que en el Estado encuentra su preludio en una inmensa cantidad de trabajadores precarizados, luego de años de gobierno kirchnerista.

 

ATE, en sus distintas facciones, debe hacer una defensa enérgica de la organización gremial que enfrentó los despidos, que viene peleando por el salario y contra la precarización. Debe observar que el gobierno se encuentra en pleno ataque -incluso, minando el sindicato por la vía de ilegalizar las juntas internas de la Capital.

 

Desarrollemos una vasta campaña denunciando el hecho y reclamando al ministro Dujovne el fin de la persecución gremial.