El 5 de junio, despedidos de Securitas se encadenaron en el hall de Ezeiza por su reincorporación. Los compañeros encabezaron un paro de 15 días -que incluyó cortes de la autopista Richeri- en reclamo del cumplimiento del convenio de la actividad. La empresa aceptó frente al Ministerio de Trabajo pagar un plus por actividad (500 pesos) y no despedir a nadie. Después desconoció lo firmado y echó a 16 activistas.

La medida tuvo gran impacto. Cosechó la simpatía de los trabajadores de seguridad y la solidaridad de otros delegados que actúan en los aeropuertos -como los técnicos de Apta, los delegados de ATE, los taxistas y otras tercerizadas que, junto con centenares de pasajeros, firmaron un petitorio.

El grupo Eurnekian, que controla AA2000, es afín al gobierno. Hace días fue "distinguido" en Oslo por los premios Nóbel de la Paz. Como concesionario de los aeropuertos, tiene responsabilidad solidaria con las tercerizadas que subcontrata. Pero en sus 49 aeropuertos reina la precarización y el tercerismo -el cual alcanza, además, de la limpieza y el mantenimiento, el despacho de maletas, los free shop y otras actividades-, con el objetivo de evadir convenios aeronáuticos y de avasallar derechos gremiales.

Securitas se encuentra en el país desde 2000 y ha ido comprando a todas sus competidoras. Algunos trabajadores aseguran que Eurnekian tiene un tercio de las acciones.

La tercerizada tiene 14.000 empleados en el país, a quienes paga el salario mínimo de 2.400 pesos. Para juntar 4.500 pesos, los trabajadores deben soportar jornadas de doce horas con un franco semanal y percibir "plus no remunerativos", que financia el Estado en nombre de la "seguridad aeroportuaria".

La historia y el presente de la empresa dan escalofríos. Fue fundada en 1934, en Suecia; época donde se estaba encubando la reacción fascista luego del ascenso del movimiento obrero europeo. Todo indica que nació como una compañía paraestatal de represión a huelguistas. Hoy tiene 300.000 empleados y es líder mundial en su rubro. En 2011 facturó 4,5 billones de dólares. En Estados Unidos carga con denuncias por imponer jornadas de 24 horas. Sus trabajadores aseguran que deben recurrir a la seguridad social para sobrevivir; en Valencia y en Granada (España) han iniciado un proceso de organización. La respuesta fue la persecución y los despidos. Las comisiones internas españolas ya se han solidarizado con los despedidos argentinos.

La acción ha sido un duro golpe contra la patronal, la que se vio obligada a abrir una negociación. Mientras, en la Justicia y en el Ministerio avanzan los reclamos de reinstalación por persecución gremial y por el reconocimiento de sus fueros sindicales.

La medida ya dio frutos. La patronal comenzó a respetar el 4×2 en los francos, entregó ropa de abrigo, calefacción y hasta un microondas. Los gerentes aseguran que no habrá más despidos.

Pero ya nadie confía. El reclamo por el cumplimiento del convenio y por el respeto a la organización gremial ya no sólo va dirigido a Securitas, sino principalmente a AA2000 y al Estado, que tienen la responsabilidad solidaria.