En la mañana del sábado 17 de junio se hundió un barco pesquero frente a las costas de Rawson con 12 tripulantes; al momento de escribir estas líneas, tres de ellos han sido encontrados sin vida, todos oriundos de Mar del Plata.

 

Los audios que los marineros del navío “Repunte” hicieron llegar a las embarcaciones que se encontraban cercanas daban cuenta de cómo, a medida que se hundía el barco, eran en vano los intentos por abordar las balsas salvavidas, ya que una de las balsas se rompió apenas tocó el agua, mientras que la otra nunca se abrió. Con los salvavidas, los trabajadores debieron enfrentarse en el peor momento con olas de ocho metros.

 

El Repunte es un barco de 32 metros de eslora de la empresa Ostramar, propiedad de Luis Caputo, un empresario que desde hace años mantiene sus barcos parados, haciéndoles reparaciones parciales que le permitan retener los permisos ante los laxos requerimientos de un Consejo Federal Pesquero que, sistemáticamente, le renueva las justificaciones de inactividad.

 

A través de distintas razones sociales, Caputo es propietario de los buques “Santa Ángela”, “Don Luciano”, “San Antonino”, “Cabo Tres Puntas”, “Mellino II”, Wiron IV” y “Repunte”, todos buques fresqueros de entre 2 mil y 6 mil cajones. En el caso particular de “Repunte”, estuvo inactivo por tres años y el 15 de diciembre de 2016 el Consejo Federal Pesquero le otorgó la justificación de inactividad, cuando el propietario de la embarcación todavía no había terminado la revisión ni había renovado los certificados de la Prefectura. Estos permisos por inactividad son obtenidos gracias a que Caputo cuenta con un familiar al frente de la dirección de pesca, Francisco di Leva.

 

Caputo no solo mantiene en forma sospechosa los permisos de pesca sino que también es un campeón para fugar capitales al exterior. En el 2016, sus oficinas fueron allanadas por contrabando y evasión fiscal: la maniobra se basaba en facturar las operaciones de venta al exterior de langostinos y calamares por cuenta de supuestas sociedades uruguayas; de esta manera, el grupo exportador pesquero pagaba menos derechos aduaneros e Impuesto a las Ganancias en Argentina. Además, al no declarar sus ventas trianguladas, omitía el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias. Con este ardid dejaba divisas de 5.600.000 en el exterior sin que fueran liquidados en el Banco Central. La Aduana determinó que la fuga de divisas surgía de la diferencia entre la subfacturación de las exportaciones y los valores reales de las mismas.

 

La exacerbación del lucro capitalista y un Estado cómplice son los responsables de cobrarse las vidas de las familias obreras. Es necesario ir a fondo con las investigaciones de este crimen y llegar hasta las últimas responsabilidades políticas.

 

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, proponemos el control obrero del estado de las embarcaciones y de la distribución de los permisos de pesca. Unimos estos planteos a un pliego de demandas: ningún despido y suspensión de los trabajadores del pescado; ocupación de las plantas procesadoras ante la amenaza de cierre; plena vigencia del convenio 161/75; salario mínimo-garantía horaria igual al costo de la canasta familiar; basta de tercerización laboral.