Como marco general, la orientación del gobierno de Milei con relación a los servicios públicos es el mismo plato recalentado de privatizaciones –YPF, Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, etc.- tras el “saneamiento” de las mismas -léase planes de despidos masivos- y/o tarifazos.

A esto hay que sumarle el brutal golpe al salario que se prepara vía devaluación al inicio del mandato, algo que sufriremos la totalidad de los trabajadores.

En el caso del transporte público, que se encuentra en manos de un puñado de monopolios privados, otro de los temas candentes será el nuevo ajuste en el valor del pasaje, un tema de alto impacto. Milei ha opinado al respecto al afirmar que, un aumento del boleto mínimo de $53 a $90, lo cual implica cerca de un 60% de incremento, no representaría un aumento importante. Hace estas declaraciones en el marco de una situación de crisis social con el 45% de la población en la pobreza.

Todos estos planteos preanuncian el plan de ajuste antiobrero que se viene desde el primer minuto del mandato de Milei. Un intento de salida de fuerza a la crisis económica – con la dolarización o alguna variante económica de contenido semicolonial y de entrega nacional similar-en beneficio de la gran patronal y del Fondo Monetario, contra las mayorías populares.

Otra cuestión determinante respecto al transporte público será el tema de los subsidios. El sistema implementado desde hace algo más de 20 años subsidia a la oferta, es decir, transfiere recursos a las empresas privadas como compensación tarifaria. Los subsidios comenzaron en el 2002 con Duhalde, en el marco -justamente- del estallido final del plan de convertibilidad y el “1 a 1”, el antecedente directo del plan de Milei, y como un mecanismo de rescate a la patronal por parte del Estado, bajo la lógica de que cuando los capitalistas no pueden obtener ganancias extraordinarias se vuelcan a la “asociación” con el sector público.

El kirchnerismo mantuvo el régimen de subsidios con estas características, que enriquecieron como nunca y dieron impulso a los grandes monopolios del transporte – DOTA, Metropol, y otros-. El subsidio, que las empresas cobraban discrecionalmente en base a una declaración jurada, fue fuente de todo tipo de negociados. Cristina Kirchner reiteradas veces blanqueó que este esquema era una herramienta económica destinada también a bajarle el costo en salarios al conjunto de las patronales.

La llamada “Masacre de Once” (año 2012 -mandato de CFK) con 52 trabajadores muertos y 789 heridos, puso en carne viva los negociados alrededor del sistema de subsidios. Posteriormente, tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández encabezaron intentos de, primero, achicar los subsidios mediante ajustes de tarifas, para achicar el enorme déficit generado en el Estado -una exigencia de los acuerdos con el Fondo Monetario- e iniciar una transición hacia un nuevo esquema de subsidios “a la demanda” -o a determinados sectores de usuarios- con el consiguiente valor “de mercado” de las tarifas inaccesibles para trabajadores empobrecidos, ante el agotamiento del sistema anterior. Es así como Massa también redobló el ajuste y el tarifazo en los servicios públicos y el transporte. En 2023 primero aumentó un 40% el boleto y luego indexó las tarifas mediante incrementos mensuales atados a la inflación, que sólo se suspendieron provisoriamente como una medida electoral a favor de la candidatura del ministro. Con ello redujo los subsidios a los servicios público un 17% durante 2023, que incluye un 7,6% en subsidio al transporte automotor.

El gobierno de Milei nombró en la Secretaría de Transporte a Franco Mogetta, quién ocupaba el mismo cargo en la provincia de Córdoba. Su nombramiento es parte de un acuerdo entre Milei y Schiaretti, quien ha colocado además a otros funcionarios en el armado nacional. Viene a completar a fuerza de tarifazos y ajuste el camino ya iniciado por Massa y además “redistribuir” el subsidio, que se concentra en la zona AMBA en un 85% hacia las provincias. El boleto urbano en Córdoba es de $240, uno de los más altos del país, que multiplica casi por 6 el boleto en el AMBA. El criterio de “justicia” de Milei, desde ya no va a ser que baje el boleto en Córdoba, sino que los trabajadores de todo el país padezcan el tarifazo.

Aún de todas formas el subsidio sostiene el funcionamiento del transporte en todo el país. En la zona AMBA cubre un 85% del costo operativo. La solución “de mercado” que ahora propone Milei ya fracasó haciendo inaccesible el transporte a los trabajadores e igualmente fracasó el régimen de subsidios estatales al servicio de sostener las ganancias extraordinarias de las patronales parasitarias. Fracasaron porque son salidas en beneficio de la patronal.

La estatización del transporte público, con la apertura de los libros contables de las empresas y el control de los trabajadores de la operación sería una salida en favor de un sistema de transporte barato para los trabajadores, sin déficit económico, sin corrupción y sin parasitismo patronal.

Enfrentar el ajuste de Milei

Se van precisando las primeras medidas del ajuste antiobrero de Milei y su armado político -que aún parte de una importante debilidad- con LLA, un sector del PRO y otro sector del peronismo “federal”, mientras otros como Scioli ensayan también algún tipo de integración al mismo. Por otra parte, todos los partidos de este régimen patronal, incluido el peronismo, garantizan “gobernabilidad”, léase, un aval político para que el gobierno lleve adelante las primeras medidas contra los trabajadores estatales contratados y precarizados, que nada tiene que ver con un ajuste en el “gasto político”, sino al contrario, es descargar la crisis sobre algunos de los sectores mas vulnerables.

Hay una tentativa de armado de un régimen político “fuerte”, de ofensiva contra los trabajadores, con criminalización y represión de los luchas obreras y populares. Ese es el significado de la designación de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Por su parte, la vicepresidenta “videlista”, Villarruel, mantiene reuniones con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, en la misma línea represiva. Obviamente saben que las medidas que intenten descargar contra los trabajadores serán enfrentadas.

Las centrales obreras, CGT y CTA no pasan de declaraciones, no hay asambleas ni deliberación frente a las medidas anunciadas. No les incomodan los anuncios de una reforma laboral, que liquide el régimen de indemnizaciones y las multas contra el trabajo en negro, que de todas formas no se limitarán a estas medidas, porque se viene un ataque de fondo. Para la burocracia sindical “no es momento de plantarse”.

Ante esta situación de recambio presidencial y preparación de un ataque contra los trabajadores, con el cierre del año, se renuevan en la UTA gran cantidad de Cuerpos de Delegados, en numerosas líneas. Es una oportunidad para que el activismo del gremio haga su máximo esfuerzo para ir a esa disputa y colocar al frente de los trabajadores una dirección que, consciente de la gravedad de la situación, este a la altura de lo que hay que enfrentar y que a su vez trabaje por un agrupamiento de frente único con todo el movimiento obrero dispuesto a movilizarse contra el nuevo gobierno ajustador.

El momento de plantarse es ahora.

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