Los abogados querellantes del diario La Prensa han intimado al delegado Adrián Alvarez a que pague, por costas judiciales, 10 mil dólares, esto luego de que lo condenaran penalmente, tras haberlo acusado —en un proceso de características inauditas— de “falso testimonio”, por su declaración en el juicio laboral de desafuero del delegado Jorge Brodsky.

Estos abogados, que en su momento fueron los mismos que defendieron a Videla, Camps y otras “linduras” por el estilo, e incluso ocuparon cargos como funcionarios de justicia durante la dictadura militar, demuestran con esta actitud el alto contenido de clase de la persecución, pues es norma que en estos casos los honorarios de los abogados los pague la empresa y no acosen al trabajador.

Aquí no sólo se intenta quebrar moral, política y psicológicamente al compañero, sino que además pretenden arruinarlo conómicamente.

La Utpba tiene el deber de solventar, a través de campañas en el gremio y hacia la opinión pública, las obligaciones que le imponen al compañero Adrián Alvarez, y convertir esta persecución político-económica en un boomerang, que se vuelva objetivamente en contra de los intereses de la patronal videlista y sus amanuenses legales.